Foro sobre agroecología. Foto: Captura de la transmisión de la Fundación Aclo
Durante el Foro Agroecológico 2025, organizado por la Plataforma Nacional de Suelos para una Agricultura Sostenible – Regional Tarija y otras instituciones, productores, técnicos y organizaciones civiles identificaron al menos ocho factores que impiden reducir el uso de agroquímicos en Tarija. Entre ellos destacan la falta de conocimiento sobre alternativas de producción, la desinformación sobre los daños a la salud, el libre acceso a químicos altamente tóxicos y la ausencia de políticas públicas operativas. Las mesas de trabajo acordaron una serie de acciones y señalaron a instituciones responsables que deberían ejecutarlas desde 2026.
«Este evento es muy importante porque no solo se refiere a un sistema de producción, sino a una forma de vida. Implica una filosofía basada en el respeto al medio ambiente y en prácticas sostenibles que cuidan todo el ciclo productivo. Además, abre opciones reales para acceder a una alimentación sana, saludable y nutritiva», sostuvo el director de la Fundación ACLO – Regional Tarija, Carlos Jalil, durante el acto de inauguración.
Los participantes resaltaron que uno de los principales problemas es la escasa capacitación técnica en producción agroecológica. Para revertirlo, plantearon que la Secretaría de Desarrollo del Gobierno Municipal, los programas estatales como Mi Agua, el Servicio Departamental Agropecuario (Sedag), Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), universidades, municipios y organizaciones no gubernamentales articulen procesos formativos permanentes en comunidades, con indicadores como capacitaciones mensuales según rubros productivos.
El objetivo del foro fue desarrollar un espacio de diálogo y contribución colectiva entre productores agroecológicos de Tarija, consumidores, redes académicos, técnicos, expertos en agroecología y derechos de la alimentación, y medios de comunicación, para promover la agroecología como modelo de producción sostenible frente al extractivismo, defendiendo el derecho a una alimentación digna, saludable, en el marco de un desarrollo sostenible, logrando la firma de un compromiso y acciones concretas entre los mencionados actores para el fortalecimiento de este modelo.
Otro obstáculo señalado fueron los limitados recursos para acceder a tecnología sostenible, por lo que propuso que programas como el Programa Solidario Comunal (Prosol) y los Planes Operativos Anuales (POA) municipales financien sistemas de riego tecnificado y bombas solares.
La desinformación sobre los daños de los agroquímicos fue otro punto crítico. Se recomendó que medios locales, instituciones y universidades impulsen programas semanales de difusión con alternativas productivas. Asimismo, se evidenció la falta de investigaciones en manejo agroecológico; por ello, institutos tecnológicos y universidades deberían promover proyectos estudiantiles que respondan a las necesidades productivas municipales, bajo un plan educativo específico.
Las mesas también alertaron sobre la inexistencia de políticas públicas concretas para apoyar la agricultura ecológica. Sugirieron que gobernaciones y municipios elaboren y aprueben normativas específicas, demandadas por productores y acompañadas por organizaciones no gubernamentales. A esto se suma el desconocimiento de los consumidores sobre la procedencia de los alimentos que compran, por lo que se propuso que Senasag, municipios y oficinas de defensa del consumidor impulsen programas informativos radiales y en redes sociales.
Otro factor preocupante es el acceso libre a agroquímicos altamente tóxicos. Para detener su circulación, se planteó que el Senasag y la Aduana ejecuten controles estrictos y entreguen informes trimestrales sobre decomisos e inspecciones. Finalmente, se denunció la falta de espacios de comercialización para productos agroecológicos. Las organizaciones campesinas y el Consejo Regional de Abasto y Mercadeo Agropecuario (Crama) deberían gestionar ferias y puestos exclusivos dentro de los mercados municipales.
El foro concluyó con la lectura de un manifiesto que declara a Tarija en “estado de emergencia ambiental y alimentaria”, por el avance del modelo extractivista y el uso intensivo de químicos. Las instituciones participantes reafirmaron su compromiso con una transición agroecológica que proteja la salud, la biodiversidad y la soberanía alimentaria del departamento.
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