Diversas organizaciones de la sociedad civil participaron en un encuentro preparatorio rumbo a la presentación del EPU. Foto: UNITAS
La destrucción de los bosques a causa de los incendios, el uso de mercurio en la minería, la contaminación del agua, la criminalización de las y los defensores de medio ambiente son los aspectos que deben ser resaltados en la presentación de Bolivia en el Examen Periódico Universal (EPU), un proceso que permite la revisión periódica del historial de derechos humanos de los países miembros de Naciones Unidas. Esa es la exigencia que hacen organizaciones de la sociedad civil especializadas en el área al Estado.
«Para nosotros los extractivismos e incendios son considerados ecocidio, etnocidio y biocidio. Durante todo este tiempo nos han estado envenenando, exponiéndonos a condiciones mortales, en especial a nosotras, las mujeres indígenas», indicó la dirigente Betty Vilca, una de las participantes de los encuentros preparatorios para esta actividad.
Este miécoles 23 de octubre, cinco informes fueron presentados antes 12 delegaciones diplomáticas. El Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) conjuntamente con la Alianza por los Derechos Humanos y el Ambiente (ADHMA) organizaron la actividad, orientada al tema del medio ambiente, sin embargo, también fueron invitadas otras entidades de la sociedad civil, como UNITAS que reporta libertades fundamentales; Construir, sobre acceso a la justicia; y la Comunidad de Derechos Humanos, sobre poblaciones en situación de vulnerabilidad.
“En este nuevo periodo, producto de todas las luchas sociales que hay, las demandas en los territorios y por el medio ambiente. Hemos establecido como una estrategia focalizarnos en problemáticas mucho más específicas, una de ellas es el tema del mercurio en la minería aurífera y sus impactos en los pueblos indígenas”, señaló Miguel Miranda, coordinador del CEDIB.
En enero de 2025 el Estado comparecerá ante Naciones Unidas. La presentación es una responsabilidad gubernamental, los países miembros reciben sugerencias de la sociedad civil.
Cada país es evaluado cuatro años y medio para identificar logros y áreas a mejorar. Si un país ignora o no cumple con estas recomendaciones se enfrenta a consecuencias políticas y hasta económicas aunque formalmente no se estipula sancaiones.
Claudia Terán, coordinadora del Programa Defensores de UNITAS, estuvo a cargo de la presentación del área de Libertades Fundamentales. “El objetivo era presentar estos informes ante delegaciones de diferentes países y construir una comunidad de derechos humanos”, indicó, tras su intervención haciendo alusión a la importancia de estos eventos antes de la evaluación oficial pues permite intercambiar experiencias entre entidades de la sociedad.
Esta actividad contó con la participación de la Misión Técnica en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el apoyo de la Embajada de Alemania. Esta no es la única actividad que precede la presentación del informe EPU, sino que es parte de un conjunto de acciones para lograr la mayor implicancia de la sociedad civil.
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