Guardaparques de Bolivia. Foto: Sernap
La Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac) expresó su “profunda preocupación” y rechazo al Instructivo INS/DP N° 0013/2026 emitido por la Dirección Ejecutiva del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), al considerar que restringe el uso de cuentas personales en redes sociales para difundir información sobre la gestión en áreas protegidas y podría vulnerar derechos constitucionales.
El Sernap prohibió a sus funcionarios difundir información institucional desde cuentas personales y dispuso que toda comunicación se realice solo a través de cuentas oficiales, con el fin de resguardar la imagen institucional, proteger datos y ordenar la gestión en redes sociales.
La Abolac recordó que la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación en la gestión ambiental. «Corresponde recordar que el acceso, generación y difusión de información ambiental constituyen derechos reconocidos por nuestra Constitución Política del Estado», enfatiza el pronunciamiento público de la Abolac.
Citó además el Acuerdo de Escazú, ratificado por Bolivia mediante la Ley 1182, que obliga al Estado a garantizar el acceso a la información ambiental y a proteger a las personas defensoras del medio ambiente, entre ellas los guardaparques en el ejercicio de sus funciones.
La asociación también hizo referencia a la Ley 1333 de Medio Ambiente y al Reglamento General de Áreas Protegidas (Decreto Supremo 24781), que establecen que la gestión de estas áreas debe promover la educación ambiental, la sensibilización pública y la participación social como pilares para la conservación del patrimonio natural del Estado.
La organización sostuvo que, si bien es comprensible resguardar información institucional sensible, el alcance general del instructivo podría afectar la difusión de información ambiental de interés público, incluyendo actividades de educación ambiental, conservación de la biodiversidad, turismo sostenible y alertas sobre amenazas e ilícitos ambientales.
En su parte resolutiva, la Abolac exhortó a la Dirección Ejecutiva del Sernap a dejar sin efecto el instructivo o adecuarlo a los estándares constitucionales y al Acuerdo de Escazú, garantizando mecanismos que permitan la difusión responsable de información desde territorio. Asimismo, pidió el reconocimiento expreso de los guardaparques como defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y la adopción de medidas para prevenir posibles represalias.
La organización también solicitó la intervención y seguimiento del caso por parte de la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB) y otras instancias competentes, y demandó el cumplimiento de obligaciones laborales pendientes con el personal de protección, así como mayor apoyo institucional, presupuestario y logístico para el trabajo en áreas protegidas.
Finalmente, la Abolac se declaró en estado de alerta permanente ante la aplicación del instructivo y no descartó movilizaciones si la medida no es revisada, aunque reiteró su disposición al diálogo técnico e institucional para fortalecer la gestión de las áreas protegidas sin afectar derechos fundamentales.
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