Informe de la Defensoría del Pueblo.
Una reciente encuesta elaborada por la Defensoría del Pueblo reveló que los principales actores responsables de las violaciones a los derechos de los trabajadores del rubro periodístico en el país son los grupos movilizados y los empleadores de los medios de comunicación. Según el estudio, aplicado a 329 periodistas entre el 13 de mayo y 23 de junio de este año, estos dos sectores concentran la mayor parte de los reportes de vulneración a la libertad de expresión, agresiones y violencia económica, entre otros.
Del total de encuestados, el 26,1% señaló a las organizaciones y grupos movilizados como los principales responsables de las violaciones a los derechos de los periodistas. Un 16,8% indicó que son los empleadores o los mismos medios de comunicación quienes vulneran sus derechos. Le siguen los líderes políticos, con un 15,8% y las entidades públicas, con un 15,2%. Las fuerzas del orden y las organizaciones criminales fueron mencionadas con un 10,9% cada una, mientras que un 1% responsabilizó a las empresas y un 10% a otros actores no especificados.
El 64,8% de los periodistas encuestados afirmó haber sufrido algún tipo de vulneración en el ejercicio de su profesión. Entre los derechos más afectados, la libertad de expresión y de información encabeza la lista con un 36,4%. Le sigue el derecho a la vida y la integridad física, mencionado por un 27,7%. Un 20,7% reportó haber enfrentado violencia económica, relacionada con problemas contractuales, laborales o de seguridad social, mientras que el 15,2% indicó que su reputación o integridad psicológica y moral fueron vulneradas.
Se destaca que el 2019 y el 2023 fueron los años con mayores casos de vulneraciones a los derechos, pues hubo una mayor cantidad de denuncias en comparación con otras gestiones.
“Este informe resalta la importancia que tiene la seguridad de los periodistas y la necesidad de crear un entorno propicio para el ejercicio de la función de la prensa”, manifestó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, durante la presentación de los datos este lunes.
“La conclusión de este informe destaca la falta de protección y equipos de seguridad para los trabajadores de la prensa, lo que los expone a un riesgo mayor. En la misma lógica, informes como el de UNITAS, refieren el aumento significativo de vulneraciones a la libertad de prensa, también hay un informe (denominado) Sombras sobre la Libertad de Prensa en América Latina que establece el uso de la pauta publicitaria como un método de censura económica”, expresó.
En ese sentido, el informe también recomienda al Estado y a la sociedad boliviana la creación de una instancia no estatal para brindar apoyo y asistencia jurídica, administrativa y psicológica a periodistas cuyos derechos están en riesgo.
Callisaya enfatizó que la polarización política genera un espacio de confrontación y limitación del ejercicio de labor periodística, es por ello que destacó la recomendación 19 del informe, que refiere que hay una necesidad de implementar una campaña pública de información sobre el respeto a la legitimidad e independencia de la labor periodística como manera de fortalecer el estado de derecho y la confianza ciudadana en la institucionalidad.
El objeto del reporte de la Defensoría es contar con una línea base para hacer incidencia con el Estado, razón por la cual, convocó a los periodistas para trabajar de manera conjunta.
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