Incendios y leyes incendiarias

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Editorial Sumando Voces

Apenas estamos iniciando agosto y los incendios forestales ya han tomado dimensiones incontrolables, dejando cientos de miles de hectáreas quemadas, comunidades asediadas, animales en riesgo y fuentes de agua en proceso de agotamiento. Este panorama se registra, sobre todo, en el departamento de Santa Cruz y, particularmente, en el municipio de Roboré.

Mientras se quema el bosque, del que dependerá nuestra provisión de agua más adelante, el país está sumido en otros asuntos también preocupantes, como la crisis económica, la escasez de dólares y la falta de combustibles para el funcionamiento del aparato productivo.

Entre tanto, los políticos parecen absortos en sus asuntos internos, particularmente los del MAS, que están confrontados por la candidatura de 2025 en vez de ocuparse de atender los problemas urgentes de la gente y de la naturaleza.

Precisamente, por esa abstracción de los problemas reales, éstos no tienen la atención que merecen.

Los incendios por ejemplo, no son recientes. Santa Cruz lleva más de mes y medio luchando contra las llamas y, aunque el Gobierno ha enviado algún equipamiento y bomberos forestales de las FFAA, no es suficiente. Los pedidos de auxilio son cada vez más preocupantes porque ahora, además de la biodiversidad, está en juego la vida de la gente, existen varias comunidades asediadas por las llamas.

Y ¿qué implicaría que los políticos atiendan los incendios? Además de la atención de emergencia que es urgente y necesaria, hace falta un compromiso con la anulación del paquete de leyes incendiarias, que, en esencia, son las que permiten la devastación del bosque con la finalidad de habilitar más predios para cultivos industriales.

Entre esas normas están el Plan de Uso de Suelos (PLUS) de Beni, la ampliación de dos a cinco años para la verificación de la función económica y social, la fijación de multas ínfimas por deforestar, la ampliación del permiso para desmontar de cinco a 20 hectáreas como máximo, entre otras normas.

Pese a que se plantearon propuestas de modificación, estas leyes permanecen intactas un año consecutivo más, mientras el bosque se quema a vista y paciencia de las autoridades nacionales.

Varios proyectos que buscan modificar las denominadas leyes incendiarias se encuentran en la Asamblea Legislativa, un órgano que ha quedado semiparalizado porque ninguna de las fuerzas políticas tienen poder para aprobar nada. Incluso, temas urgentes como los créditos para salvar de la debacle al Tesoro General del Estado duermen el sueño de los justos.

Por ejemplo, la senadora Cecilia Requena (CC) propuso un proyecto de Ley para abrogar las leyes incendiarias, entre ellas, una norma para aumentar las multas por quemas ilegales, que actualmente son sumas irrisorias, empezando desde 1 UFV, equivalente a Bs 2,50 por hectárea quemada ilegalmente.

También la diputada Luisa Nayar (CC) presentó otro proyecto denominado “Pachamama: no más fuego”, con el que busca prevenir los incendios y sancionar a los culpables.

La legisladora de Creemos, María René Álvarez, también remitió a la Presidencia de la Cámara dos proyectos de Ley, uno para la modificación de la Ley 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas para incrementar las penas a quienes provoquen los incendios; mientras que el otro proyecto busca la abrogación a la Ley 741, referida a la autorización de desmontes hasta 20 hectáreas.

Y mientras los políticos debaten quién será candidato para las elecciones de 2025, el bosque y nuestro futuro se queman en la Chiquitania y en la Amazonia. Estamos otra vez empezando a contar las hectáreas destruidas como lo hacemos cada año sin enfocarnos en la prevención y a veces ni siquiera en la contención.

Sólo recordemos que el año 2019 se quemaron 3,7 millones de hectáreas; en 2020 se registraron más de 4 millones de hectáreas quemadas; en 2021 fueron 3,4 millones de hectáreas a nivel nacional; el 2022 se quemaron 4,4 millones de hectáreas y el 2023, fueron devastadas más de 3 millones de hectáreas.

¿Estamos esperando a contar otra vez por millones las hectáreas quemadas en 2024 o estamos dispuestos a actuar?

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