En el primer informe de la Mesa de Seguimiento (MESEG), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no reportó avances del Estado boliviano en la generación de medidas de protección y prevención de vulneraciones hacia periodistas. Para el abogado Ramiro Orias, es probable que no se tenga reportes porque el avance es nulo o poco significativo.
La recomendación N° 27 del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), sobre la violencia suscitada en la crisis del 2019, insta al Estado a crear “una instancia no estatal para brindar apoyo y asistencia jurídica, administrativa y psicológica a periodistas cuyos derechos están en riesgo de ser vulnerados”.
Sin embargo, en el reciente informe de la MESEG a las conclusiones emitidas por el GIEI no se tiene reporte alguno sobre el cumplimiento de esta recomendación. Según se lee en el documento, este primer informe responde a una priorización de recomendaciones acordadas con el Estado boliviano.
“No se explican bien cuáles son los criterios para escoger una recomendación y no otras. Debería haber tenido unos criterios de selección más claros. Parecería que el criterio ha sido no pronunciarse todavía (sobre recomendaciones) donde hay avance nulo o no hay un avance significativo”, analizó Orías en entrevista con el periódico digital Sumando Voces.
Respecto a este mecanismo no estatal, el informe conclusivo del GIEI, emitido en 2021, establece que debe ser la instancia “responsable de monitorear y preparar informes públicos sobre vulneraciones de los derechos de los/as periodistas, en particular, actos de hostigamiento, intimidación y violencia, y por hacer el seguimiento de la implementación de medidas de protección y prevención que deben ser adoptadas por el Estado”.
Orías precisó que, en otros países, estos mecanismos se concretan a través de la aprobación de leyes que establecen la creación de una institución independiente del Poder Ejecutivo, con apoyo presupuestario del Estado, para defender a personas y organizaciones defensoras de derechos, que incluyen también a periodistas.
“En algunos países de la región, por ejemplo, se han aprobado mecanismos nacionales de protección de defensores de derechos humanos, con aprobación de leyes, y se adopta la política pública de protección a defensores, que incluyen a periodistas y otros actores que pueden ser sujetos de ataques por restricciones por su trabajo. De acuerdo con el compromiso, pues el Estado debería promover el establecimiento de un mecanismo no estatal”, explicó el jurista.
De acuerdo con el Observatorio de Defensores de Derechos de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), entre enero y octubre de este año se han registrado 111 vulneraciones a la libertad de prensa, siendo las agresiones físicas a periodistas las más recurrentes.
En su informe preliminar sobre lo ocurrido en la crisis del 2019, la CIDH recomendó al Estado boliviano “garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas”.
Pese a esta recomendación, los índices de violencia hacia periodistas se han incrementado, de una agresión cada seis días en 2018, a una agresión cada tres días en 2022, según datos del Observatorio de UNITAS.
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