Hace unos ocho años conversaba con un ejecutivo de la empresa estatal Yacana (productos de lana de camélidos), cuando aún recibía desembolsos del Tesoro General de la Nación para la construcción de su planta industrial en la localidad de Laja. Le pregunté de dónde obtendrían la lana de camélido para procesarla, sabiendo que gran parte de la fibra nacional ya tenía compradores como Altifibers. Su respuesta fue que “existía el tiempo suficiente para que se incrementara el número de criadores”. Esa afirmación dejaba claro que se estaban invirtiendo millones de dólares sobre un simple supuesto.
Hoy, con Yacana como empresa en marcha, su rendición de cuentas 2025 muestra serios problemas de provisión de fibra de camélido. Además, desde 2020, el crédito estatal consume casi todo su capital de trabajo. La empresa apenas sobrevive: genera algunos ingresos por exportaciones a China e Inglaterra, pero depende en gran medida de los desembolsos públicos. Este tipo de compañía, que subsiste gracias al financiamiento estatal sin capacidad real de sostenerse ni generar utilidades, es lo que se conoce como una “empresa zombi”: negocios mantenidos artificialmente con recursos fiscales.
En los últimos años, el gobierno de Luis Arce se autodenominó el “Gobierno de la Industrialización”, impulsando fábricas como procesadoras de papa, zanahoria o cebolla, bajo la misma lógica de Yacana: proyectos sin proveedores suficientes de insumos de calidad ni mercados asegurados. Para la solución del problema estructural de la provisión de materias primas el gobierno recurrió al sector social de los interculturales, promoviendo la creación de comunidades que, en muchos casos, vulneran los derechos de pueblos indígenas de tierras bajas. Un ejemplo es el norte de La Paz, donde se impulsó el cultivo de caña de azúcar para la Empresa Azucarera San Buenaventura o la prueba piloto de palma africana (con una proyección de 60.000 hectáreas para biodiésel), lo que derivó en deforestación y desplazamiento de comunidades indígenas. En el oriente ocurre algo similar con el biodiésel a base de soya y girasol, que incentiva el avasallamiento de tierras fiscales y áreas protegidas para luego exigir su saneamiento.
Las empresas zombi son un problema latente en la economía de China. En 2016, el primer ministro chino Li Keqiang reconoció ante el Congreso Nacional del Pueblo que el país enfrentaba un dilema: “Abordaremos el problema de las empresas zombi de manera proactiva pero prudente, utilizando medidas como fusiones, reorganizaciones, reestructuración de deudas y liquidaciones por bancarrota.”
El caso chino muestra la magnitud del problema: cerrar estas compañías implicaría despedir a 4,3 millones de trabajadores y destinar entre 24 y 73 mil millones de dólares en subsidios. Aunque generan empleo y algo de producción, no logran utilidades, distorsionan el mercado y consumen recursos financieros que podrían usarse de manera más eficiente.
En Bolivia, durante el gobierno de Evo Morales se crearon entre 50 y 60 empresas estatales; bajo Luis Arce, se impulsaron cerca de 200 proyectos públicos de industrialización, según estimaciones de economistas. La mayoría enfrenta dificultades similares: deben pagar créditos al Estado, piden reprogramaciones de deuda a largo plazo y, tras cumplir sus obligaciones, se quedan sin capital operativo. Yacana, por ejemplo, busca extender su deuda a 27 años. En 2024, diez empresas estatales reportaron un déficit de Bs. 540 millones, según declaraciones de Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija.
Algunas atraviesan problemas graves: falta de insumos, productos sin demanda o baja calidad, corrupción, lo que las vuelve insostenibles. Si el próximo gobierno decide cerrarlas, corre el riesgo de no recuperar los créditos otorgados y, al mismo tiempo, asumir los costos sociales de los despidos, lo que incrementaría el déficit fiscal.
El Movimiento al Socialismo, con la creación indiscriminada de empresas públicas, ha colocado al país en una encrucijada. Mantener estas empresas significa continuar transfiriendo dinero público a proyectos deficitarios; cerrarlas implica desempleo, conflictividad social y pérdidas irreversibles para el Estado.
La salida posible es una evaluación rigurosa: potenciar aquellas con capacidad de generar ingresos mediante exportación o encadenamientos productivos reales, y cerrar de forma ordenada las que representan un gasto insostenible. El próximo gobierno deberá decidir entre prolongar artificialmente la vida de estas empresas zombis o encarar un ajuste que, aunque costoso en lo inmediato, libere recursos públicos para un uso de eficiente y sostenible.
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Rubén Ticona Quisbert es economista y activista del Colectivo Lucha por la Amazonia.
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