Entre medallitas y amenazas

Opinión

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Sonia Montaño V.


“La devolveremos por pedacitos en una bolsa negra”: (Nilsa Lopez, ex directora de AJAM)


Nilsa Lopez, ex directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), en entrevista con ERBOL, ha denunciado prácticas en la institución de la que fue directora por un lapso de cuatro meses después de la salida de Brenda Lafuente, también directora de esa institución. Ella le ha contado “su verdad” al periodista John Arandia, indicando que su hijo de menos de un año es, nada más y nada menos, hijo del presidente Luis Arce, quien debe estar abrumado ante las numerosas causas de corrupción relacionadas con sus hijos, uno de los cuales, además, es buscado por violencia contra su expareja.

El asunto de la paternidad irresponsable ha sido recibido con simpatía hacia Lafuente por gente que conoce los casos de hombres que no quieren reconocer a sus descendientes y a menudo no pagan pensiones. Uno más hemos dicho. Ya nos habíamos olvidado de aquella joven que lo acusó de ir vestido de taxista para buscarla hasta que “pasó lo que tenía que pasar”, como dijo, flanqueda por un diputado especializado en armar bochinche. Hasta entonces nada se parecía a la pedofilia de Morales, al hijo” no habido” con Gabriela Zapata, a la Noe que lo acompañó en Buenos Aires y a la última víctima que tuvo que refugiarse en Argentina, para mencionar algunas. Algo así como los amores perros del presidente.

Lo que Lopez ha denunciado en ERBOL es, nada más y nada menos, el modus operandi de la corrupción en la administración pública. Nombramientos de autoridades, extorsiones, pago por puestos, utilización de funcionarios para vengarse de enemigos. Ella ha contado que ha demorado casi dos años en hablar por el temor a su seguridad y la de su familia. Si hablaba, la devolverían en pedacitos, lo cual es un indicio de la influencia del crimen organizado en el Estado. Provista de documentos que podrían ser pruebas, ella informó en su momento al impresentable ex ministro de justicia Iván Lima, quien no hizo nada; tampoco hizo nada el actual Ministro de Minería, Alejandro Santos, representante de los cooperativistas. Ella indica que la acusación por corrupción que le hicieron ya fue archivada por falta de pruebas. La acusaban de haber recibido un regalo de una cooperativa.

Lo que López desentraña es un pedazo del podrido tejido del corporativismo actualmente en crisis. Se trata de un entramado de intereses que incluye a cooperativistas de larga data, nuevos “empresarios”, empresas extranjeras y aún no sabemos cuántas autoridades y exautoridades involucradas en la extrema explotación que se lleva a cabo en medio de enfrentamientos, muertes y actividades ilegales produciendo una riqueza incalculable. ¿Cuantas medallitas y medallones de oro estarán ocultas?

Como se sabe, la minería del oro está destruyendo el medio ambiente y ocasiona la muerte de mujeres y niños tal como lo muestra el estudio recientemente realizado por la Universidad de Cartagena, ll Instituto Servicio de Diagnóstico e Investigación en Salud y el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). Los estudios muestran cómo se articulan intereses al amparo de la ilegalidad. Estamos ante un fenómeno que se ha ido incubando desde hace muchos años, tanto en el ámbito global y local y que en Bolivia tiene condiciones óptimas para su desarrollo. Una especie de telaraña de ilegalidades que afecta a las mujeres más pobres y vulnerables como las indígenas cuyos niveles de mercurio son superiores a los máximos recomendados por organismo internacionales de salud. Cuando el oro llega al mercado, ya ha dejado una secuela de daños irreparables entre la población.

Estamos frente a una arista que revela cómo las mujeres pobres resultan las más afectadas y desprotegidas, mientras que en un lugar aparentemente inofensivo como la AJAM son otras las que otorgan las autorizaciones, en obediencia “al jefe». Ellas no consumirán el pescado que envenena a los pescadores y sus familias. Las entrevistas de Brenda Lafuente por paternidad jalaron una hilacha que se inicia con la demanda contra el presidente Luis Arce por abandono de mujer embarazada y posteriormente por pago de pensiones alimentarias. La denuncia de la madre abandonada abrió las puertas para que surjan otras como la de un periodista encarcelado por Lafuente, pero también permitió que Nilza Lopez ponga en contexto su papel en la AJAM. Estamos ante un nuevo síntoma del derrumbe de las instituciones.

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Sonia Montaño es socióloga jubilada y feminista por convicción.

Las opiniones de nuestros columnistas son exclusiva responsabilidad de los firmantes y no representan la línea editorial del medio ni de la red.

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