Uno de los hitos más importantes en la historia de la astronomía fue la verificación científica del modelo heliocéntrico, con el Sol como centro del sistema solar durante el siglo XVII, impulsado por Galileo Galilei. A partir de sus observaciones con el telescopio, Galileo confirmó la teoría propuesta por Nicolás Copérnico y demostró que la Tierra no era el centro del universo. Sin embargo, la Inquisición lo juzgó y obligó a retractarse públicamente, manteniéndolo bajo arresto domiciliario hasta su muerte en 1642.
Desde los inicios de la aplicación del método científico, las creencias religiosas y dogmas de poder han rechazado o censurado las afirmaciones que ponían en duda sus verdades absolutas. En muchos casos, los científicos fueron perseguidos, silenciados o desacreditados. A pesar de los avances tecnológicos y del acceso a la información en el siglo XXI, la censura y la manipulación de la verdad científica persisten, especialmente en temas donde los intereses económicos y políticos están en juego.
Hoy, las redes sociales se han convertido también en plataformas de desinformación, donde grupos de poder ponen en duda hechos científicos comprobados, como el cambio climático. Un ejemplo emblemático es el de Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump y gran parte de su base política han difundido la idea de que el cambio climático es una exageración de los ambientalistas de izquierda. Trump ha sostenido públicamente que el calentamiento global es un ciclo natural del planeta, y ha llegado a calificarlo en el pasado como un “engaño” o una manipulación política.
Esta narrativa tiene un trasfondo claro: justificar la sobreexplotación de los “recursos naturales”, anteponiendo los intereses económicos a la protección del medio ambiente o salud de su población. Las corporaciones multinacionales, principales beneficiarias de estas políticas, invierten millones de dólares en campañas mediáticas y digitales para hacer creer que es mínimo el impacto ambiental de la actividad humana. De esta forma, fomentan una cultura de apatía, negacionismo y hostilidad hacia los movimientos ecologistas, presentándolos como enemigos del progreso económico.
El resultado es preocupante: una sociedad polarizada y fanatizada, donde miles de seguidores de Trump y otros líderes conservadores rechazan cualquier evidencia científica sobre el cambio climático. En este contexto, las regulaciones ambientales y la resistencia de los pueblos indígenas frente a la explotación petrolera son vistas como obstáculos al “desarrollo”. Tanto en Estados Unidos como en Canadá (especialmente en la provincia de Alberta), el discurso dominante prioriza los intereses corporativos sobre el interés nacional y el equilibrio ecológico.
Para el pensamiento conservador extremo, quien se opone a la explotación de la naturaleza está contra el progreso. Combinado con el racismo, discriminación, el fanatismo religioso y el nacionalismo económico, este pensamiento se convierte en una bomba de tiempo en la sociedad norteamericana.
Como en toda teoría conspirativa, las “verdades” que manejan estos grupos son fragmentos de hechos científicos manipulados, tomados a la ligera o distorsionados para servir a una narrativa ideológica. En lugar de buscar el conocimiento, el fanatismo busca reafirmar sus creencias, incluso si para ello debe negar la realidad.
Bolivia no está exenta de este conflicto ideológico. La supuesta brecha entre el oriente “desarrollado” y liberal impulsado por la inversión extranjera y el occidente “retrasado” y conflictivo, fue una narrativa promovida por sectores empresariales cruceños que se sintieron amenazados por el ascenso del Movimiento al Socialismo (MAS). Este discurso, útil para legitimar su influencia política y económica, buscó reforzar la idea de que el progreso depende de la expansión del agronegocio.
Sin embargo, detrás de ese discurso regionalista se esconde una realidad menos noble: la ampliación de la frontera agrícola a costa del bosque y de los territorios indígenas, impulsada por empresarios que buscan maximizar sus ganancias mediante el uso de semillas transgénicas y agroquímicos. El modelo de “desarrollo” que se promueve, en realidad, beneficia a unos pocos a costa del medio ambiente y de las comunidades indígenas, reproduciendo la misma lógica extractivista que domina en los Estados Unidos.
El supuesto Estado protector del medio ambiente ha mostrado, en los hechos, una tolerancia estructural hacia el empresariado agroindustrial. Aunque el discurso oficial defiende la “madre tierra”, los gobiernos del MAS autorizaron el uso de transgénicos, ampliaron la frontera agrícola y flexibilizaron normas de desmontes y quemas, facilitando la expansión ganadera y soyera.
Si en algún momento se llegara a fortalecer la regulación sobre agroquímicos que generan contaminación de fuentes de agua y deterioro en la salud o a investigar la distribución de tierras durante las últimas dos décadas, es probable que resurja la confrontación regionalista. En tal escenario, los grupos de poder podrían recurrir a estrategias similares a las de Donald Trump: desacreditar las investigaciones y pruebas científicas que afecten sus intereses, atacar a los colectivos ambientalistas y justificar la explotación de la naturaleza en nombre del crecimiento económico.
Como sociedad, aún estamos a tiempo de evitar caer en este juego de manipulación, donde la ideología se utiliza como herramienta para silenciar la ciencia y dividir a la población. Es urgente promover la eficiencia en el sector agropecuario mediante el uso de insumos que sean amigables con la naturaleza y la salud de la población. Solo así podremos frenar la expansión descontrolada que acelera el calentamiento global y deteriora el ciclo del agua.
La ciencia nos permitió prolongar la vida humana, comprender nuestro lugar en el universo y salir de la caverna metafórica donde reinaba la ignorancia.
Permitir que cualquier ideología política o económica silencie a la ciencia es retroceder como humanidad y llegar a un callejón sin salida.
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Rubén Ticona Quisbert es economista y activista del Colectivo Lucha por la Amazonia
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