Mónica Bayá, secretaria técnica de la Comunidad de Dereechos Humanos, durante la presentación del informe. Foto: Comunidad de DDHH
Un estudio aplicado a 74 casos de feminicidio y tentativa de feminicidio estableció altos niveles de impunidad por el rechazo, sobreseimiento, retardación procesal y sentencias no ejecutoriadas.
“Las altas tasas de rechazo, sobreseimiento, retardación procesal y sentencias no ejecutoriadas perpetúan la impunidad y afectan la confianza de las víctimas en el sistema judicial. Es urgente implementar medidas estructurales e integrales que fortalezcan las capacidades del sistema judicial y garanticen un acceso efectivo a la justicia”, señala la principal conclusión del estudio, que fue elaborado por la Comunidad de Derechos Humanos y el Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización del Estado.
El seguimiento encontró resoluciones de rechazo en 21,62% de los casos de feminicidio y en 5,41% de los casos de tentativa de feminicidio. Asimismo, detectó sobreseimientos en el 17,24% de los casos de feminicidio y en el 10,34% de los casos de tentativa de feminicidio.
El estudio, que fue presentado la mañana de este miércoles, establece que “en un gran número de casos, las resoluciones de rechazo y sobreseimiento carecen de fundamento, minimizando la gravedad de los delitos denunciados”.
El documento también detecta “una preocupante retardación procesal”, puesto que el 62,96% de las sentencias tardó entre uno y tres años en ser dictadas. Por otro lado, se detectó que el 68% de las sentencias no se sustentaron en estándares internacionales ni incorporaron la perspectiva de género.
El 66,67% de las sentencias no fueron ejecutadas y el 15% de los condenados lograron fugarse, “evidenciando fallas en los mecanismos de control estatal”.
Además, se encontró que el 58,82% de los casos, los feminicidios y feminicidios en grado de tentativa fueron modificados a tipos penales menos graves, debilitando las sanciones y reforzando la impunidad.
Las causas
“En los casos de rechazo se evidencia una prevalencia de la imposibilidad de identificación del autor, que es una de las razones principales del rechazo”, señala el reporte y luego indica que “este problema señala una deficiencia en las investigaciones iniciales, en la recopilación de pruebas forenses, testimonios y otros indicios que podrían vincular al autor o autores del hecho”.
En esta etapa, explica el documento, “un factor común de las víctimas es que se encuentran en una situación particular de vulnerabilidad, en situación de calle y desconociéndose sus familiares, por lo que no se aplica la debida diligencia en la investigación”.
La indagación se aplicó en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto, en un total de 74 expedientes judiciales penales por feminicidio y tentativa de feminicidio, en relación a un total de 134 (100%) procesos con resoluciones de rechazo y sobreseimiento a nivel nacional, que representa el 55,23% de los procesos abiertos en las gestiones 2021, 2022, 2023 hasta agosto de 2024, en Juzgados de Instrucción Penal Anticorrupción y violencia contra las mujeres, Tribunales de Sentencia y Salas Penales.
Puedes ver el estudio completo, aquí:
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