Una investigación de la Fundación Tierra indica que Bolivia afronta una crisis energética por su elevada dependencia de los combustibles importados y afirma que los biocombustibles, que son la apuesta del Gobierno, no resolverán el problema porque, a 2030, sólo cubrirán entre el 8 y el 10% de la demanda.
La gravedad de una crisis energética, dice el estudio, se mide por la proporción de combustibles que un país importa en comparación al consumo. Partiendo de la definición de Eurostat (Oficina Europea de Estadísticas), a finales de 2023 Bolivia alcanzó una dependencia del 71% y, por tanto, se encuentra “en una situación altamente vulnerable, expuesto a múltiples factores de riesgo, como puede ser una interrupción de la cadena de suministro o alteraciones abruptas en el precio internacional del petróleo”, indica el informe. Y agrega que a partir del 75% se considera que hay “dependencia crítica”.
El informe, que titula “Biocombustibles, falsas soluciones y riesgos para la seguridad alimentaria”, indica que la producción nacional de combustibles ha caído severamente en los últimos siete años y “podemos concluir que las reservas probadas (de hidrocarburos líquidos) tienen un horizonte de vida de cuatro años”.
El estudio agrega que “la situación actual se puede calificar como el inicio de una nueva etapa caracterizada por una ‘crisis energética?’, que no tiene solución en el corto plazo (1-5 años).
El estudio de la Fundación Tierra fue elaborado por Gonzalo Colque (coordinador), Irene Mamani, José Luis Ayzaguirre, Efraín Tinta y Paola Mamani, y fue presentado en La Paz este jueves.
Biocombustibles irrelevantes
Según la investigación, el plan del Gobierno para reducir la dependencia de las importaciones y para bajar el costo de la subvención es irrelevante porque no se podrán cumplir las metas propuestas, por lo que recomienda suspenderlo.
“El consumo nacional de diésel estaría abastecido de la siguiente forma para el año 2030: 91% importaciones, 8% biodiésel y 1% diésel nacional. En cuanto a la gasolina, la composición de las fuentes de suministro serían: 74% importaciones, 10% etanol y 16% producción nacional”, concluye el documento.
Esto se debe a que, en e, mejor de los escenarios previstos por el gobierno, “solamente se completará el 12% de la meta planteada para la producción de biodiésel” para 2025, mientras que para 2030, si bien aumenta la producción, está por debajo del 32% de la meta planeada.
La principal causa para el incumplimiento, según el estudio, es la implementación tardía de los planes y programas de materias primas (plantaciones de soya, palma africana y otras), los retrasos en la construcción de las plantas de biodiésel y la falta de realismo en las metas.
Seguridad alimentaria en riesgo
Este escenario, según el documento, configura un riesgo para la seguridad alimentaria porque la escasez de combustible reduce las posibilidades de producción de alimentos y provoca elevación de precios en los mercados.
“La escasez de combustibles es crítica para la agricultura mecanizada que usa el diésel de forma intensiva. En los últimos dos años, 2023 y 2024, las estadísticas agrícolas presentan cambios negativos en superficie cultivada, volúmenes de producción y valor de las exportaciones”, indica la documento.
Por otro lado, tal como se pudo advertir el 2024, “la crisis de combustibles y la escasez de dólares han provocado un aumento generalizado de precios y en partir de alimentos”.
Por tanto, los investigadores concluyen que “los biocombustibles son una falsa solución al problema de la dependencia casi absoluta de combustibles importados y subvencionados, y la consecuente dolarización del presupuesto público necesario para abastecer de combustibles el mercado nacional”.
Frente a esta situación, en su reciente discurso del 6 de agosto, el presidente Luis Arce dijo que, junto a las elecciones judiciales, convocará a un referéndum para que la población decida si se debe o no levantar la subvención a los combustibles, además de otros temas políticos, como la reelección y la distribución de escaños.
Por otro lado, tomó la decisión de elevar el precio de la gasolina premium y de introducir un nuevo tipo de gasolina llamado ultra premium, con el anuncio de que se incentivará el consumo de ambas, en lugar de la especial.
Frente al inminente fracaso, TIERRA recomienda “suspender los planes y programas de biodiésel. “Del mismo modo, cancelar la construcción de la planta de biodiésel de Senkata y, en especial, la megaplanta de diésel HVO”.
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