Imagen que muestra la explosión de un cachorro de dinamita en la zona en conflicto. Foto: AJAM.
Grupos armados con dinamita y armas de fuego frustraron un operativo desarrollado por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en su intento de restituir un derecho minero en el área de Lip’ichi, en el municipio de Sorata, provincia Larecaja del departamento de La Paz. El ataque generó tensión, pero además causó daños en vehículos oficiales y, según el reporte de la AJAM, dejó efectivos heridos.
El hecho se produjo este 8 de abril. De acuerdo con un reporte de la institución, la intervención contó con el apoyo de aproximadamente 350 efectivos de la Policía Boliviana, en una acción orientada a restituir el área minera conforme a lo establecido en la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia y con el fin de fortalecer el control sobre las actividades mineras en ese sector.
Sin embargo, «durante el desarrollo de este operativo, y cuando se procedía a la restitución del área, grupos armados reaccionaron de forma violenta, detonando dinamita y efectuando disparos contra el contingente policial. El hecho generó momentos de alta tensión, dejando como saldo daños en las movilidades y efectivos heridos», denunció la AJAM en un boletín de prensa.
Frente a los hechos, y con el fin de preservar la integridad del personal, el equipo a cargo del operativo dispuso el repliegue estratégico de los efectivos, evitando una escalada mayor de violencia en la zona.
La institución condenó los hechos y anunció el inicio de acciones legales con la finalidad de que se castigue el delito. “La AJAM rechaza a estos actos, que constituyen un atentado contra el accionar del Estado y el cumplimiento de la normativa minera. Asimismo, estos hechos serán puestos en conocimiento de las instancias competentes y que se continuará con las acciones legales y administrativas correspondientes”, se lee en el boletín.
Qué es la restitución de un derecho minero
En el marco de la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia, la restitución de un derecho minero se refiere a la posibilidad de que un titular recupere la vigencia de su derecho previamente extinguido —ya sea una autorización, contrato o concesión minera— cuando demuestra que la pérdida se produjo bajo determinadas circunstancias que la normativa considera subsanables. Esto suele estar vinculado, por ejemplo, al incumplimiento de obligaciones formales o económicas (como el pago de patentes o la adecuación a nuevos regímenes legales), siempre que el interesado regularice su situación dentro de los plazos y condiciones establecidos por la autoridad competente.
En términos sustantivos, la restitución no implica la creación de un nuevo derecho, sino la rehabilitación del derecho preexistente, con efectos que pueden retrotraerse o reanudarse según lo que disponga la norma y la resolución administrativa correspondiente. Este mecanismo busca equilibrar el principio de seguridad jurídica con la función económica y social de la actividad minera, evitando la pérdida definitiva de derechos por incumplimientos que pueden ser corregidos, pero sin dejar de exigir el respeto a las obligaciones que rigen el aprovechamiento de los recursos naturales.
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