Editorial Sumando Voces
La situación de los derechos humanos en Bolivia durante los últimos 17 años ha sido recogida por el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), titulado “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia”, luego de la visita in loco realizada a Bolivia en marzo del 2023.
El informe, lejos de asumir posiciones en blanco y negro, es una suma de grises y matices, que muestra los avances y retrocesos en materia de derechos humanos en Bolivia, pero, a su vez, exhibe las debilidades de la democracia boliviana y plantea recomendaciones para avanzar hacia la cohesión social.
El documento de la CIDH señala a la polarización como un problema estructural de la sociedad boliviana, causante de las principales vulneraciones a los derechos humanos y, por eso, plantea como principal desafío la generación de espacios de consenso y diálogo genuino entre los diversos sectores de la sociedad boliviana.
El reto es tan necesario como ambicioso, tomando en cuenta que la polarización en Bolivia está enraizada desde el 2016, cuando el expresidente Evo Morales decidió pasar por alto el resultado del referendo que le prohibió postularse a un nuevo mandato, lo que luego derivaría en la crisis política del 2019, que ahondó la confrontación en la sociedad boliviana.
El informe de la CIDH tiene 222 páginas y hace una revisión de tres grandes temáticas: 1) las transformaciones estructurales en derechos humanos y desafíos pendientes, 2) la institucionalidad democrática, estado de derecho y libertad de expresión, y 3) el sistema de justicia.
En el primer punto, el informe destaca que Bolivia ha tenido significativos avances en materia de igualdad de género, derechos de los pueblos indígenas y derechos económicos y sociales, sin embargo, el informe encuentra que muchos de estos avances quedaron plasmados en cambios constitucionales y legales, pero que no necesariamente tuvieron una aplicación práctica.
Por ejemplo, em el tema indígena señala que “existen desafíos para la implementación práctica y efectiva de la descolonización” y cuando se refiere a las mujeres menciona que “persiste en el Estado un grave fenómeno de violencia de género motivado por una cultura de discriminación contra las mujeres.
En el segundo eje, el informe indica que “la institucionalidad democrática, el estado de derecho y la libertad de expresión también se encuentran afectados por el ambiente de polarización política agravada tras una serie de hechos de conflictividad social en el país”.
El documento es más incisivo en temas de justicia, donde Bolivia enfrenta desafíos históricos en torno a la independencia judicial, las debilidades normativas, el acceso a la justicia, el abuso de la detención preventiva y la grave situación carcelaria. En ese contexto, la CIDH pide, “en el plazo inmediato, una reforma integral del sistema judicial”, una tarea soslayada sistemáticamente por el actual Gobierno.
Los datos presentados por la CIDH ya eran de público conocimiento en Bolivia, sin embargo, la virtud del informe es que proviene de una observación externa y con un enfoque de derechos humanos. Al margen de los cuestionamientos a la independencia de la CIDH, este reporte presenta la realidad boliviana con ecuanimidad y con respeto a las dos visiones de país.
Y, lo más importante es que contiene un paquete de recomendaciones que, de existir un verdadero interés en lograr la cohesión social, debería ser considerado una brújula, particularmente para el Estado que, entre todos los actores, tiene la mayor responsabilidad, por detentar el poder y por estar obligado a cumplir acuerdos internacionales en materia de derechos humanos.
El reporte tiene 32 recomendaciones que van desde implementar una mesa de diálogo con alcance nacional hasta iniciar, en el plazo inmediato, una reforma integral del sistema judicial, pasando por la dotación de garantías para el trabajo de la prensa y para los defensores de derechos.
Para ponerlo en pocas palabras, el informe nos anima a bolivianos y bolivianas a dialogar, a abandonar la confrontación, a explorar puntos de encuentro para bajar la polarización y de esa manera, alcanzar la cohesión social.
La duda es si este informe trascenderá al papel, tomando en cuenta que Bolivia está en puertas de complejos procesos electorales como son las elecciones judiciales, elecciones primarias, elecciones nacionales y elecciones subnacionales. A todo este panorama hay que sumarle la aplicación de los resultados del Censo de población y vivienda que acarrearán polémicas sobre el pacto fiscal, la redistribución de escaños y el rediseño de las circunscripciones electorales.
El desafío es, entonces, de grandes proporciones y sólo será posible si los y las líderes de diversas tendencias abandonan sus intereses personales y adoptan el perfil de estadistas, que es lo que el país necesita con urgencia. Y, por supuesto, el rol de la sociedad civil es también fundamental por su capacidad de convocatoria en el marco de la exigibilidad y corresponsabilidad que guía su accionar.
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