Más allá de la alarma mundial del 2020 generada por el COVID-19, una de las mayores preocupaciones fue la estabilidad del sistema financiero global. El confinamiento y las estrictas medidas de seguridad afectaron gravemente a las industrias, provocando cierres masivos de negocios y una paralización parcial del sector productivo.
Sin embargo, los resultados postpandemia no fueron tan catastróficos como muchos analistas anticipaban. Los mercados financieros lograron recuperarse tras una caída inicial durante los meses más críticos.
Bolivia no fue la excepción. Durante el confinamiento, el Gobierno emitió una normativa de reprogramación de créditos que ayudó a miles de familias y negocios a mantenerse en pie pese a la inactividad económica. En aquel entonces, el sector bancario manifestó su preocupación por un supuesto “riesgo de iliquidez” y “crisis financiera” derivada de la medida. Pasados los años, esos temores no se cumplieron: los bolivianos respondieron con responsabilidad, cumpliendo sus obligaciones financieras.
Hoy, en medio de la crisis económica, se promulgó la Ley N° 1670 de Diferimiento de Créditos, que otorga un alivio temporal de seis meses en el pago de capital e intereses para créditos de vivienda social y créditos productivos de micro y pequeñas unidades económicas.
Pese a ello, políticos, analistas y representantes del sector financiero han vuelto a alertar sobre una posible “crisis de liquidez”, reproduciendo el mismo discurso alarmista del 2020. Pero, sin datos desagregados actuales (2025) de la ASFI, esas afirmaciones carecen de sustento. Además, asumir que el 100 % a los que beneficia esta ley, solicitaran dejar de pagar sus créditos bancarios es completamente irracional.
Recordemos que Bolivia presenta una de las tasas de mora más bajas de la región, con un 3,2 % en 2025 según la ASFI. Aunque hubo un leve incremento desde el 2,9 % en 2023, el indicador se estabilizó desde 2024.
El último reporte desagregado (marzo 2024) muestra que la mora en créditos productivos y de vivienda alcanza apenas el 2,9 %, por debajo del promedio general. Esto demuestra que estos sectores mantienen un alto cumplimiento de sus obligaciones. Por tanto, no hay motivo técnico para prever una crisis bancaria a raíz del diferimiento.
Más allá de los números, recuerdo una charla en 2023 con una señora llamada Clara (madre sola) que vendía huevos en el barrio de Sopocachi, La Paz. Mientras miraba su tienda casi vacía, me contaba que tenía tres hijas en un colegio particular, otro pequeño negocio, y una deuda bancaria que apenas lograba cubrir mes a mes.
Esa es la realidad detrás de ese bajo 3,2 % de mora: miles de familias que trabajan en más de un oficio para mantener a sus familias y cumplir con los créditos. El esfuerzo y sacrificio diario en el cumplimiento de las obligaciones financieras de nuestra población boliviana es admirable. El amor por sus familias hacen posible lo imposible.
Doña Clara se beneficiará de esta Ley, como cientos de familias y pequeños emprendimientos productivos. Los analistas que califican la norma como “catastrófica” ignoran que la contracción de la demanda interna afecta más severamente a micro y pequeñas empresas.
Con la nueva normativa, las personas que no enfrentan problemas de liquidez tienen la opción de continuar pagando sus cuotas con normalidad. Si bien las entidades financieras no pueden negar el derecho de acogerse a la ley, sí pueden realizar un análisis financiero individual de cada cliente, con el propósito de persuadirlo a mantener el pago regular de su deuda bancaria.
Resulta preocupante el nivel de comentarios alarmistas que difunden ciertos actores políticos, representantes empresariales y voceros de la banca privada. Esta preocupación sería justificable únicamente si la mora bancaria hubiera registrado un incremento acelerado el último año.
Los intereses económicos deben ir en equilibrio con el bienestar de la población. Bolivia necesita un cambio profundo: empatía. Si todos los sectores tanto la banca privada, políticos, empresarios, campesinos, indígenas y mineros incorporaran la empatía en sus decisiones, podríamos salir juntos de esta crisis y vislumbraríamos un futuro con mas optimismo.
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Rubén Ticona Quisbert es economista y activista del Colectivo Lucha por la Amazonia.
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