Ser activista en la coyuntura actual es una tarea de alto riesgo. Al enfrentarse a la apatía gubernamental y a la criminalización de sus acciones, los defensores de derechos humanos deben lidiar con un atacante silencioso, constante y mordaz: el asedio digital. Bajo el velo del anonimato, estas estructuras se encargan de difamar a personas e instituciones, destruyendo vidas personales sin medir consecuencias.
Las cifras son alarmantes. Según Global Witness (2025), el 92% de los defensores de la tierra y el medio ambiente han experimentado algún tipo de abuso o acoso en línea como resultado de su trabajo. Al tildarlos de “traidores” o “vendepatrias”, se logra una estigmatización que no solo perjudica su labor, sino que los coloca en una situación de peligro constante, extendiendo la amenaza a sus propias familias.
Estos ataques no son aislados ni orgánicos; son parte de un engranaje sistemático operado por las denominadas “Fábricas de infamia”. Estas estructuras, que en nuestro contexto operan a través de granjas de bots y los mal llamados “guerreros digitales”, distorsionan el debate público siguiendo una estrategia de tres pasos:
El primer objetivo es que el defensor deje de ser visto como un ciudadano comprometido para ser tachado de “obstáculo” o “enemigo del desarrollo”. Se busca rebajar su dignidad hasta convertirlo en un simple bache en el camino del progreso.
El segundo objetivo, el ataque se transforma en narrativa. El defensor deja de ser alguien preocupado por la contaminación de mercurio para ser presentado como un “peón” de intereses extranjeros. El objetivo no es debatir el fondo de la denuncia, sino destruir al mensajero para que el mensaje se pierda en el ruido.
El tercer objetivo es el astroturfing (simulación de apoyo). Mediante perfiles falsos se crea una falsa sensación de rechazo popular masivo. Es la soledad inducida por algoritmos: el defensor no solo se siente perseguido por el Estado, sino rechazado artificialmente por su propia comunidad.
Este linchamiento virtual funciona como una anestesia social. Si logran que la sociedad odie al defensor en las redes, nadie saldrá a las calles a protestar cuando ese mismo activista sea llevado al «banquillo» penal. Esta práctica es una violación directa al artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado boliviano a garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores ambientales.
El linchamiento es el paso necesario para que la represión física sea tolerada. Al distraer la problemática real y destrozar la credibilidad del activista, la vulneración de derechos puede continuar sin costo político.
Estamos ante una pena de muerte anticipada a la libertad de expresión. No se requiere una ley de censura cuando se cuenta con una fábrica de infamia que castiga a quien alza la voz. Ante este asedio, la respuesta no puede ser individual; urge construir redes de protección digital que defiendan la honra con la misma fuerza con la que defendemos el territorio.
Si perdemos la batalla por la verdad en las pantallas, habremos perdido la batalla por la justicia en los tribunales.
Referencia: Global Witness. (16 de Julio de 2025). Plataformas tóxicas, planeta destruido. Obtenido de https://globalwitness.org/es/campaigns/digital-threats/plataformas-toxicas-planeta-destruido/
Diego Alejandro Gutiérrez Ávila es abogado especialista en litigio estratégico de Derechos Humanos.
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