Movimientos de tierra en las riberas de los ríos. Foto: AJAM
Visión 360
El presidente de la Asociación de Ingenieros Ambientales de La Paz, Vladimir Revollo, planteó a las autoridades competentes actuar con «mano dura» para evitar que la minería ilegal continúe afectando a la población del municipio de La Paz.
En una entrevista con Visión 360, Revollo precisó que la Autoridad Jurisdiccional Minera (AJAM) y la fuerza pública no solo deben identificar los puntos donde se desarrollan estas actividades ilegales, sino, «desmantelar los campamentos e incautar la maquinaria pesada para quitarles la capacidad de seguir operando».
Además, consideró que es vital modernizar la vigilancia usando tecnología, como drones y monitoreo satelital, pero también «apoyándonos en los vecinos para detectar actividad minera y movimientos de tierra sospechosos de forma temprana».
Sin embargo, sostuvo que no solo se trata de desalojar a los mineros que trabajan de forma ilegal y dejar el área degradada. “Se debe realizar una restauración pasiva inmediata para estabilizar los terrenos y evitar que todo ese sedimento contaminado termine en el fondo de nuestros ríos cuando llueva”.
Revollo se pronunció respecto de la denuncia realizada por la AJAM departamental de La Paz sobre las actividades mineras que se extendieron en ríos que atraviesan el área urbana del municipio de La Paz.
Según el informe de la AJAM, fueron identificados 13 puntos de actividades mineras ilegales en inmediaciones de las cuencas de cinco ríos del municipio: el Orkojahuira, el Choqueyapu, el río Irpavi, el río Karpani y el Kallapa, además del embalse de Hampaturi.
Este medio intentó comunicarse con las autoridades del municipio de La Paz para conocer las acciones que serían asumidas ante esta grave denuncia, sin que hasta la fecha haya una respuesta.
La actividad ilegal para extraer oro usa mercurio
Con relación a la denuncia de la AJAM, que estableció que las actividades mineras detectadas se dedicaban a la recuperación de oro aluvial, Revollo puntualizó que la información difundida por la AJAM sobre estos 13 puntos de minería ilegal en cuencas paceñas «es todavía muy genérica, pero apunta directamente a la recuperación de oro aluvial».
Aunque técnicamente existen métodos para extraer oro sin químicos, «la realidad de la minería ilegal y artesanal en nuestro país nos dice que, casi sin excepción, se utiliza mercurio, principalmente para separar el oro de la arena del río», explicó.
«El mercurio es un metal altamente tóxico y, lo más grave, es persistente, por lo que no desaparece con el tiempo. Una vez en el agua, se transforma en una variante orgánica llamada metilmercurio, que puede entrar en la cadena alimenticia de forma silenciosa», advirtió.
Aunque no bebamos directamente el agua de los ríos Choqueyapu o Irpavi, afirmó que esa agua contaminada «se utiliza para el riego de hortalizas en toda la zona de Río Abajo; esos son los mismos productos que luego llegan a nuestras mesas en los mercados de la ciudad».
Sin embargo, más allá de los químicos, hay un impacto visual y físico inmediato: la destrucción del paisaje y el aumento de la turbidez. La minería aluvial remueve toneladas de tierra para obtener apenas gramos de oro, lo que convierte nuestras aguas cristalinas de montaña en un espeso lodo marrón, según el experto.
Esta turbidez no es solo un tema estético, sostuvo; el exceso de sedimentos “bloquea la luz solar, impidiendo que las plantas del río realicen fotosíntesis. Básicamente, la minería ilegal está asfixiando el ecosistema, transformando un paisaje natural vivo en un área industrial degradada y gris que pierde toda su capacidad de regeneración natural”, puntualizó.
En cuanto a la presencia de minería ilegal en el embalse de Hampaturi, advirtió que “es una bomba de tiempo para la salud pública”. Ese embalse es la fuente de agua principalmente para los habitantes de la ladera Este y de toda la zona Sur de La Paz.
Las aguas del embalse de Hampaturi llegan a la planta de tratamiento de Pampahasi, la cual es administrada por la Empresa Pública de Aguas (EPSAS). Si bien dicha planta purifica las aguas provenientes del embalse, lo hace a través de procesos convencionales que “no necesariamente contemplan la remoción de metales pesados como el mercurio o el arsénico, ya que se asume que las aguas que reciben son de buena calidad”, sostuvo.
“Si permitimos que la minería ensucie el entorno de Hampaturi, esos metales podrían superar las barreras de tratamiento y llegar directamente a los grifos de los hogares. Por lo tanto, esta problemática no solo es de carácter ambiental, sino que es también un problema de seguridad y salud pública, ya que estamos hablando de la calidad del agua que beben nuestros hijos”, advirtió.
Situación de “extrema gravedad”
Revollo afirmó que la denuncia de la AJAM es de “extrema gravedad”; además, se constituye en una falta de respeto total a la planificación de la ciudad. “La presencia de minería ilegal en áreas urbanas y periurbanas no solo representa un delito contra la Ley de Minería y Metalurgia, sino una total vulneración de la Ley de Medio Ambiente, ya que esta ilegalidad atenta contra el equilibrio de los servicios naturales que nos mantienen con vida”.
«Estamos hablando de actividades que operan en la clandestinidad, sin licencia ambiental ni control sobre sus descargas de aguas residuales, constituyéndose en una fuente potencial de contaminación del agua que inevitablemente fluye hacia el centro y el sur de La Paz, afectando a todos los paceños», planteó.
Afirmó que la responsabilidad de precautelar los ríos es una responsabilidad compartida y nadie debería mirar a otro lado. Por un lado, “la Autoridad Ambiental Municipal de la Alcaldía de La Paz debe vigilar su territorio y la gestión de sus cuencas urbanas”.
Por otro lado, la Gobernación, a través de la Secretaría de Derechos de la Madre Tierra, tiene competencia fiscalizadora y sancionatoria de las actividades mineras que tienen o no licencias ambientales”.
También tiene responsabilidad el Viceministerio de Recursos Hídricos, Riego, Agua Potable y Saneamiento Básico, que debe intervenir por la protección de las fuentes de agua. Otro actor clave aquí es EPSAS, que como empresa operadora debe garantizar la protección de sus áreas de captación y reportar cualquier anomalía química en el agua, según Revollo.
Lo más urgente es que todas estas instituciones, junto a la AJAM, tomen acción pronta y conformen un Comité de Protección de Cuencas de La Paz, ya que existen antecedentes de denuncias de comunarios de Hampaturi desde julio de 2023 respecto a la presencia de actividad minera en la zona.
