Marcha de tariquieños. Foto: RRSS
Un reciente informe del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), que cubre el periodo de enero a abril de 2025, revela un patrón en las vulneraciones a los derechos de los defensores ambientales en el país. El reporte destaca que el 75% de los perpetradores identificados son actores económicos vinculados a la minería y el petróleo, así como autoridades y funcionarios de entidades estatales.
“Respecto a los perpetradores: Entre los actores económicos (mineros y petroleros) y las autoridades y funcionarios de entidades estatales constituyen el 75% de perpetradores identificados”, dice el estudio.
El CEDIB analiza 14 casos de vulneración a defensores ambientales registrados en el primer cuatrimestre de 2025 y revela que los responsables se concentran en dos grupos. El primero apunta de forma explícita a instituciones como el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
A este porcentaje de perpetradores, se suman los operadores y autoridades del Órgano Judicial con un 20%, es decir, “el Estado extractivista se pone al servicio de las empresas o actores extractivistas para hostigar, acosar y perseguir judicialmente a los defensores ambientales”. Por lo menos en cinco de los 14 casos identificados se muestra cómo se instrumentaliza la justicia para perseguir a quienes defienden el territorio y el medioambiente.
El CEDIB señala que, de acuerdo con estos datos, la batalla por la defensa de derechos ambientales y territoriales está siendo librada principalmente por comunidades indígenas y campesinas impactadas directamente por “agresivas” actividades mineras (principalmente auríferas) e hidrocarburíferas.
“Estas comunidades y, sobre todo, sus líderes y dirigentes más idóneos y honestos libran una batalla desigual contra los poderosos actores mineros y petroleros, arropados por el Estado, y éste está reforzado en su agresividad por dirigentes de organizaciones matrices campesinas e indígenas subordinadas al poder”, agrega el CEDIB.
El estudio señala que el patrón de ataque más destacado en este primer cuatrimestre del año ha sido la criminalización o judicialización contra defensores ambientales y líderes de comunidades afectadas.
Las principales víctimas de estas vulneraciones son defensores vinculados a comunidades locales, indígenas o campesinas, que representan el 79% de los casos (11 de 14). Los ataques se concentran en zonas auríferas antiguas y expansivas (29%) y en la zona de expansión de la frontera hidrocarburífera en Tariquía (50%), donde se ha planteado la única y más clara resistencia social.
Otro dato relevante es que en nueve casos (64%), los ataques a defensores ambientales se dan en áreas protegidas. Los casos registrados en este cuatrimestre ratifican que los dos motores de violación de derechos provienen de la actividad minera y del modelo agropecuario de monocultivos y carne para la exportación que, en un contexto de mercantilización y especulación de la tierra, se vincula fuertemente con la deforestación y los incendios. Ambas fuentes de vulneración tienen graves impactos, particularmente en la contaminación y las restricciones al acceso al agua, enfatiza el CEDIB.
El reporte documenta varios ejemplos de esta instrumentalización y acoso. Un claro ejemplo, dice, es el accionar de la empresa minera Salvadora de Yervani R.L., que intenta dividir a la comunidad Tres Marías, del municipio de Yanacachi, ofreciéndole cuadrículas mineras para que no denuncien la persecución judicial, las amenazas, la intimidación ni las agresiones físicas que sufren por los cooperativistas mineros.
De manera similar, la empresa minera Salvada Sociedad Colectiva, agrega, ha dividido a la comunidad Totoral Chico y colocado autoridades paralelas sin legitimidad para aprobar una consulta previa con muchas irregularidades, liderada por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). El CEDIB señala que el sector minero busca intimidar a los defensores a través de la criminalización con el objetivo de generar un efecto disuasorio, como es el caso de Richard Choque, de la comunidad Matilde del municipio de Carabuco, quien fue denunciado por la cooperativa minera Pasto Pampa por el «supuesto robo de minerales» después de que denunciara la contaminación de las vertientes de agua y el funcionamiento ilegal de esta cooperativa.
El documento acota que también se observó cómo el Gobierno ha manifestado públicamente el desprecio y el no reconocimiento de la condición de defensores a los comunarios del cantón de Chiquiacá de la Reserva de Tariquía. La representante legal de YPFB realizó comentarios despectivos, estigmatizando y descalificando el rol de los defensores ambientales de la Reserva Natural de Tariquía durante una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre criminalización contra defensores ambientales en Bolivia, indica.
Además, el juicio interpuesto por YPFB y Petrobras Bolivia contra los comunarios fue reabierto por la Fiscalía de Tarija imputando a 12 de los 29 defensores ambientales, pese a que la Fiscalía de Entre Ríos ya había rechazado la denuncia por no existir pruebas que incriminen a los denunciados.
Otro caso es el de Marcos Uzquiano, contra quien el SERNAP abrió un proceso administrativo por «supuestas faltas» en represalia a la defensa ambiental que ejerce. De forma similar, el exjefe de Protección de Recursos Naturales de la Reserva de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, Luke López Beyuma, y el guardaparque Ignacio Huari Palomequi, fueron destituidos por el director del SERNAP como represalia por los procesos administrativos realizados en contra de mineros ilegales que ingresaron al área protegida con el objetivo de explotar oro.
Ante esta situación, el reporte enfatiza que Bolivia, al haber ratificado el Acuerdo de Escazú, tiene la obligación de reconocer, proteger y promover los derechos de los defensores de derechos humanos.
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