Portada del Informe 2024 de Amnistía Internacional
El informe anual de Amnistía Internacional sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Mundo advierte que durante 2024 continuaron los ataques y el hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos en Bolivia, sin que el Estado cumpliera con su deber de garantizar derechos clave como el acceso a la justicia, la consulta previa a los pueblos indígenas y la protección de un medioambiente saludable. El informe también destaca el prolongado retraso en las elecciones judiciales y los incendios forestales que alcanzaron «niveles récord». El documento recoge información aportada por la Red UNITAS y otras organizaciones defensoras de derechos.
En un año marcado por crisis políticas y medioambientales, Amnistía subraya que quienes defienden la tierra, el territorio y la naturaleza corren especial peligro en Bolivia. «Las autoridades no tomaron medidas para proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos, que seguían siendo objeto de estigma, hostigamiento y ataques (…) Los guardaparques que protegían el Parque Nacional Madidi continúan sufriendo amenazas y agresiones», puntualiza el informe.
También menciona la situación de Waldo Albarracín, reconocido defensor de derechos humanos, y su familia, quienes fueron objeto de amenazas por su trayectoria. En cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, el informe denuncia que el Estado Plurinacional no garantizó procesos significativos de consentimiento libre, previo e informado frente a proyectos extractivos en territorios ancestrales. Enfatiza en el caso del Ayllu Acre Antequera, afectado por minería sin consulta adecuada, generó preocupación en organismos internacionales como en el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU.
En el tema medioambiental, los incendios forestales registrados en agosto y septiembre alcanzaron niveles récord, mientras el Estado no adoptó medidas suficientes para enfrentarlos. Aunque se avanzó en la derogación de algunas normas que promovían la deforestación, Bolivia no cumplió sus compromisos internacionales sobre reducción de emisiones de carbono. «Estos siniestros alcanzaron niveles récord en agosto y septiembre y pusieron en peligro los derechos de la población a la vivienda, la salud y la educación, entre otros», señala el reporte.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, dice Amnistía Internacional, también siguió operando bajo severas restricciones. Su oficina en La Paz permaneció ocupada por grupos afines al poder político, con presencia policial permanente, lo que impidió su normal funcionamiento y atención de denuncias. En ese sentido, el informe realza que las organizaciones de derechos humanos señalaron el especial riesgo que corrían las defensoras de los derechos humanos, que generalmente estaban infrarrepresentadas en los datos relativos a las agresiones cometidas contra quienes realizaban esta labor.
La justicia boliviana también fue observada con inquietud. Las elecciones judiciales estuvieron retrasadas por más de un año y sólo se realizaron parcialmente en diciembre. Esta situación, advierte el informe, pone en riesgo la independencia e imparcialidad del sistema judicial. «La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados y la Organización de los Estados Americanos expresaron su preocupación por la situación del derecho a la independencia e imparcialidad de los jueces ante el retraso de las elecciones judiciales, que, en diciembre, superaba el año. Las elecciones se llevaron a cabo parcialmente el día 15 de ese mismo mes», señala el acápite Derecho a un juicio justo.
El informe visibiliza la violencia de género: durante 2024 se reportaron 84 feminicidios en el país, una cifra que refleja la continuidad de una grave problemática estructural sin respuesta efectiva del Estado. A esto se suma el intento fallido de levantamiento militar en junio, cuando vehículos armados del ejército llegaron al Palacio de Gobierno. El hecho, que derivó en la detención del comandante general y varios colaboradores, evidenció la fragilidad institucional y política del país.
Amnistía Internacional, de forma general, concluye que pese a algunos cambios positivos realizados por determinados países en sus leyes y políticas, los derechos humanos han sido objeto de ataques en todo el mundo: «Las prácticas autoritarias han aumentado y se han relegado, ignorado o pisoteado las salvaguardas existentes en materia de derechos humanos».
Aquí puede leer el informe:
POL1085152025SPANISHokTambién le puede interesar:
