La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, encabezó la intervención al INRA. Foto: Ahora el pueblo
Mediante un pronunciamiento, la Fundación Tierra hizo observaciones a la intervención del INRA por parte del Viceministerio de Autonomías porque “se pueden generar vicios de nulidad poniendo en riesgo la seguridad jurídica de las tierras en trámite”. Asimismo, la entidad pide el nombramiento de un director del INRA de acuerdo al mandato de la Constitución, es decir, con base a una terna elaborada por la Asamblea Legislativa por dos tercios de votos, que debe ser elevada al presidente Rodrigo Paz para que haga la designación.
En ese marco, la institución expresa su “profunda preocupación” ante las atribuciones otorgadas al Viceministerio de Autonomías, al mando de Andrea Barrientos, para la “coordinación de los procesos de saneamiento, catastro y distribución de tierras”.
La Fundación considera que el INRA tiene autonomía de gestión y atribuciones técnico jurídicas que lo sitúan “por encima del nivel viceministerial”.
Indica que “si bien la intervención del INRA es imprescindible para enfrentar la corrupción, el tráfico y avasallamiento de tierras; esta no puede adoptar la forma de injerencia política, sino que debe tener el carácter de una auditoría agraria especializada, a cargo de una comisión interventora de alto nivel designada conforma a la Ley 1715 (Ley del INRA) y la Constitución Política del Estado”.
Una de las recomendaciones de la Fundación es “nombrar al Director del INRA según lo dispuesto en la Ley de Tierras” porque “una de las causas estructurales de la crisis del INRA es el nombramiento de directores nacionales interinos, que reproduce y profundiza la subordinación política de dicha institución.
La Fundación también recomienda “restablecer la institucionalidad agraria” porque “las intervenciones improvisadas y ‘transitorias’ carecen de fundamento y agravan la fragilidad institucional en materia agraria y ambiental”.
La institución añade que el Gobierno debe iniciar los trabajos preparatorios para planificar y ejecutar una intervención y auditoría integral del proceso de saneamiento de tierras que incluya bases técnicas y jurídicas.
