Los participantes del foro en la finalización del evento de dos días. Foto: IPTK
El foro regional sobre crisis climática y migración realizado en Sucre exige respuestas a la migración de los departamentos de Chuquisaca y Potosí, ambos considerados los mayores expulsores de población, pero demanda que las acciones estén en equilibrio con la naturaleza.
La coordinadora de redes de UNITAS, Gabriela Ugarte, dijo que los asistentes coincidieron en la necesidad de “generar un cambio, pero un cambio en equilibrio entre las necesidades de las personas y de la naturaleza”.
Durante el foro se analizaron datos del censo de 2024 que ubican a Chuquisaca como el primer departamento con hogares que tienen familiares viviendo en el extranjero con el 11,5%. En ese marco, los participantes pidieron dar respuestas a la migración, para que la decisión de irse sea deseada y no forzada como sucede en casos de desplazamientos por la crisis climática.
El foro, además, decidió impulsar el trabajo articulado entre actores públicos, comunidades, academia y otros con la finalidad de atender las necesidades comunes: bienestar, identidad, justicia y dignidad
El foro reunió a representantes de comunidades y municipios de Chuquisaca y Potosí, entre los que estaban dirigentes, autoridades y líderes locales, para analizar los impactos del cambio climático en la migración.
Durante el evento se escucharon las ponencias del especialista en migración, el sociólogo Alfonso Hinojosa; y de la diputada ambientalista Cecilia Requena. El primero hizo una radiografía de la migración, sobre todo de aquella que se dirige a Chile, mientras que la segunda se centró en la necesidad de trabajar por un modelo de desarrollo sostenible.
Los participantes armaron cuatro grupos de trabajo: sistemas alimentarios, agua, justicia ambiental y migración, cuyas conclusiones se dan a conocer a continuación.
Sistemas alimentarios
Ramiro Morales, de la fundación ACLO (regional Chuquisaca), en representación de la mesa sobre sistemas alimentarios, informó que la coincidencia es que se deben garantizar las bases productivas, es decir, el agua, el suelo, las semillas y los animales.
También se decidió trabajar en la tecnificación para hacer un uso más racional del agua, por ejemplo, a través del riego por aspersión o por goteo. Por otro lado, los asistentes demandaron la promoción y difusión de la producción agroecológica.
Y finalmente, dijo que se debe lograr la articulación entre sectores, gobiernos locales y comunidades “para que podamos garantizar y tener sistemas alimentarios sostenibles”.
Respecto a la minería y otras actividades contaminantes, dijo que los integrantes del grupo rechazaron las nuevas operaciones y, en el caso de las ya existentes se decidió exigir que las regalías se distribuyan en la misma cuenca “para poder restaurar lo que se ha contaminado”.
Agua para todos
Deysi Arciénega, de la ONG LIDER y en representación de la mesa que abordó el tema agua, resumió las conclusiones en tres puntos:
En primer lugar, dijo que se debería trabajar en políticas públicas nacionales, departamentales y nacionales sobre el cuidado y uso del agua porque las leyes actuales están inutilizadas, mientras la minería contamina los suelos y el agua.
El segundo punto se refiere a la concientización de la población sobre el uso del agua porque “va a ser un tema de pelea entre nosotros, porque va a haber falta de agua”.
En tercer lugar, exigieron un registro en todos los departamentos sobre las fuentes de agua, el tipo de uso que se les está dando, y como se está garantizando la accesibilidad al agua para todos “porque hay familias que no tienen acceso al agua” y se ven obligadas a trasladarla desde lugares lejanos, muchas veces sin garantizar la calidad.
Finalmente, este grupo pidió que los gobiernos, las instituciones y la sociedad civil trabajen en resguardo de los recursos naturales (bosques), porque de esa manera se garantiza que exista agua.
Justicia ambiental
Águeda Colque, de la ONG potosina ISALP, en representación de la mesa de justicia ambiental, relató situaciones de injusticia climática como el pago por el uso del agua, que resulta ser el mismo entre un pequeño consumidor y los mineros, o las multas entre un campesino que chaquea media hectárea y los que queman miles de hectáreas.
“Hay leyes, hay impuestos que tienen que pagar las empresas mineras, pero tan injusto es, hay un desequilibrio, porque tenemos que pagar lo mismo que pagan las empresas, dónde está la justicia, creo que no hay”, dijo Colque.
Según dijo, en la mesa se acordó el cuidado del medio ambiente no utilizando plásticos, reutilizando materiales y reciclando el agua, porque no se trata solo de exigir, sino de asumir una responsabilidad entre todos.
También dijo que el cuidado del medio ambiente debería ser una materia transversal en las escuelas. Se trata “no solo discursos, sino “formas de vida, conciencia y hacer”.
Migración y DDHH
La mesa que analizó el tema de la migración sacó tres conclusiones, según explicó Gabriela Ugarte.
El primer punto es que para evitar la migración se debe proveer empleo seguro sobre todo para los jóvenes, porque son ellos los que tienden a marcharse.
El segundo consenso es fortalecer la identidad del agricultor, para que “no sea un mal antecedente que yo sea agricultor, que sea un orgullo, porque el 62% de lo que nos servimos en el plato, es producido por los agricultores”.
Y finalmente, el grupo decidió pedir el fortalecimiento de la educación y las condiciones de vida en el campo, lo que incluye servicios básicos y tecnología.
“Esos tres elementos son importantes para que nuestros jóvenes no piensen en generar su proyecto de vida fuera del país”, dijo Ugarte.
Las conclusiones de foro, según explicaron los organizadores, serán utilizadas para la incidencia y para la articulación.
El foro fue organizado por la Red Departamental Chuquisaca-Potosí, impulsada por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) y está integrada por la Fundación Acción Cultural Loyola (ACLO), con sus regionales Potosí y Chuquisaca; las ONGs Investigación Social y Asesoramiento Legal Potosí (ISALP); el Instituto Politécnico Tomás Katari (IPTK); Línea de Desarrollo Económico Rural (LIDER) y la Pastoral Social Cáritas (PASCAR).
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