A la luz del severo e integral debilitamiento que vienen sufriendo el MAS y su gobierno, podría pensarse que el fraude electoral, no obstante ser su única posibilidad de ganar la elección de agosto (falsificándola), está fuera de sus posibilidades reales a causa de su propio debilitamiento. Es decir, dada la abrumada minoría electoral en la que ha quedado el oficialismo, el fraude tendría que tener las proporciones gigantescas que, a su vez, exigen el férreo manejo institucional del Estado y la capacidad mediática que aquel parece haber perdido. Sin embargo, gran parte de la ciudadanía no parece asumir ese razonamiento y siente la inminente amenaza del fraude, como lo revela una reciente consulta realizada por Cabildeo Digital, en la que más del 70% de los consultados cree que sí habrá fraude. No le faltan sólidas razones a esta ciudadanía consiente de la conculcación ya perpetrada sobre su principal derecho político.
El aparato del fraude está intacto
Para empezar, los que concentran el poder desde el gobierno central, son los mismos que, en ejercicio de ese poder concentrado, ejecutaron un fraude escandaloso en la elección de 2019, y envolvieron en oscuridad a la de 2020. El aparato institucional y operativo del fraude está intacto y reforzado. El Tribunal Electoral (salvo que Hassenteufel dé alguna sorpresa) es el mismo que suprimió el conteo rápido (TREP) a traición y sin justificativo válido, noche antes de la elección de 2020; el que se ha negado constantemente a la auditoría independiente o a la sustitución del padrón electoral; y, entre otras pesadas culpas, ha dado incontables muestras de parcialidad con el partido de gobierno. Peor aún, sobre este subordinado TSE, se ha impuesto, mediante el golpe de Estado judicial que significó la autoprórroga en el TCP y su consolidación por la elección judicial, una suerte de supra poder electoral expresado en los magistrados autoprorrogados, cuya subordinación al gobierno es digna del más sumiso de los sirvientes. El padrón electoral sigue siendo el agujero negro que se tragó la voluntad popular en 2019 (y probablemente también en 2020, sin que el suprimido TREP permitiera detectarlo con la oportunidad y claridad con que lo hizo en 2019). Por último, ya se sabe que el sistema de conteo rápido que se está reponiendo, carecerá de la necesaria autonomía técnico-operativa respecto al cuestionado TSE.
Perderán Bolivia solo por perder las elecciones
Pero tan -o más- relevante que todo lo anterior, es el hecho de que el gobierno boliviano del MAS es miembro subordinado del bloque de poder totalitario continental que componen también las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que tiene su mando central en La Habana, y su misión estratégica en el predominio continental del emergente imperialismo Ruso y Chino. Este bloque transnacional de poder ha venido aplicando invariablemente, como método básico de gobierno (explícitamente evidenciado en más de un organismo internacional) el terrorismo de Estado, pero, para su mayor eficacia, lo ha venido complementando con la impostura y el engaño sistemáticos y masivos. En ese marco, la negación (o usurpación) de la voluntad popular, se viene produciendo infaliblemente desde que el respectivo oficialismo “revolucionario” o “socialista” pierde la mayoría electoral, mediante extensos fraudes electorales. En estos casos, el fraude, lejos de limitarse al sufragio y al escrutinio, se extiende a todo el proceso electoral, incluyendo la ilegal pero conveniente habilitación e inhabilitación de candidatos, el uso discrecional del patrimonio público y, con especial importancia, la manipulación mediática-digital de las preferencias electorales.
Si bien la incorporación boliviana a este bloque inter-estatal de la violencia y el engaño data del gobierno de Evo Morales, en el gobierno de Luis Arce se ha profundizado substancialmente, y la aplicación de sus métodos criminales ha adquirido su máximo rigor y eficiencia. Desde ya, el “know how” cubano de la violencia estatal no habría podido tener mejor operador que Eduardo Del Castillo como ministro de gobierno: pródigo en el encarcelamiento y la persecución judicial de opositores, en espantosas torturas a presos políticos, en la infiltración masiva de las organizaciones de la sociedad civil, en la intimidación sistemática y general de la sociedad, entre otras artes de la coerción iguales o peores. Su postulación a la Presidencia es una muy grave afrenta a la dignidad de la ciudadanía democrática. Dados sus méritos y capacidades, tendría que postularse a algún grado en el servicio de inteligencia cubano (el tenebroso G 2), en todo caso en el nivel subalterno que corresponde a su condición de policía bisoño.
Adviértase que la constitución y funcionamiento de este bloque de poder, no es solamente cuestión de fraternidad ideológica en torno a la farsa del socialismo del siglo XXI, ya agotado pretexto común. Como es históricamente tan frecuente en la expansión transnacional del poder, es cuestión de intereses fundamentalmente económicos. Conformando una sólida comunión, los intereses de las mafias locales gobernantes han allanado, con grandes réditos propios, la penetración de los capitales (y sus respectivos estados) chinos, rusos e iranís. Así, en lo que toca a la ocupación de Bolivia, mientras la dictadura cubana obtenía divisas arrancadas al Estado boliviano y a sus propios trabajadores sanitarios, mediante el infame tributo creado por la “revolución” (sin descartar los dividendos de oscuras pero rentables inversiones de misteriosos empresarios extranjeros), el capital chino “apallaba” yacimientos minerales e hidrocarburíferos en mejores condiciones que las otorgadas antes a las transnacionales occidentales, y la Rusia de Putin quedaba a punto de apoderarse del litio y el uranio bolivianos.
Las magnitudes económicas y geopolíticas de este enorme poder, el del imperialismo tardío -y por eso mismo- retrógrada y brutal, combinado con la carencia de reparos democráticos y hasta escrúpulos humanos de sus agentes estatales, ha venido determinando que estos maten y destruyan cuanto les sea necesario para satisfacer sus intereses. Y cuando han hecho fraude, le han dado también el tamaño necesario, sin miramiento ni disimulo por suplantar la voluntad abrumadoramente mayoritaria de la ciudadanía, como el último fraude de Maduro en Venezuela, cuando, prescindiendo de actas o cualquier otro medio comprobatorio del resultado electoral, y solo en virtud a un párrafo de sus obsecuentes funcionarios electorales, se proclamó ganador de la elección con alrededor de 30 puntos por encima de su votación real. Es pues indispensable preguntarnos si este gigantesco poder criminal perderá Bolivia, con sus ingentes recursos naturales y su estratégica posición geográfica, solo por respeto a la voluntad mayoritaria de sus ciudadanos.
La oposición está indefensa
Quienes parecen responder afirmativamente a esa pregunta, y haber trocado toda duda en tranquilizadora confianza, son nada menos que los principales partidos políticos y liderazgos opositores (los de Tuto y Samuel), los primeros damnificados por el fraude potencial. Eso se advierte no solo en su silencio respecto a la amenaza del fraude, e incluso en alguna expresión de confianza en el TSE, sino, sobre todo, en que sus actos (siempre más elocuentes que las palabras) hasta ahora no se muestran verdaderamente dirigidos a la prevención eficaz del fraude. En las condiciones actuales de Bolivia, igual que las de Venezuela el año pasado, el único recurso eficaz contra el fraude es la recolección física de un muy alto porcentaje de las actas electorales por parte de la oposición y la ciudadanía democrática. Solo de esta manera se logrará, además de información amplia y fidedigna del resultado electoral, evidencia de concluyente valor jurídico del eventual fraude u otras irregularidades, así como el indispensable fundamento principal de la rápida impugnación consiguiente. Fue así que la oposición venezolana convenció al conjunto de la comunidad internacional del fraude perpetrado por Maduro el año pasado, y lo hizo mediante la masiva movilización de la ciudadanía que respondió a la clara consigna de María Corina Machado de juntar las actas, y no merced a alguna millonaria sofisticación tecnológica financiada por algún mecenas mandaparte.
La oposición de marras no solo que debería priorizar la labor de recolección de actas, sino imprimirle su máximo esfuerzo, pues en las elecciones anteriores, de alrededor de 30.000 mesas de sufragio (fuentes de las actas), ninguna de las dos fuerzas políticas logró acreditar delegados (receptores legalmente necesarios de un ejemplar del acta respectiva) en más de 5.000. Este antecedente, junto a la apremiante urgencia de prevenir el fraude, tendrían que impulsar a dichas fuerzas opositoras, por una parte, a coordinar y complementarse en la recolección de actas, de modo de reunir en conjunto la mayor cantidad de estas. Pero al mismo tiempo, dado que se requieren 33.000 (o poco menos) delegados de mesa, y ese número supera sobradamente a la militancia disponible, tales fuerzas tendrían que convocar a la ciudadanía comprometida con la democracia, a asumir la patriótica tarea ciudadana de prevenir y derrotar el fraude constituyéndose en delegados de mesa de esas alianzas electorales, sin que por ello se hagan militantes o adquieran mayor compromiso con las mismas. Se trata, como lo han propuesto Amparo Carvajal y Waldo Albarracín, de reunir a los 33.000 patriotas que derroten el fraude. Se los tendría con creces si las fuerzas opositoras se sumaran a su búsqueda.
Pero la campaña de control del voto que las dos fuerzas opositoras principales han impulsado conjuntamente (“cuidemos el voto”), omite absolutamente todo lo relativo a la recaudación física de las actas, limitándose a promover el sistema de control digital centralmente materializado en fotografiar las actas y remitir las fotografías a determinada dirección electrónica. Esto, sin carecer de utilidad informativa, no suple la función decisiva e insustituible de la recolección física de las actas, pues la información digital, debido a las posibilidades de adulterarse o suplantarse (aún más con las capacidades de la inteligencia artificial), difícilmente constituirá evidencia de valor legal, ni, menos aún, suplirá el requisito de las actas físicas para presentar impugnaciones. Al mismo tiempo, la misma vulnerabilidad recién mencionada, la hace susceptible de destrucción por hackeo, sobre todo si perjudica a quienes, como es el caso, disponen de las tecnologías rusas en el rubro del hackeo, de vanguardia a escala mundial. En síntesis, a las ya amplias disponibilidades para el fraude arriba anotadas, se suma la indefensión de sus más directos damnificados.
Habrá fraude si hay balas para sostenerlo
En este panorama, colijo que el poder autoritario que nos gobierna, está considerando su alternativa de fraude sin dejar de prepararlo. Imagino que lo que más dudas le genera, y eventualmente pueda disuadirlo de reincidir en este crimen contra la democracia, sea el posfraude. Es decir, las amplias disponibilidades represivas que demandaría el aplastamiento de la obvia repulsa movilizada de la ciudadanía ante un fraude que, aunque ésta no pueda demostrar, no dejará de reconocer con la mayor de las certezas. Si el candidato Del Castillo y sus colegas han logrado alinear a las FFAA y la Policía en la larga agenda del fraude, y especialmente en su necesaria consolidación por la violencia y la sangre, creo que habrá fraude, y será el tobogán por el que nos precipitemos a un largo y funesto futuro venezolano o nicaragüense. Tal vez todavía estemos a tiempo para prevenirlo, así sea parcial y precariamente. En todo caso, Samuel y Tuto tienen la palabra, y la responsabilidad principal, fueron ellos los que se empeñaron tanto en ser los candidatos opositores.
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Alejandro Almaraz es abogado, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSS y activista de CONADE-Cochabamba.
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