El proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas fue observado por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y otros gremios periodísticos al incluir dentro de su redacción un artículo que vulnera la vigente Ley de Imprenta en lo referido a la inviolabilidad del “secreto en materia de imprenta”.
En su artículo 11, este proyecto de ley impulsado por el Movimiento Al Socialismo establece que: “no se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales u otro, cuando la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) requiera información en el marco de sus atribuciones; esta información será obtenida de manera directa en el plazo y condiciones que la UIF establezca al efecto, sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal, ni trámite previo alguno y estará libre de todo pago o costo judicial o administrativo”.
Para la ANPB y la Asociación de Periodistas de La Paz, la redacción de ese artículo vulnera tres normativas: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 107 de la Constitución y la Ley de Imprenta. “El secreto de imprenta es una institución universal del Estado de Derecho y ayuda a los periodistas a investigar la corrupción de quienes administran recursos públicos o privados en que se afecten los intereses colectivos. Es, por tanto, una herramienta que contribuye a la transparencia informativa y a la fiscalización del poder, lo cual fortalece la democracia, porque no hay sociedad plenamente libre sin información”, señala ambas organizaciones.
Por su parte, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), que representa a los principales diarios del país, también objetó el artículo 11 de este proyecto de ley y llamó al Órgano Legislativo a incluir la excepción en lo referido a la Ley de Imprenta. “Una legislación no puede contener términos sujetos a malas interpretaciones, y por ello llamamos a los legisladores a incluir la excepción, citando de manera explícita el reconocimiento a la Ley de Imprenta y la Constitución”, propuso.
Frente a estas observaciones de los gremios periodísticos, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) aclaró que este proyecto de ley no afecta a la labor periodística ni a la libertad de expresión ni incurre en la censura. A través de un comunicado, la entidad estatal aseguró que la propuesta “es aplicable sólo y exclusivamente a los denominados Sujetos Obligados y a aquellos que tienen el deber de informar en virtud a las actividades que desarrollan; entre los cuales no se encuentran periodistas ni medios de comunicación”.
Para la UIF, periodistas y medios de comunicación no son Sujetos Obligados porque no tienen el deber de informar sobre actividades vinculadas a intermediación financiera, mercado de valores, seguros y otros. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados el pasado viernes.
De momento, los gremios periodísticos consideran que la redacción de la norma es “ambigua” y demandan una aclaración de parte de legisladores.
