Activistas de El Búnker expulsados de plaza Murillo cuando presentaron su agrupación política «La Tercera República». Foto: ANF.
Las vulneraciones hacia la libertad de expresión en Bolivia, durante el 2023, se dieron mayormente a través de la estigmatización, con un 51% de casos registrados por el Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS, que presentó recientemente su Informe de Situación 2023.
El informe detalla que durante el 2023 se registraron 41 vulneraciones a la libertad de expresión, de las que 21 casos (51%) corresponden a actos de estigmatización que fueron perpetrados por personas particulares y también por funcionarios públicos. Le siguen, con mayor relevancia, las agresiones físicas o psicológicas con 5 registros (12%) y cuatro atentados contra el discurso de interés público (10%), entre otros.
“Es alarmante notar que se trata fundamentalmente de vulneraciones cometidas por autoridades del gobierno con altos cargos jerárquicos, vale decir ministros y viceministros de distintas carteras”, se lee en el informe.
De acuerdo con los datos, los actores que vulneran la libertad de expresión son, principalmente, autoridades estatales del Ejecutivo Nacional (22 casos), persona particular o grupos de personas particulares (8 casos), la Policía Nacional (3 casos), autoridades del Legislativo nacional (3 casos), entre otros.
Los casos de estigmatización más relevantes son los cometidos por autoridades del nivel central de gobierno. Por ejemplo, las declaraciones del vocero presidencial, Jorge Richter, que acusó a los cívicos de la ciudad de Santa Cruz de planificar agresiones y de emplear “técnicas de sicariato” en las manifestaciones por la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho (3/ene/23).
Otra expresión estigmatizante fue la vertida por el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, quien cuestionó la reunión que sostuvo el alcalde de La Paz, Iván Arias, con el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, a quien calificó como un “mensajero” que vino a “avivar y dar aliento a los golpistas de siempre” (9/ene/23).
Otras declaraciones similares corresponden al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y a la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, quienes el 27 de enero de 2023 calificaron como “aventura golpista” o “afanes golpistas” a los pronunciamientos de los cabildos de Santa Cruz, Tarija, Pando, Oruro y Chuquisaca que demandaron amnistía en favor de los presos políticos.
Comparar la marcha de maestros en la ciudad de La Paz como movilizaciones “de la Unión Juvenil Cruceñista o la Resistencia Juvenil Cochala”, como lo hizo el ministro de Educación, Edgar Pary (12/mar/23), o tildar como “personero de la derecha y afín a grandes contrabandistas” al dirigente gremial de El Alto, Toño Siñani, por parte del ministro de Economía, Marcelo Montenegro (17/abr/23); o calificar a las personas que viven en las ciudades como “flojos” frente a quienes viven en el área rural, como expresó el vicepresidente David Choquehuanca (10/jul/23), son otras expresiones que ingresan en la categoría de estigmatización dentro de las vulneraciones a la Libertad de Expresión.
Pero no sólo se han presentado casos de estigmatización en el monitoreo que realiza el Observatorio de Defensores de Derechos, sino también otros relacionados a la aquiescencia del Estado en conflictos que involucran a grupos de choque. Se trata de casos en los que afines al partido de gobierno, autoridades políticas o personas de interés restringen o castigan la expresión de discursos críticos.
En enero, Luciano Marca, líder de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari”, anunció que su sector utilizará medidas de fuerza, como el «chicotear», contra aquellos que se sumen al cabildo cívico nacional en apoyo a los perseguidos políticos.
Otro caso se dio el 24 de enero, cuando los conductores del programa El Búnker, Agustín Zambrana y Amilcar Barral, fueron agredidos por personas afines al MAS en la Plaza Murillo de La Paz mientras realizaban una transmisión en vivo frente al Palacio de Gobierno. El 17 de agosto, estos mismos conductores sufrieron agresiones al momento de presentar su agrupación política “La Tercera República”. En esa ocasión fueron intimados, insultados y expulsados de la Plaza Murillo por simpatizantes del MAS. La Policía intervino para evitar enfrentamientos.
El 27 de febrero, Martín Choque, director de Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de Uncía, Potosí, en el Festival de la Qhonqhota, retiró la silla en la que se iba a sentar el expresidente Evo Morales, como un acto de crítica. Choque, su esposa e hijo fueron golpeados por seguidores del MAS en represalia a su acción.
El pasado martes en la ciudad de La Paz se presentó el Informe de Situación 2023 del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, una herramienta que visibiliza el estado de situación de las libertades fundamentales, la institucionalidad democrática y el derecho a defender derechos en Bolivia, cuya finalidad es la exigibilidad de derechos.
