Gabinete de Arce en el día de su renuncia colectiva. Antes aprobaron un decreto cuestionado por la sociedad civil. Foto: ANF
Cuando está a punto de dejar el cargo, el presidente Luis Arce aprobó un decreto que crea el Mecanismo de Protección de las y los Defensores de Derechos Humanos (CPROTEGE-DDHH), pero lo hizo sin consultar a los supuestos beneficiarios, sin asignarle un presupuesto y lo puso bajo dependencia del Ministerio de Justicia, “lo que compromete su independencia”, según advirtieron 40 organizaciones de la sociedad civil mediante una carta dirigida a la ministra de Justicia, Jessica Saravia. Se trata del Decreto 5478, que fue aprobado el 3 de noviembre.
“El CPROTEGE-DDHH será presidido por el representante del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional o la instancia del Órgano Ejecutivo competente en materia de derechos humanos”, señala el inciso 2 del artículo 6 del citado decreto, al que accedió Sumando Voces.
Las organizaciones de la sociedad civil firmantes de la carta añaden que el decreto “no prevé presupuesto propio ni autonomía técnica, condiciones esenciales para su funcionamiento real”. Luego agregan que “no contempla una perspectiva integral que incluya medias de prevención y reparación, análisis de riesgos o acceso a la justicia, tampoco coordinación con otros órganos o con niveles subnacionales”.
Las entidades advierten, demás, que el decreto establece una base de datos de personas defensoras “sin garantías claras de confidencialidad ni autonomía, lo que implica riesgos de seguridad y estigmatización”.
Por tanto, “rechazamos los alcances del Decreto Supremo No 5478 en su forma actual y exigimos su revisión, rediseño y complementación, mediante un proceso amplio, plural y transparente”.
Entre las organizaciones firmantes de la carta figuran UNITAS, Comunidad de Derechos Humanos, Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), LIDEMA, Fundación Construir, entre otras.
Según el informe del Observatorio de Derechos de UNITAS, el año 2024 se registraron 93 casos de vulneración de los derechos de personas y organizaciones defensoras de derechos, lo que representa un incremento del 82% en comparación al 2023, cuando hubo 59 registros.
Uno de los casos más emblemáticos de acoso y hostigamiento del último tiempo es el de los defensores ambientales de Tariquía, que están siendo procesados por YPFB, que forma parte de la estructura del mismo Estado que ahora presidiría el mecanismo para protegerlos.
Recomendación internacional
Diversos organismos internacionales recomendaron a Bolivia el establecimiento de mecanismos efectivos, autónomos y participativos de protección para quienes defienden derechos, sin embargo, la esencia de la recomendación no se recoge en el decreto aprobado por Arce y su gabinete.
La aprobación se produce en la última semana de la gestión gubernamental, puesto que este sábado será la transmisión del mando presidencial en favor de Rodrigo Paz.
Las organizaciones de la sociedad civil indican que durante muchos años han demandado al Estado la adopción de mecanismos de protección efectivos e integrales para las personas y organizaciones defensoras de DDHH, sin embargo, la creación de esta instancia tal como lo hizo Arce “no puede considerarse una respuesta ni suficiente ni legítima sin la participación activa y propositiva de las organizaciones de la sociedad civil”.
Concluyen señalado que “Bolivia necesita un mecanismo de protección legítimo, independiente, efectivo, inclusivo y con enfoque integral, que honre los compromisos internacionales del país y garantice que ninguna persona sea amenazada, criminalizada o silenciada por defender la vida en todas sus expresiones, la libertad y la justicia”.
Los mecanismos internacionales que pidieron a Bolivia la creación de mecanismos de protección son el Examen Periódico Universal (EPU), diversos órganos de la ONU y el Grupo Interdisciplinario de expertos Independientes (GIEI), de la CIDH.
El decreto aprobado establece que las y los defensores podrán solicitar medidas de protección, “entendidas como acciones urgentes o preventivas para salvaguardar la integridad física, legal y psicológica de las y los defensores de derechos humanos”. Las medidas pueden ser de protección física, acceso a asesoría y asistencia legal especializada, protección de información personal y confidencialidad.
CARTA-DSajustada-1También te puede interesar:
