Algunas de las autoridades presentes en el evento donde se planteó el reto de frenar los incendios. Fotos: ANF.
ANF
Autoridades sociales, políticas e indígenas acordaron combatir los incendios y la deforestación en Bolivia. Desde un trabajo coordinado, la presencia del Estado, la revisión del marco normativo y la elevación de las multas por las quemas, fueron algunas de las sugerencias que surgieron en un coloquio realizado en La Paz.
El encuentro denominado Coloquio-debate interinstitucional: “¿Cómo frenar los incendios y la deforestación en Bolivia? se realizó la mañana de este miércoles en el paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), como una continuación del XI Foro Social Panamazónico (FOSPA) que se realizó en Rurrenabaque, departamento del Beni, y en San Buenaventura, en La Paz, del 12 al 15 de junio de este año.
Entre los expositores estuvieron la rectora de la UMSA, María Eugenia García, quien brindó información sobre las principales afectaciones al país como consecuencia de los incendios, como los registrados en 2023 y que provocaron contaminación del aire en las ciudades capitales de La Paz y Santa Cruz, situación que ocasionó que se cancelen las clases presenciales; también las sequias largas que se evidenciaron en Potosí y Cochabamba, así como las inundaciones registradas principalmente en el Norte de La Paz.
“La expansión agrícola y ganadera, la tala de árboles y la minería son actividades que están afectando bastante. Los incendios representan un poco más de la mitad de la perdida de los bosques primarios en 2023. Los incendios son provocados para fines agrícolas y pastoreo”, dijo la rectora.
“La universidad va a estar trabajando permanentemente en la investigación, queremos que se escuche a la universidad y los tomadores de decisiones tomen en cuenta las investigaciones, el rol de la universidad es de un trabajo conjunto, codo a codo de todas las instituciones”, prosiguió García.
Por su parte, el subdirector de esta casa de estudios, Tito Estévez, brindó algunos datos, como el que cada minuto se pierden bosques en una proporción similar a 2,7 canchas de futbol por los incendios y la deforestación.
Sin producción alimentaria en 2023
Nicolás Coata, excorregidor y exguardaparque del Consejo Regional Tsimané Mosetene (CRTM) de Pilón Lajas, contó lo difícil que fue para las 23 comunidades que forman parte de la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas combatir el fuego registrado en 2023 y que se extendió por varias semanas. Sus cultivos se quemaron, incluso sus semillas, por lo que hubo días en los que no tuvieron qué comer.
El cacao, las verduras, el plátano, las papayas, todo se había quemado. Y para combatir el fuego salieron todos para intentar apagarlo, hasta mujeres embarazadas, pero sus esfuerzos tardaron en recibir sus frutos, pues el fuego se expandía de diferentes frentes alcanzando sus tierras.
Durante este tiempo, los comunarios respiraron humo. Tras el paso de las llamas de fuego devastadoras, instituciones sociales coadyuvaron en la reconstrucción, entregándoles incluso semillas. En su primera cosecha, Coata recordó que los plátanos crecieron de una manera “muy delgada”, como si no tuvieran fuerzas.
“También migraron algunas familias pues ya no tenían nada. Ahora no sabemos sus destinos”, contó a la ANF.
Para evitar que se vuelva a repetir esa situación, similar a la del año pasado, las 23 comunidades firmaron hace un mes un acta contra incendios, es decir, para realizar chaqueos deberán organizarse, bajo un cronograma, y entre todos estar pendientes para que el fuego no se expanda. Nadie podrá quemar sin conocimiento de los corregidores, que son sus autoridades.
Tanto el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Nuñez, como el procurador General del Estado, César Siles, también estuvieron presentes en el encuentro. El primero sugirió acciones entre todos los actores implicados, académicos, ejecutivos, indígenas, para trabajar en la prevención, sugirió una revisión del marco normativo sancionatorio, incentivos a las buenas prácticas y la promoción de ajustes normativos para el uso sostenible de la tierra y los bosques.
Anunció que en unas semanas más presentarán un atlas interactivo que estará en línea para que esté al alcance de toda la gente con la información oficial por departamento, provincia y municipio. Se conocerán qué tipos de propiedades son, qué tierras están disponibles, qué tierras son fiscales, cuáles son áreas protegidas. El objetivo es monitorear los incendios y saber el tipo de propiedad donde se registrará el fuego y a quién pertenece.
“La Procuraduría ha iniciado una investigación para conocer las causas de los incendios, las quemas, la investigación está en curso. Hemos trabajado con la ABT y el INRA para la identificación. Y (también) constituirse en parte querellante, pues ya hemos mandado el instructivo a las direcciones departamentales, como abogado de la madre tierra”, dijo Siles.
Sobre ese tema, mediante la resolución Resolución Procuradurial N° 126/2023, del 27 de octubre de 2023, la Procuraduría dispuso realizar un estudio de la eficacia de la normativa vigente que debe evitar y prevenir las quemas e incendios ilegales; asimismo una sistematización de información de los presuntos responsables de los daños ambientales y el relevamiento de datos de los procesos judiciales. Todo esto producto de las quemas ilegales e incendios indiscriminados que se han registrado en el país.
En el encuentro, Siles mencionó que la investigación sigue en curso pues se instruyó el relevamiento de información sobre las acciones, estudios, proyectos que ejecutaron o ejecutan las entidades estatales nacionales, departamentales y municipales (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Autoridad de Bosques y Tierra, Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Autoridad Nacional de la Madre Tierra, Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipales y otros) para proteger el medio ambiente, los derechos humanos y el patrimonio natural.
La investigación busca precisar a los presuntos responsables, ya sea personas naturales o jurídicos, para determinar acciones.
Por otra parte, la senadora Cecilia Requena se refirió a un proyecto de ley que se presentó en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que enfatiza, entre otros puntos, aumentar las multas a los causantes de quemas y desmontes ilegales. Las multas que actualmente aplica el Gobierno boliviano y que van desde 2,50 a 15 bolivianos, no son suficientes.
En una nota periodística, la ANF informó que por tipo de propiedad, las multas por hectárea quemada son de 1 a 6 UFV. Una UFV equivale a Bs 2,5.
Actualmente, en caso de propiedades colectivas, el monto de la multa es 1 UFV, lo mismo cuando se trata de pequeñas propiedades agrícolas; la pequeña y mediana propiedad ganadera, así como la mediana propiedad agrícola tiene una sanción de 3 UFV por hectárea; y la propiedad empresarial agrícola y la ganadera, hasta 6.
“Debemos hacer una lucha por la Madre Tierra, por existir en este planeta sin destruirlo, para ello se necesita de la democracia, porque solo en democracia podemos dialogar tranquilos con ideas. Y tenemos que tener una visión clara de hacia dónde estamos yendo. Tenemos un problema grande, las políticas públicas agropecuarias son lo contrario de la sostenibilidad, la palma africana es lo contrario de la sostenibilidad, se puede hacer las cosas de manera distinta”, enfatizó Requena.
La asambleísta se dirigió al procurador Siles, a quien le recalcó el problema de las políticas públicas como la de la ganadería. Aclaró que no se trata de eliminarlas, sino de hacer transiciones acordadas e inteligentes.
“Procurador, hay un problema de políticas públicas, lo mismo que ganadería china, felices (ellos), lo mismo con la soya, no creo sinceramente que sea el camino. Se puede hacer carne certificada que no ha implicado deforestación, es una visión de sostenibilidad. No se puede apostar por técnicas insostenibles, se debe respetar a los ecosistemas”, prosiguió.
Sobre el proyecto de ley, dijo que el mismo busca la abrogación de las leyes incendiarias y propone erradicar los incentivos “perversos” contra los incendios, desmontes y quema ilegal, como incrementar este régimen de multas, no otorgar derechos mineros como resoluciones de asentamiento o cualquier tipo de permisos para actividades productivas extractivas en áreas de importancia ecológica; no más perdonazos con condonaciones de multas por desmonte o quemas ilegales; que haya una corresponsabilidad de la prevención; y planes o instrumentos de manejo de propiedad que implemente medidas de prevención, entre muchos otros aspectos.
En respuesta, Siles dijo que se analizará este proyecto de ley, que actualmente se encuentra en la Comisión de Tierra, Territorio y Medio Ambiente de la ALP.
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