Bolivia aceptó cinco de las nueve recomendaciones sobre libertad de prensa que recibió en el marco de su cuarto Examen Periódico Universal (EPU), realizado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sobre el papel, estas respuestas pueden ser presentadas como señales de compromiso internacional. Pero el recorte selectivo de las recomendaciones aceptadas revela más bien una política estatal que continúa evitando las transformaciones estructurales que demanda un entorno verdaderamente seguro para el ejercicio periodístico.
Entre las recomendaciones aceptadas destacan varias de peso: investigar agresiones contra periodistas (Canadá), establecer mecanismos de protección (Bélgica y Alemania) y garantizar la diversidad mediática (Eslovaquia y Liechtenstein). Son compromisos necesarios, sin duda. Pero, en contraste, el Estado decidió “tomar nota” —es decir, no comprometerse— respecto a recomendaciones cruciales como la creación de un mecanismo de protección integral para periodistas (Italia), o la adopción de un marco legal específico que garantice la libertad de expresión (Corea).
La respuesta oficial a las recomendaciones no aceptadas fue que ya existen mecanismos como la Defensoría del Pueblo y el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima. Sin embargo, estos no cumplen con las condiciones exigidas por los estándares internacionales para garantizar una protección efectiva y especializada.
En el caso del SEPDAVI, su diseño institucional responde a una lógica de asistencia general a víctimas, sin contar con un enfoque específico en la protección de periodistas ni con procedimientos diferenciados para responder a los riesgos que enfrentan en el ejercicio de su labor. Tampoco se ha demostrado que cuente con la capacidad técnica, ni con protocolos adecuados para prevenir agresiones, brindar protección o garantizar justicia en casos de ataques a la prensa.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo cumple un rol importante en la promoción y defensa de los derechos humanos. No obstante, su mandato generalista, la falta de especialización en materia de libertad de prensa, así como las restricciones presupuestarias y operativas que enfrenta, limitan seriamente su capacidad de brindar una respuesta adecuada ante las agresiones crecientes al gremio periodístico.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara al establecer que los Estados deben adoptar medidas reforzadas de protección para periodistas en riesgo, que incluyan no solo respuestas reactivas, como la investigación y sanción de los responsables, sino también acciones preventivas eficaces. La ausencia en Bolivia de un mecanismo especializado y autónomo contradice estos estándares y perpetúa un entorno de vulnerabilidad e impunidad para quienes ejercen el periodismo.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tras investigar la violencia en Bolivia en 2019, recomendó crear una instancia no estatal para brindar apoyo y asistencia a periodistas. Pero la respuesta del entonces ministro de Justicia fue reveladora: esa no era “tuición del Estado”. Una lectura institucional de una recomendación que exige, en realidad, voluntad política de proteger el ejercicio periodístico sin excusas ni evasivas.
La aceptación parcial de las recomendaciones del EPU en materia de libertad de prensa, sin un compromiso claro con su implementación efectiva, refleja una política de cumplimiento formal más que sustantivo de las obligaciones internacionales del Estado boliviano. La persistencia de un entorno hostil para el ejercicio periodístico, sumado a la ausencia de mecanismos especializados y eficaces de protección, contradice los estándares establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Garantizar la libertad de prensa no es una cuestión de voluntad política ocasional, sino una obligación jurídica permanente que debe traducirse en acciones institucionales concretas, sostenidas y verificables. El incumplimiento de estas obligaciones no solo vulnera los derechos de quienes ejercen el periodismo, sino que debilita el derecho colectivo a la información y, con ello, los fundamentos de una democracia abierta, plural y deliberativa.
–0–
Claudia Terán es abogada especialista en DDHH
Las opiniones de nuestros columnistas son exclusiva responsabilidad de los firmantes y no representan la línea editorial del medio ni de la red.
