En Bolivia se han vuelto frecuentes las decisiones judiciales que, aunque impecables en su forma jurídica, resultan incompatibles con la realidad económica y social del país. Surge entonces una pregunta inevitable, ¿qué pasa cuando las leyes ya no responden a la realidad?
Las normas nacen para garantizar la convivencia y el ejercicio de los derechos, pero cuando la realidad avanza más rápido que el legislador y que la propia administración de justicia, la norma deja de reflejar las condiciones materiales de la sociedad. De esta manera, su aplicación rígida no solo se vuelve injusta, sino también contraproducente y el resultado es previsible, resoluciones judiciales que chocan con lo posible, sentencias que prometen derechos inejecutables y medidas que, en vez de reparar un daño, terminan generando uno mayor.
La economía, en este sentido, se convierte en un límite fáctico de los derechos. La crisis económica actual ha evidenciado este vacío estructural, pues muchas instituciones operan con presupuestos reducidos, recursos estancados o ingresos insuficientes; y en ese contexto, cuando un juez ordena el cumplimiento inmediato de una obligación que la entidad no puede asumir sin arriesgar su quiebra, el mandato deja de ser un acto de justicia para convertirse en algo irrisorio.
Pero no se trata, por supuesto, de negar derechos, sino de comprender que los derechos requieren condiciones materiales para ser efectivos. Las órdenes judiciales que ignoran el estado real de la economía no protegen a nadie, empujan a las instituciones al borde del colapso y, con ellas, a las mismas personas a quienes dicen defender.
Aquí emerge la contradicción central, una justicia desconectada puede terminar destruyendo las propias condiciones de posibilidad del sistema. Por lo que la autoridad judicial que impone medidas inviables no está resolviendo un conflicto, sino desplazándolo hacia un escenario en el que su ejecución es imposible.
En ese desajuste, la justicia se vuelve simbólica y ritualista, cuando lo que realmente necesita es anclarse en la realidad. La distancia entre la justicia y el contexto no es solo un problema técnico, es, ante todo, un problema democrático porque un poder judicial que falla sin considerar las circunstancias pierde legitimidad, genera inseguridad jurídica y refuerza la percepción de que las decisiones se toman desde burbujas institucionales desconectadas de la realidad.
En consecuencia, es urgente replantear la forma en que se juzgan los casos con impacto económico o estructural. No es admisible que la justicia actúe como si el presupuesto fuera infinito, como si el país no tuviera límites, como si el rol del juez consistiera únicamente en ordenar sin medir consecuencias.
En suma, mientras la justicia continúe alejada de la realidad económica y social, seguirá produciendo fallos correctos en la forma, pero errados en el fondo. Y en esa desconexión, quienes terminan perdiendo no son solo las instituciones, sino las personas cuya vida depende de un sistema judicial que debería protegerlas, no hundirlas.
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Luciana B. Miranda Serrano es investigadora y estudiante de Derecho.
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