En el actual escenario electoral, se escucha con creciente frecuencia propuestas de “ajuste económico” provenientes tanto de agrupaciones y corrientes de derecha como de sectores del dividido Movimiento al Socialismo (MAS). Desde la derecha se ha planteado la necesidad de implementar un ajuste económico que imponga la libertad absoluta de las fuerzas del mercado; es decir, eliminar toda intervención estatal que “impida” que sea el precio de mercado el mecanismo fundamental que determine la producción, el consumo, la inversión y los salarios. Se busca que la regla de oro de la “utilidad” o “ganancia” del empresario privado rija todos los aspectos de la vida social, incluidos servicios sociales básicos como la educación y la salud (Alerta Laboral 93, p. 3).
Muchos electores, especialmente los más jóvenes, que no recuerdan con claridad la historia reciente, buscan algo nuevo frente al modelo económico implementado por el MAS en los últimos veinte años. Sin embargo, terminan seducidos por propuestas de corte liberal-libertario, impulsadas por el bloque opositor de derecha, compuesto por figuras como Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa y Jaime Dunn. Estos políticos sostienen que el modelo socialista y comunista ha fracasado en el país, y por ello proponen aplicar un modelo económico de orientación neoliberal, inspirados en la gestión del presidente argentino Javier Milei. No obstante, aunque con matices, el modelo que propone el bloque de oposición, no modifica la matriz productiva ni el enfoque extractivista del modelo vigente bajo el MAS.
Pero, ¿cuáles son los aspectos esenciales que caracterizan tanto al modelo económico neoliberal como al modelo económico neoestructuralista? Según Maristella Svampa, en Debates latinoamericanos. Indianismo, desarrollo, dependencia y populismo (2021), el modelo neoliberal se sostiene sobre cuatro nociones clave: commodities, responsabilidad social empresarial, sustentabilidad débil y gobernanza. En este esquema, los bienes naturales comunes son considerados simplemente commodities: productos estandarizados, con escaso valor agregado, destinados a la exportación y cuyo precio es fijado por el mercado internacional. Su visión del desarrollo se basa en un Estado subordinado al mercado y, especialmente, a instancias de regulación supranacionales, es decir, un Estado metarregulador.
El modelo económico neoestructuralista, según Svampa, también se fundamenta en el crecimiento de las exportaciones de commodities o bienes primarios. El neodesarrollismo progresista resalta las condiciones privilegiadas que ofrece América Latina en la fase actual del capitalismo, particularmente en términos de capital natural o recursos estratégicos altamente demandados por el mercado internacional, especialmente por China. Este enfoque introduce una ambigüedad entre la noción de commodity y la de recurso natural estratégico. Aunque la política de desarrollo busca impulsar las exportaciones, también propone un control estatal de la renta extractiva, sobre todo en los sectores de hidrocarburos y energía.
A pesar de las diferencias entre ambos modelos —neoliberal y neodesarrollista— en cuanto al rol del Estado y la democratización, Svampa señala que comparten marcos y conceptos comunes. En la visión progresista, el Estado retoma ciertas herramientas y capacidades institucionales, actuando como un actor económico relevante e incluso como agente redistributivo. Sin embargo, esta perspectiva estatalista tiene límites claros. En el marco de las teorías de gobernanza mundial, basadas en una nueva institucionalidad supranacional o metarreguladora, no se observa una tendencia hacia un Estado nacional fortalecido que pueda garantizar transformaciones profundas en los instrumentos de regulación.
Por su parte, Mun (2015), en La problemática transición boliviana hacia la época postneoliberal: el caso de la economía comunitaria, sostiene que tanto los gobiernos de orientación neoliberal como el del MAS no han logrado superar el patrón de desarrollo basado en el Modelo Primario Exportador. Bolivia continúa siendo un país cuyo modelo económico gira en torno a la explotación y exportación de materias primas, sin haber conseguido una transformación sustantiva hacia la industrialización o la sustitución de importaciones.
La economía boliviana depende fuertemente de los hidrocarburos, la minería, la agroindustria y la ganadería. Esta dependencia implica una constante expansión de fronteras extractivas que afectan bosques, áreas protegidas y territorios indígenas, generando crisis ambientales recurrentes. En consecuencia, el modelo económico implementado por el Estado ha significado un retroceso para los pueblos indígenas, cuyas tierras y derechos son sistemáticamente vulnerados en función de una lógica extractivista que pone en riesgo su existencia.
En conclusión, el concepto de extractivismo permite identificar las contradicciones y similitudes en los modelos económicos de gobiernos tanto progresistas como neoliberales. Según Campanini (2022), el extractivismo puede definirse como la apropiación de recursos naturales en grandes volúmenes y/o con alta intensidad, donde al menos la mitad es exportada como materia prima, sin o con escaso procesamiento industrial. El problema estructural de los modelos económicos aplicados desde 1985 hasta la actualidad en Bolivia radica en que, pese a los cambios políticos que sostienen, no han logrado modificar la matriz productiva estatal y privada dependiente del extractivismo. Al contrario, esta dependencia se ha intensificado, independientemente del signo político del gobierno de turno que los aplique.
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Juan Pablo Marca es politólogo e investigador social
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