En medio de la actual crisis judicial, emerge nuevamente la controversia en torno a los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), un tema que genera más dudas que certezas y que ha desencadenado múltiples discursos que acrecientan la incertidumbre.
En primer lugar, es necesario destacar la relevancia institucional del TCP, pues es el encargado de velar por la supremacía y el cumplimiento de la Constitución Política del Estado. Además, al ser un tribunal de última instancia, su legitimidad descansa sobre dos pilares esenciales: la independencia y la imparcialidad; pero entonces ¿qué sucede cuando quienes deben garantizar la vigencia de la Constitución son precisamente quienes la vulneran?
La respuesta a esta cuestión explica la profunda crisis de legitimidad e independencia que atraviesa actualmente el TCP. En primer lugar, porque su mandato tiene una duración de seis años, según dispone la Constitución, y su carácter es estrictamente improrrogable; por lo que la prolongación de dicho mandato configura una vulneración al principio de legalidad, pues altera de facto las reglas que rigen el ejercicio del poder jurisdiccional y debilita la estructura del Estado Constitucional de Derecho.
Por otra parte, en el contexto de la coyuntura política actual, diversos actores han denunciado esta situación, exigiendo la cesación inmediata de las funciones de los magistrados y la anulación de todas las resoluciones emitidas durante el periodo de prórroga. No obstante, lejos de constituir un acto de reivindicación institucional, esta propuesta requiere un análisis detenido, ya que la nulidad total de tales decisiones podría generar un escenario de grave inseguridad jurídica, afectando la estabilidad del sistema judicial.
La problemática, entonces, no solo se reduce a la permanencia irregular de los magistrados, sino a las consecuencias jurídicas que esta genera en la estructura misma del Estado Constitucional de Derecho, porque si el TCP actúa sin legitimidad, cada una de sus decisiones queda bajo sospecha. Sin embargo, desconocer sus actos podría producir un vacío institucional y normativo.
Ahora bien, la viabilidad de que el Tribunal funcione con menos magistrados, como propone el reciente proyecto de ley, abre un nuevo debate jurídico, toda vez que, si bien la Constitución prevé la continuidad institucional, esta debe interpretarse conforme al principio de legalidad y no como un cheque en blanco para la permanencia indefinida. En consecuencia, la posibilidad de operar con cuatro magistrados podría constituir una salida temporal, pero no resuelve el problema de fondo.
En suma, la actual situación del Tribunal Constitucional Plurinacional revela una fractura entre la norma constitucional y la realidad institucional. La defensa del Estado Constitucional de Derecho exige restablecer el principio de temporalidad del mandato, fortalecer los mecanismos de control democrático y garantizar que el TCP actúe dentro de los límites que la propia Constitución le impone. Por eso, las autoridades que hoy tienen en sus manos la resolución de este conflicto cargan con una enorme responsabilidad, no solo ante el sistema judicial, sino ante un país entero que espera recuperar la confianza en sus instituciones.
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Luciana B. Miranda Serrano es investigadora y estudiante de Derecho.
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