Diego Alejandro Gutiérrez Ávila
La criminalización penal es solo el brazo ruidoso de un sistema más profundo. El verdadero control se ejerce en un «espacio gris» donde la burocracia actúa como un martillo nivelador para amordazar a quienes cuestionan el orden político.
Este espacio gris donde la norma se usa como martillo nivelador de defensores de derechos se encuentra precisamente en el engranaje político para las instituciones y asociaciones de derechos humanos que quieren aportar, limitando su derecho de existir, con acoso tributario y una vigilancia constante del Estado.
Aunque la Constitución garantiza el derecho a la asociación (Art. 21), la Ley 351 de Personalidades Jurídicas ha transformado este derecho en un obstáculo.
“Las organizaciones presentes en la actividad evalúan las dificultades que se presentan al aplicar la Ley 351, norma que se ha enmarcado en un contexto en el que la disminución del espacio cívico es cada vez más apremiante” (Caleman, 2019). Por tanto, esta norma se aplica en un contexto donde la disminución del espacio cívico es cada vez más asfixiante.
La personalidad jurídica deja de ser un trámite para convertirse en un filtro político: si no estás alineado, tu derecho a existir es revocado o zanjado por el papeleo excesivo.
El segundo aspecto es el acoso tributario. El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) ha funcionado como el brazo aleccionador del Estado. Bajo el disfraz de «fiscalizaciones» legales, se ejecutan ataques directos contra instituciones que no comparten los intereses del gobierno de turno. Los abusos de poder y el acoso tributario denunciados durante gestiones como la de Mario Cazón son la expresión clara de esta presión para silenciar voces críticas.
“Sectores empresariales, medios de comunicación, gremios profesionales y ciudadanos afectados exigen que el exdirector del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón Morales, sea investigado por abusos de poder y acoso tributario durante su gestión” (El Diario, 2025)
Esto es pues la expresión de la presión ejercida sobre instituciones de cualquier sentido, para no solo presionar sino acallar las voces que no alineadas con los intereses políticos de la época de turno.
La vigilancia constante obliga a las ONGs a destinar hasta el 80% de su tiempo a responder requerimientos o informes de cumplimiento. Bajo la amenaza de perder la personalidad jurídica —una función ejercida por el otrora Ministerio de Autonomías y las gobernaciones—, las asociaciones quedan sometidas a una eterna vigilancia por el simple hecho de existir.
Como advierte el informe de la Fundación CONSTRUIR (2019), la supervisión se ha desvirtuado hacia una constante amenaza de revocatoria por causales subjetivas: “Esta función de supervisión se relaciona específicamente con la revocatoria de la personalidad jurídica por causales legal y reglamentariamente establecidas”.
Este panorama limita el grado de acción de las asociaciones y defensores de derechos ya que están constantemente sometidos a esta eterna vigilancia por el simple hecho de existir.
La asfixia no es un simple exceso de burocracia, sino es preludio de una extinción planificada. Cuando el Estado obliga a las organizaciones y redes de derechos humanos a destinar el 80% de su tiempo simplemente a justificar su existencia frente a fiscalizaciones y requerimientos subjetivos, está logrando su objetivo más perverso: la desmovilización por agotamiento.
Esta ingeniería del desgaste, amparada en normas como la Ley 351, busca que los espacios de estudio, las bibliotecas de investigación y las redes de apoyo técnico —esos mismos que hoy sostienen la defensa de territorios como Tariquía— desaparezcan por supuesta falta de “legalidad”.
Al asfixiar la institucionalidad, el sistema deja a los defensores de derechos en una soledad absoluta; sin el respaldo de una organización con personería jurídica, estos ya no solo enfrentan un proceso judicial, sino una muerte civil que precede al banquillo penal.
En última instancia, el riesgo de desaparición de estas redes no es solo un problema de las ONGs; es un síntoma de una democracia que prefiere el silencio administrativo a la crítica ambiental.
Si permitimos que el derecho administrativo siga siendo usado como un arma de asedio, llegaremos al punto donde la defensa del territorio sea imposible, no por falta de voluntad, sino porque las estructuras que hacían posible esa lucha habrán sido borradas de los registros públicos bajo el peso de un sello y una firma estatal.
Como advirtió la Defensoría al iniciar este 2026, criminalizar la defensa es un ataque contra las futuras generaciones; permitir su asfixia administrativa es, simplemente, asegurar que esas generaciones hereden un desierto de derechos.
Diego Alejandro Gutiérrez Ávila es abogado especialista en litigio estratégico de Derechos Humanos.
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