Gonzalo Colque
Al 30 de septiembre del 2024, la superficie quemada alcanzó 10,1 millones de hectáreas en Bolivia, según el último reporte de la Fundación TIERRA. Aunque el fuego seguirá activo en las próximas semanas, esta cifra evidencia que lo sucedido es un desastre ambiental que no tiene antecedentes en la historia nacional.
Teniendo en cuenta que en 2019 se quemaron alrededor de 5,3 millones de hectáreas a nivel nacional, prácticamente, la cifra de este año duplica el registro de hace cinco años. Para conocer la cifra definitiva, tendremos que esperar que concluya la temporada de quemas y que los incendios vayan extinguiéndose con las lluvias de finales de octubre o inicios de noviembre.
Entre otros datos de relevancia, está el hecho de que el 68% del área quemada se encuentra en el departamento de Santa Cruz y el 29% en el departamento de Beni. Esto significa que los incendios ocurridos en otras regiones, incluyendo los del norte de La Paz o Pando, son marginales en comparación con la magnitud del desastre del oriente boliviano. En términos absolutos, el área quemada de Santa Cruz está en torno a 6,9 millones de hectáreas y Beni registró 2,9 millones de hectáreas.
Que el territorio cruceño sea el más afectado no es una casualidad, sino que refleja inequívocamente los nexos directos entre incendios y agricultura de monocultivos a costa de los bosques. El origen de las quemas es el fuego provocado o intencionado; el que se usa para quemar áreas desmontadas en los meses previos. No es la quema tradicional a pequeña escala para sembrar yuca o arroz, sino la conexa al desmonte mecanizado de grandes extensiones. Fundamentalmente, es la conversión de bosques en monocultivos de soya, sorgo y pastos. Y la motivación no es otra que la búsqueda del lucro rápido y fácil a costa de la depredación de la naturaleza.
Una diferencia con respecto a otros años es que las tareas de identificación de los responsables directos se complejizan bastante por la magnitud del desastre. Para empezar, los focos de calor o puntos de inicio del fuego se multiplicaron, lo que desde ya complica las labores de fiscalización y evaluación técnica y jurídica de las quemas. Pero la tarea más desafiante estará a la hora de establecer con precisión cuáles de las propiedades agrarias son responsables directas y cuáles son víctimas del fuego provocado en otras propiedades o regiones.
Además, las afectaciones sobre las poblaciones locales son mucho mayores que lo conocido hasta ahora. Se quemaron casas de familias pobres, sus cosechas, los medios de vida de las comunidades indígenas dependientes de la caza y pesca. Pequeños ganaderos, incluso medianos y grandes, perdieron cientos de cabezas de ganado vacuno, que se murieron en el monte víctimas del fuego. En muchas áreas quemadas, familias, comunidades y propietarios privados no tienen forrajes ni agua para sus ganados. Este tipo de afectaciones no eran comunes en los años anteriores, incluyendo lo sucedido el 2019.
Tenemos que también hablar de la contaminación del aire. Todavía desconocemos cuáles serán las consecuencias para la salud humana a causa de la exposición prolongada al humo. Las familias de las áreas quemadas sufrieron las peores consecuencias. Las escuelas o unidades educativas fueron cerradas y los centros de salud no estaban preparados para una emergencia sanitaria insospechada. La ciudad de Santa Cruz, aun estando a mayor distancia de las áreas quemadas, estuvo atrapada en una densa humareda por varios días y semanas consecutivas, al grado que también las autoridades educativas cerraron las escuelas por algunos días.
La población cruceña no reaccionó como esperaban muchos bolivianos. Muchos gremios y sectores guardaron un silencio cómplice. El Comité Cívico ni amagó con lanzar una convocatoria para un cabildo de consulta o protesta. Es el peor desastre ambiental de la historia cruceña, pero los cívicos no supieron leer los hechos a la luz de la historia. ¿Qué podría ser más importante que el fuego en Santa Cruz 2024 para convocar a un cabildo? Lo sabremos la próxima vez que los cívicos discursen en el Cristo.
Sería un desacierto seguir intentando explicar el desastre de este año con los mismos criterios de los años anteriores. Algo ha cambiado. Quizá ese algo sea la presencia de nuevos factores explicativos o el mayor peso de fenómenos considerados hasta ahora relativamente marginales como sería la fusión entre la explotación de los recursos naturales, el blanqueo de capitales mal habidos en la agricultura mecanizada y el tráfico de tierras fiscales desde el poder político del Movimiento Al Socialismo(MAS).
No me refiero a todo el agro cruceño, sino a las pugnas por el control de las tierras de las zonas quemadas; esto es la frontera agropecuaria, donde podrían estar formándose economías del agro que, aunque podría estar operando bajo la apariencia de actividades productivas, estarían profundamente ligadas a la ilegalidad y la depredación ambiental.
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Gonzalo Colque es economista e investigador de la Fundación TIERRA.
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