Representantes de la sociedad civil de diversos países presentan casos de vulneración de derechos en la extracción de minerales para la transición energética. Fue el viernes en Washington. Campanini es el segundo de la izquierda Foto: CIDH
En una audiencia en la que se abordó el tema de los “impactos de la extracción de minerales en el contexto de transición energética”, el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso del litio boliviano que, según el investigador Oscar Campanini, es un proyecto que se lleva adelante sin consulta previa a las comunidades y poniendo en riesgo las fuentes de agua.
Pese a esos riesgos, dijo que el Estado está firmando convenios con empresas chinas y rusas para la extracción del litio en el salar de Uyuni y que, además, hizo una convocatoria internacional para otros cuatro salares: Empexa, Capina, Cañapa y Chiguana. En total, son 26 los salares reservados por norma para la explotación del litio, indicó el investigador.
Diversas organizaciones de la sociedad civil de la región participaron de la audiencia, que se llevó a cabo el viernes en Washington, donde se presentaron casos de vulneración de derechos humanos y daños ambientales por la extracción de minerales destinados a la transición energética.
El comisionado para los derechos sociales y económicos (REDESCA), Javier Palummo, observó “la generalización” y dijo que existen casos exitosos de consulta popular y que, con una buena gobernanza y la tecnología adecuada, la explotación de estos minerales puede ser positiva, tomando en cuenta que estos minerales son necesarios para abandonar los combustibles fósiles y dar paso a la transición energética.
“Quizá se omitieron casos en que la regulación y la consulta previa sí han permitido un desarrollo menos invasivo y más respetuoso de los derechos humanos», dijo el comisionado.
Agregó que la REDESCA en un informe anterior ha instado a los estados a adoptar medidas concretas hacia la transición energética respetando los derechos humanos, laborales, entre otros.
Campanini, en lo que respecta a Bolivia, replicó que no existe ningún caso de consulta previa exitoso y que, por el contrario, siendo el Estado el dueño del negocio, es el mismo Estado el que limita las normativas, reduce las categorías para la consulta y amedrenta a los defensores ambientales.
Explicó que el litio se extrae de debajo de los salares, por lo que se requieren millones de metros cúbicos de agua dulce y salada, pero los salares se encuentran en lugares desérticos donde la vida sólo es posible gracias al agua subterránea fósil.
«Por esta razón, extraer volúmenes tan grandes de agua para extraer el litio tendrá drásticos impactos sobre las fuentes de agua, tanto en calidad como cantidad, por tanto pondrán en peligro los ecosistemas”, dijo el investigador boliviano.
Explicó que el proyecto gubernamental invirtió más de mil millones de dólares en más de 11 años, pero que recién este año arrancó con una plata que opera al 20% de su capacidad “con problemas de corrupción” y con la firma de convenios con empresas rusas y chinas.
Indicó que el 2012 y el 2018 se realizaron consultas públicas, pero “no han hecho participar a las comunidades indígenas con tierras colectivas tituladas” y tampoco se proporcionó información precisa.
Según dijo, ya existen denuncias informales de comunidades que han visto disminuida la cantidad de agua en sus vertientes y pozos.
“Desde 2023 se han firmado convenios y se han iniciado actividades de exploración e instalación de campamentos con una empresa rusa y dos chinas sin consulta alguna con las comunidades afectadas”, comentó. Mientras que en 2024 se ha sacado una segunda convocatoria internacional para otros cuatro salares “otra vez sin ningún procesos de consulta”.
Una representante de Argentina dijo que la extracción del litio en su país ha provocado que un río se seque a lo largo de 5 kilómetros y otros presentaron testimonios de vulneración del derecho a la consulta en sus territorios.
Los representantes de la sociedad civil indicaron que la extracción de minerales para la transición energética está dejando un cuadro de riesgos y afectaciones a los derechos humanos en varios territorios de la región.
Las afectaciones, según dijeron, tiene que ver con el agua, el derecho al ambiente sano y los derechos de los pueblos indígenas.
Por este motivo, pidieron a la Comisión a instar a los estados a crear zonas intangibles libres de minería, abstenerse de modificar los marcos normativos de protección ambiental o indígena, respetar y garantizar el marco de protección del derecho a un ambiente sano, implementar mecanismos de supervisión y fiscalización a actores públicos y privados involucrados en la extracción de minerales, además de fortalecer los sistemas de justicia.
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