Carlos Derpic
El próximo 19 de abril se cumplirá el segundo aniversario de la muerte de Marco Antonio Aramayo, el ex director del Fondo Indígena Originario Campesino (FONDIOC), que fue condenado a muerte por el “gravísimo pecado” que cometió al denunciar el desfalco que se estaba produciendo en el mismo, a nombre de “los más pobres, los humildes y los más necesitados” a los que dice representar el MAS. Aunque la condena provino del expresidente Morales, fue ejecutada en parte durante sus gobiernos y también durante el actual, cuyo ministro de ¿justicia? prometió a la familia de Aramayo una ayuda que nunca llegó. Los ejecutores directos fueron jueces, fiscales y policías.
Desde ya, queda el recuerdo imperecedero de la valentía de Marco Antonio, que le costó la vida y el gran ejemplo de integridad y honestidad que dio a Bolivia y al mundo. No le costaba nada declararse culpable para que los 256 procesos penales que le armaron por la supuesta comisión del mismo delito, concluyan y recupere su libertad, pero él dijo que nunca se declararía culpable de algo que no hizo, y cumplió su palabra.
Como un homenaje a su sacrificio y a dos años de su muerte veamos cómo anda la administración de justicia, que lo torturó y asesinó.
Está en marcha un nuevo proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales. En las dos anteriores ganaron los votos nulos y blancos, que llegaron a más del 65%, por lo que los “elegidos” carecen de legitimidad (aunque “les vale” y “le meten nomás”). Pero, esta vez hay un dato adicional: estos mismos ilegítimos se auto prorrogaron en sus funciones en contra de lo que manda la Constitución, viciando de nulidad sus actos. Pero, como no podía ser de otra manera., un par de días antes de concluir sus mandatos hicieron flor de barbaridades, como la sentencia constitucional que pretende restituir derechos a la familia del millonario Branko Marinkovic sobre la laguna Corazón, entre varias otras.
Los dos dirigentes de ADEPCOCA que estaban en la cárcel a raíz de procesos armados en su contra, porque no se sometieron al gobierno de Arce que puso a funcionar un mercado ilegal de coca, a la cabeza de un dirigente vendido, recuperaron su libertad. Primero Freddy Machicado, en medio de comentarios de que se vendió al MAS; luego César Apaza después de haberse declarado culpable de los cargos que le hicieron, aunque en realidad nunca cometió ningún un delito. La salud de Apaza se deterioró gravemente y muchos que debían haber colaborado con él no lo hicieron. Lamentablemente, pese a que fueron apalabrados para hacerlo, miraron para un costado. Hay que estar en los zapatos de los afectados para entender sus decisiones. Un tercer dirigente Raúl Uría, sigue en la cárcel, por órdenes del ministro de Gobierno y porque no se declara culpable de algo que no cometió.
Sigue también el proceso contra los dirigentes de la Resistencia Juvenil Cochala, a los que les quieren imponer penas que no corresponden a actuaciones que no son delito.
Desde luego a quienes forman parte del gobierno del MAS les alegran las declaraciones de culpabilidad porque son como los violadores que se satisfacen sometiendo a mujeres en contra de su voluntad; los masistas se satisfacen con las declaratorias de culpabilidad porque creen que con ellas están cambiando la realidad.
Frente a esto hay que destacar que se han producido hechos significativos de un año a esta parte. Durante 2023, la agrupación “Juristas Independientes” intentó promover una reforma constitucional para atacar a fondo los problemas de la administración de justicia y, aunque no alcanzó el millón y medio que se requería para ello y a pesar de las presiones de todo tipo del MAS para impedirlo y al miedo que sienten muchas personas, obtuvo más de 800.000 firmas. Asimismo, este intento permitió confirmar que la Constitución del Estado Plurinacional, es un instrumento de reproducción del poder del MAS y no la maravilla que los masistas dicen que es.
La masacre del hotel Las Américas, producida en 2009, también está mostrando contornos interesantes, comenzando por la caída del supuesto “caso terrorismo” con el que el MAS hizo sufrir a tantas personas. Evo Morales tendrá que rendir cuentas de la orden que dio hace 15 años, aunque ya está culpando de lo sucedido a su ex vice, en medio de afirmaciones en sentido de que no se escapará, aunque muchísimas personas no le creen, porque le vieron fugar cobardemente en 2019, inventando luego un supuesto “golpe” con el que pretendió encubrir el fracaso de su plan de hacer arder Bolivia y su vergonzosa fuga.
El pueblo boliviano se va dando cuenta, poco a poco, que el MAS hizo y hace de todo para reproducirse en el poder, incluyendo los inventos de delitos que imputan a todos quienes no se someten a sus dictados.
Los reclamos por justicia en el caso de Marco Antonio, por parte de su familia y su abogado, siguen adelante y, más pronto que tarde, el “Estado Plurinacional” deberá indemnizar por este escandaloso caso.
El ejemplo de Marco Antonio sigue vigente iluminando el camino de todos quienes quieren sinceramente una reforma de la justicia. Nuevamente gracias por todo, Marco Antonio.
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Carlos Derpic es abogado
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