Evistas y arcistas enfrentados en Sucre, este martes. Foto: Captura de pantalla de Correo del Sur
El enfrentamiento entre el evismo y el arcismo ha saltado a las calles y a las carreteras, donde ambos bloques disputan el control del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con el trasfondo de la candidatura presidencial para 2025. De hecho, ambos sectores en pugna se acusan mutuamente de buscar el control de ese órgano para garantizar la candidatura de sus líderes.
“Está claro que hay una pelea por tener el control o por seguir teniendo el control del TCP y no solo del constitucional, sino de todo el sistema judicial”, indicó a Sumando Voces el constitucionalista Arturo Yañez.
En la última semana, sectores evistas se concentraron en Sucre para marchar y hacer vigilia en el Tribunal Constitucional, lo que derivó en la víspera en enfrentamientos con la Policía.
Sin embargo, la noche de este martes, los manifestantes se replegaron y sus dirigencias, agrupadas en el Pacto de Unidad evista, anunciaron un bloqueo nacional de carreteras desde este miércoles, exigiendo la convocatoria a elecciones judiciales para reemplazar a los magistrados del Tribunal Constitucional que se autoprorrogaron en sus cargos, pese a que sus mandatos concluyeron el 31 de diciembre.
“La única forma de hacer política que tiene Evo Morales es por la amenaza, la confrontación y el bloqueo, está buscando su reelección y no tiene pudor para movilizar personas, para generar violencia y ahora amenazar a todo el país”, reaccionó el ministro de Justicia, Iván Lima, ante el anuncio de bloqueos.
Y, como el Gobierno tiene sus propios sectores sociales, éstos ya han salido a rechazar el bloqueo evista y en algunos casos han anunciado que saldrá a las carreteras a desbloquear.
En contrapartida, desde el evismo advirtieron que no permitirán la candidatura del presidente Luis Arce. “No vamos a aceptar que Lucho Arce sea candidato por el Movimiento al Socialismo. Eso sí está claro. Haga lo que haga. Diga lo que diga. Don Lucho Arce, no va a ser usted candidato por el MAS. Eso se lo puedo asegurar y nos vemos el 2025”, afirmó el diputado evista Héctor Arce.
Esta pugna que ahora se toma las calles y carreteras tuvo su detonante en las salas del TCP, donde se tomaron decisiones favorables al arcismo, como la sentencia 10/10 que declara nulo el derecho humano a la reelección y limita la participación política a dos gestiones continuas o discontinuas lo que, a decir que juristas independientes, deja fuera de juego a Evo Morales, quien ya gobernó el país por tres períodos consecutivos.
Sin embargo, Yañez dice que “hay que reconocer”, que el Tribunal Constitucional tenía que emitir ese fallo en concordancia con la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos humanos, que estableció que la reelección indefinida no es un derecho humano.
El especialista agrega que, “lo que el Tribunal Constitucional ha hecho, con el nulo prestigio que tiene, es cumplir vía control de convencionalidad, esa sentencia”.
Y, tomando en cuenta que con ese fallo el Tribunal Constitucional ya ha dirimido quién será el candidato del oficialismo (Luis Arce), el evismo se ha lanzado a las calles a luchar contra la prórroga de mandato, algo en lo que coincide con la oposición y con la sociedad civil organizada.
“Las movilizaciones y la vergonzosa autoprórroga de los exmagistrados muestra la degradación personal e institucional en la que han incurrido”, opina Yañez.
Lo insólito de las movilizaciones es que han confluido en las calles de Sucre los dos extremos de la política boliviana, los evistas y los más radicales opositores con el mismo objetivo, según hace notar el abogado Yáñez.
“Ves en Sucre que los extremos se juntan, por un lado están los evistas y por el otro están los antievistas recalcitrantes”, indica.
Pero, al medio están los ciudadanos “que vemos con asco esta prostitución de los sistemas judiciales”, señala Yañez, quien litiga en Sucre y con ese conocimiento de causa habla de la “temible sala cuarta del Tribunal Constitucional” o “del rol celestino del Tribunal Supremo de Justicia” que, con una consulta ante el TCP, ha inducido a la autoprórroga de mandatos.
El abogado considera que lo más grave de esta situación es que el país ha pasado del temor al vacío de poder, al caos judicial. “Eso es lo peor para un Estado porque lo que le estamos mostrando al mundo es que aquí en Bolivia hay un caos institucional, hay inseguridad jurídica y así nadie va a invertir en Bolivia, nadie va a generar riqueza, nadie va a generar dólares, puestos de trabajo, impuestos, es decir, nos estamos baleando los pies como sociedad”.
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