Stasiek Czaplicki, y Manuel Morales intervinieron en el foro sobre las alternativas a los agrotóxicos. Foto: Captura
Panelistas del foro debate denominado “Alternativas para el futuro sin agrotóxicos” advirtieron que la autorización gubernamental de dos nuevos eventos de soya transgénica, así como la liberación de aranceles para la importación de agrotóxicos, son ventajas que únicamente benefician al sector del agronegocio, que produce principalmente para la exportación, mientras la mayor parte de los alimentos que se consumen en Bolivia provienen de la agricultura familiar y campesina.
En el marco de la crisis económica que ha dejado al país sin dólares y sin el suficiente combustible para el parque automotor, el gobierno de Luis Arce aprobó el 29 de agosto la liberación de la importación de agroquímicos. El anuncio fue hecho por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
Según el panelista, Stasiek Czaplicki, esta es la segunda vez que se liberan las importaciones de agroquímicos en los últimos años y, sin tomar en cuenta los agrotóxicos, se están adquiriendo 350 millones de dólares en agroquímicos de forma legal, la mitad proveniente de China.
Esta medida se suma a un decreto que autoriza la inversión de 443 millones de bolivianos en la instalación de nueve plantas de agroquímicos en Bolivia, pero últimamente se subió la cifra a 572 millones de bolivianos para que las plantas instaladas sean 13. Según dijo el especialista, para el apoyo humanitario tras los incendios se destinó apenas 5 millones de bolivianos, lo que quiere decir que para los agroquímicos se está destinando 100 veces más.
La otra forma de favorecimiento al sector del agronegocio es la autorización de transgénicos, indicaron los panelistas.
El 26 de octubre, el Gobierno aprobó la autorización de la semilla de soya transgénica HB4 y la resolución fue entregada por el ministro de Desarrollo Rural y Tierra, Yamil Flores, el 6 de noviembre a la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), como parte de un acuerdo con el Ejecutivo.
Mientras que el 19 de octubre, se aprobó la autorización para la soya intacta, otra variedad de producto transgénico que tendría que ser destinada únicamente a la producción de biocombustibles. El documento fue entregado a los interculturales por el ministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer.
El panelista Manuel Morales, durante el foro, explicó que, con estas dos autorizaciones, ya suman tres eventos de soya transgénica en el país, porque antes ya existía la RR. “Y como también ha autorizado la libre importación de agrotóxicos y de mercurio, está dando beneficios a los agropecuarios y a los interculturales”, dijo el también dirigente del Consejo Nacional de la Democracia (CONADE).
Según Czaplicki, una de cada tres hectáreas de soya cultivada en el país, es transgénica, mientras que el 80% del maíz también lo es. “Las normas son una cosa y la realidad de los transgénicos es otra cosa”, dijo, por lo que considera que “legalizar los transgénicos no va a subir los rendimientos”.
Czaplicki y Morales coincidieron que es un mito que este sector, que recibe los privilegios del Gobierno, alimente a Bolivia. Por el contrario, coincidieron que la agricultura familiar y campesina es la que aporta la mayor cantidad de productos para la mesa de los bolivianos.
Czaplicki dijo que hasta el 80% de los alimentos provienen de los pequeños productores, mientras que Morales indicó que el 54% de los alimentos provienen de ese sector.
Entre tanto, la mayor parte de la producción del agronegocio se destina a la exportación. Czaplicki explica que la narrativa de que ese sector alimenta al país se basa en el volumen de la caña de azúcar que equivaldría al 40% de la producción, pero dijo que obviamente los bolivianos no se alimentan de caña de azúcar.
Czaplicki explicó que estas y otras medidas, obedecen a “una ola de expansión agropecuaria gigantesca” que emergieron de las directrices de la cumbre agropecuaria de 2015, cuando la frontera agrícola se incrementaba a razón de unas 200 mil hectáreas cada año, pero el año pasado, ya se llegó a 1,2 millones de hectáreas.
Según el investigador, los agropecuarios compran tierras baratas, las valorizan a través del desmonte y luego obtienen créditos con bajos intereses con esa garantía.
“Son los mimados del país, reciben créditos extremadamente baratos, hay un fondo de apoyo de 300 millones de dólares, a 0,5% de interés”, dijo, mientras que el resto de los bolivianos tiene que pagar altísimos.
El foro fue organizado por diversas instituciones de la sociedad civil, que impulsan la campaña «Quita el veneno de tu plato, consume alimentos saludables».
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