Marcelo Arandia Alarcón
Bolivia atraviesa un desafiante proceso electoral en busca de nuevos paradigmas de sociedad y modelos de desarrollo, que le permitan enfrentar la profunda crisis estructural que viene atravesando. En este escenario, el electorado se encamina a un balotaje el 19 de octubre entre Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Jorge Quiroga Ramírez de la “Alianza Libre”.
El análisis de las propuestas programáticas de ambas fuerzas políticas revela una ausencia significativa: no presentan estrategias específicas ni innovadoras para revertir la crítica situación del “desarrollo rural boliviano”, caracterizado por la implementación de un modelo basado en el extractivismo y el “uso intensivo de recursos naturales”, con poca diversificación e impactos ambientales que afectan a la mayoría de las áreas rurales.
La importancia de la agricultura familiar
La contribución de la agricultura familiar (A.F.) [1] a la producción y consumo de alimentos en Bolivia es elemental para la seguridad y soberanía alimentaria del país. Actualmente, el aporte de la A.F. corresponde al 61 % del volumen total de la producción nacional; asimismo, es la principal generadora de empleo, absorbe el 95 % del total de la mano de obra agrícola. El destino principal de la producción de la A.F. es el mercado interno (68 %), seguido de la transformación (11 %), el autoconsumo (10 %), consumo animal y semilla (7 %) y venta al exterior (1 %). Además, según las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA), la AF se distribuye principalmente en los Valles (51,33 %), el Altiplano (22,5 %), los Llanos tropicales (18,68 %), el Gran Chaco (6,03 %) y la Amazonía (1,47 %). Estas cifras demuestran que la agricultura familiar en pequeña escala constituye un sector dinámico y estratégico. Sin embargo, no ha recibido la inversión ni el apoyo necesario para superar sus actuales condiciones de baja productividad y exclusión social.
Vulnerabilidad y desigualdades
El crecimiento económico y social en las áreas rurales es altamente vulnerable frente a la variabilidad climática, que se manifiesta en eventos extremos como inundaciones, incendios forestales y sequías. Estos fenómenos profundizan la desigualdad territorial, afectando especialmente a pueblos indígenas, comunidades campesinas y mujeres en las áreas rurales del país.
Factores limitantes del “desarrollo rural” en Bolivia
El verdadero desafío para el país es definir una agenda productiva rural capaz de articular a diversos actores (empresarios agropecuarios, campesinos, pueblos indígenas, entre otros) en torno a una estrategia consensuada, sostenible y competitiva.
Actualmente, el desarrollo rural enfrenta problemas estructurales:· Degradación de suelos.· Escasez de agua.· Deforestación acelerada.·Ausencia de asistencia técnica.
En los últimos 20 años, la frontera agrícola se ha duplicado, principalmente en beneficio de la agroindustria[2]. Este sector se caracteriza por un uso intensivo de agroquímicos y semillas transgénicas, alta dependencia de insumos externos y predominio de capitales extranjeros, replicando el modelo brasileño de producción intensiva.
Se evidencia también una creciente competencia territorial entre un modelo agroexportador y de explotación de los recursos naturales versus un modelo alternativo impulsado por productores campesinos e indígenas, que busca un desarrollo sostenible con enfoque agroecológico y uso racional de la tierra.
Si bien el Estado ha realizado inversiones públicas en el sector productivo, estas políticas se han caracterizado por su desarticulación e ineficiencia, con programas duplicados y sin coordinación. Además, no existen políticas diferenciadas que respondan a las necesidades de los distintos tipos de productores rurales.
Programas de gobierno sobre “desarrollo rural” para el balotaje.
La oferta programática de las principales corrientes políticas que participarán en el balotaje NO presenta estrategias exclusivas, destinadas a solucionar las condiciones actuales de la problemática rural en el país y mucho menos que proyecten una visión hacia un desarrollo rural sostenible desde lo territorial con enfoque agroecológico.
Rodrigo Paz – PDC: Propone la “Agenda 50/50”, que busca redistribuir los recursos públicos de manera equitativa entre el nivel central y las regiones, priorizando la descentralización y la autonomía económica. Su propuesta se concentra en tres ejes (economía, institucionalidad y justicia) con acciones sectoriales en 14 dimensiones[3].
Jorge “Tuto” Quiroga – Alianza Libre: Plantea reformas legales para atraer inversión extranjera, no descarta acudir a organismos internacionales en busca de un fondo de estabilización que permita hacer frente al déficit fiscal. En su pilar, “reactivar la producción”, plantea emular el crecimiento agropecuario de Paraguay; garantizar la seguridad jurídica de la propiedad privada y que el concepto de la FES es para incentivar la producción; incentivar la biotecnología para mejorar la productividad, cuidando el medio ambiente; desarrollo y mejora de la infraestructura que facilite las exportaciones; política contra incendios de bosques e incentivos para un desarrollo agropecuario sostenible y amigable con el medio ambiente; política para la producción de bioetanol y biodiésel; mejora en la normativa para la explotación forestal y reforestación para obtener recursos emitiendo bonos de carbono y bonos verdes.
Foto: Pincel digital
Ambos programas, sin embargo, carecen de estrategias específicas que fortalezcan al mundo rural y que apunten a reducir pobreza, desigualdades y vulnerabilidades en comunidades campesinas e indígenas.
Propuestas para un desarrollo rural sostenible con enfoque territorial y agroecológico.
Un punto de partida para mejorar las condiciones actuales del desarrollo rural en Bolivia tiene que ver con la necesidad de reorientar las políticas públicas hacia un desarrollo rural integral y sostenible, basado en la participación de todos los actores del territorio y en un enfoque agroecológico.
Es necesario implementar estrategias y políticas que superen y trasciendan las fallas actuales por las que atraviesa el desarrollo rural y que están focalizadas en:Generar estrategias para fortalecer el enfoque territorial, que en muchos casos están delimitadas por rasgos de identidad cultural, políticos, sociales, económicos y/o ambientales que distinguen a sus poblaciones, reconociéndoles desde sus diversas formas de organización, de gestión y de ser en la sociedad las decisiones que deben tomar sobre sus visiones de desarrollo y, con ello, apuntalar iniciativas y estrategias productivas que les permitan responder a sus necesidades actuales.
Las nuevas políticas deben transitar de la especialización de “rubros productivos” a “modelos diversificados y sostenibles” mediante: a) la incorporación de la multifuncionalidad y pluriactividad de la agricultura familiar, incluyendo actividades ligadas al empleo e ingresos no agropecuarios; b) valorizar el patrimonio de la biodiversidad bajo criterios de valor, no solo desde la dimensión económica. c) Impulsar la conservación y diversificación de los agroecosistemas desde la implementación de iniciativas agroecológicas diversificadas e innovadoras, capaces de dar respuestas a las diferentes tipologías de productores rurales; y d) estimular la articulación comercial urbano/rural, campo/pueblos, ciudades intermedias, productores/consumidores y nuevos productos y servicios conectados en circuitos de proximidad.
Enfatizar en la incorporación de estrategias de resiliencia y adaptación al cambio climático, que contribuyan a proteger, conservar y gestionar los bosques de manera integral y sostenible según los pisos ecológicos del país; fortaleciendo la pequeña agricultura familiar para garantizar una seguridad y soberanía alimentaria desde un enfoque de gobernanza ambiental en los diferentes espacios rurales.
Es necesario implementar la gestión territorial adaptativa como estrategia para la generación de condiciones para un desarrollo rural resiliente y productivo, mediante el fortalecimiento económico, social y ambiental, promoviendo espacios de concertación y articulación entre los diferentes actores para lograr una gobernabilidad rural mediante consensos con visión de largo plazo.
Impulsar modelos productivos alternativos y sostenibles a partir de la diversificación productiva y el aprovechamiento de sus recursos naturales, implementando: a) sistemas agroforestales, b) prácticas sobre ganadería semi intensiva, c) criterios de reducción de riesgos de recursos naturales con prioridad del recurso agua y el manejo de humedales y d) fortalecimiento de organizaciones económicas campesinas e indígenas; incorporando criterios de sostenibilidad social, ambiental y de equidad de acceso a los recursos naturales.
Promover acciones de reactivación productiva y económica del área rural, mediante la transformación de productos no maderables del bosque y sistemas agroforestales en la Amazonía, la agricultura sostenible bajo riego en los Valles y piscicultura en la Chiquitanía, así como una nueva ganadería bajo manejo en la región del Chaco y la ganadería lechera altoandina, que se constituyen en evidencias implementadas en la actualidad y que sirven de modelos de producción alternativos, rentables y ambientalmente sustentables.
Impulsar procesos de innovación tecnológica que permitan el fortalecimiento de emprendimientos e iniciativas de generación de valor agregado a la producción primaria de los pequeños y medianos productores rurales, con el objetivo de generar excedentes a través de la comercialización de productos (cusi, copaibo, café, pescados y otros), ya sea como materia prima o como productos transformados con valor agregado.
Dada la situación de crisis económica que vive el país, es necesario impulsar políticas que incentiven la generación de empleo en las zonas rurales, como las compras estatales y el fortalecimiento de cadenas de valor agroecológicas, resaltando el rol de la agricultura familiar mediante la generación de empleo y asegurando un acceso más justo y equitativo a los recursos y oportunidades de la inversión estatal para el área rural.
Finalmente, necesitamos mejorar el diseño de leyes y planes, como la instauración de nuevas instituciones orientadas a mejorar el manejo y la capacidad productiva del área rural, para lo cual es necesario articular una agenda estratégica entre el sector público y privado, que permita encarar acciones urgentes, destinadas a revertir la actual destrucción ambiental por la que atraviesan grandes áreas boscosas que tiene el país; es importante ejercer mayor control sobre las actividades económico-productivas ligadas al uso intensivo de los recursos naturales, implementando acciones técnicas que promuevan un mejor manejo, conservación y restauración de los medios de vida rurales.
[1] Cuaderno de investigación 91 CIPCA; Contribución de agricultura familiar campesina indígena a la producción y consumo de alimentos en Bolivia; Carola Tito – Fernanda Wanderley; 2021.
[2] Expansión de la frontera agrícola. Gonzalo Colque. F. Tierra. 2014.
[3] Educación; Salud; Empleo; Seguridad social; Sectores vulnerables; Medio ambiente y recursos hídricos; Ciencia, Tecnología e Investigación; Deporte; Turismo; Hidrocarburos y energía; Minería; Régimen penitenciario; Seguridad y defensa del estado; Seguridad ciudadana.
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Marcelo Arandia Alarcón es director de CIPCA Santa Cruz
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