Eduardo Rodríguez Veltzé
El pasado 21 de enero, en Ginebra, sede del Consejo de Derechos Humanos de las NNUU, se celebró el Examen Periódico Universal (EPU) sobre el estado de los Derechos Humanos en Bolivia. La transmisión en vivo cubrió la participación de la delegación oficial compuesta por el Ministro de Justicia, viceministros y funcionarios, y las reacciones de un centenar de representaciones diplomáticas que tuvieron un minuto y diez segundos cada una para presentar su reacción. Desde La Paz, fue posible seguirla gracias a la Defensoría del Pueblo, la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil y la oficina del Alto Comisionado para los DDHH de las NNUU para América del Sur.
En el comentario que me tocó realizar al término de la transmisión, coincidí con Paula Berrutti, responsable de la oficina del Alto Comisionado en que el EPU trasciende el ámbito técnico e incluso diplomático del ejercicio; tiene un propósito para promover cambios concretos y sostenibles para lograr una sociedad más justa. Advertí que el informe presentado por la delegación boliviana no reflejó adecuadamente el estado de los DDHH en el país, por lo menos en aspectos críticos que fueron objeto de informes anteriores como los publicados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los relatores independientes de NNUU para la Independencia Judicial y que tienen relación con la situación de la justicia penal, de los detenidos preventivos, la judicialización de la política y la crisis del sistema de justicia.
Resulta alarmante, por ejemplo, el notable incremento de la población penitenciaria que a enero de 2025 suma 32.000 presos, (200% de aumento solo en los dos últimos años), de los cuales 70% son detenidos preventivos, en recintos que reflejan un hacinamiento próximo al 300%. La falta de respeto por los derechos fundamentales de los privados de libertad es escandalosa. En contraste con la ausencia de una política criminal que oriente la atención integral de estas falencias con una codificación armónica y actualizada, se alienta un populismo penal que promueve legislación de enjuiciamientos exprés, ajena al debido proceso; la criminalización del derecho a la protesta o acuerdos internacionales que consienten con la expulsión de migrantes, sin reparar en la legislación internacional que resguarda sus derechos. Tampoco hubo referencia alguna al uso del sistema criminal para la persecución política, con procesos cuestionados y con detenciones abusivas, una práctica advertida y denunciada hace varios años.
La demora en asumir una postergada reforma estructural del sistema judicial tampoco mereció una explicación razonable. El entorno político partidario en torno al Ministerio de Justicia controla las iniciativas de reforma judicial que se reducen a medidas intrascendentes para revertir la compleja crisis institucional. Nunca, y de manera tan explícita, la población ha descalificado a los órganos judiciales por su ineficacia y su sometimiento al gobierno de turno. Las elecciones judiciales sufrieron demoras e interferencias y sus resultados siguen siendo reveladores del cuestionamiento a la modalidad de elección por voto popular. Más del 56% de los ciudadanos, en cinco departamentos, no pudieron votar por los integrantes del Tribunal Constitucional y los elegidos, excepto por un departamento, solo recibieron en promedio el 30% del voto ciudadano.
Tampoco se trató la profunda crisis institucional que desde el Tribunal Constitucional afecta el orden democrático en Bolivia. La distorsión del control judicial de la constitucionalidad se expresó en fallos cuestionables que se ocuparon de la reelección presidencial, de la legalidad de un gobierno transitorio, de limitaciones a la interpelación legislativa al Órgano Ejecutivo, de injerencia en la personería de partidos políticos y sus candidatos, o de su ilegal autoprórroga aun después de producidas las elecciones judiciales.
La afectación a la seguridad jurídica, el orden institucional y el régimen de Derechos Humanos se produce no solo por fallos objetables, pero también por la injustificada omisión del mismo tribunal y de la judicatura sobre la vigencia de garantías procesales en materia penal en la legislación nacional y los tratados internacionales, prueba de ello es el referido abuso de la detención preventiva, el estado de indefensión de sectores vulnerables de la población y la falta de acceso a servicios judiciales imparciales y efectivos.
Como se destacó en los comentarios, estas observaciones tienen una larga data y reflejan tanto la desatención de sucesivos gobiernos como la indolencia del propio Estado frente al sistema de justicia para el que nunca se dispuso de presupuesto suficiente, de legislación actualizada o de recursos humanos con capacitación y sostenibilidad en funciones.
La sesión del EPU se limitó a expresiones diplomáticamente correctas sin posibilidad de profundizar sobre los graves problemas denunciados en su etapa preparatoria. Es útil para valorar los limitados avances y para enfocarse en la importancia de contar con un sistema judicial imparcial y efectivo, que permita a los bolivianos ejercer sus derechos y reclamar su vulneración. Sin justicia, los Derechos Humanos reconocidos en nuestra legislación y los tratados seguirán siendo papel mojado.
Este artículo fue originalmente publicado en La Razón. Sumando Voces lo replica previa consulta con el autor.
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Eduardo Rodríguez Veltzé fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y de Bolivia.
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