Yolanda Herrera. Foto composición Sumando Voces
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos Regional Tarija denunció la persistencia de tratos inhumanos, degradantes y humillantes contra mujeres privadas de libertad en el penal de Morros Blancos, además de posibles represalias contra quienes se animaron a denunciar estos abusos.
La representante departamental de Derechos Humanos, Yolanda Herrera, informó que la institución recibió una denuncia “bastante delicada”, en la que se señala que efectivos policiales obligan a las internas a someterse a revisiones que vulneran su dignidad.
«Han señalado que están haciendo requisas con tratos realmente humillantes (…) Las privadas de libertad no pueden ser obligadas a situaciones que degradan su dignidad, como el bajarse los pantalones y una serie de situaciones que no se realizan en el marco de un protocolo o una forma de actuación», dijo Herrera en una entrevista con Plus TLT.
Ley N° 2298 de Ejecución Penal y Supervisión (de 2001), en su artículo 5, hace referencia al respecto a la dignidad: En los establecimientos penitenciarios prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos. Queda prohibido todo trato cruel, inhumano o degradante. Además, señala que, quien ordene, realice o tolere tales conductas será pasible de las sanciones previstas en el Código Penal.
El artículo 70 habla sobre los deberes especiales: El personal de seguridad interior de los establecimientos penitenciarios tiene el deber de requisar y revisar cuidadosamente a los internos y a las visitas conforme al reglamento.
Herrera explicó que esta información fue recogida durante una visita realizada recientemente al recinto penitenciario, donde las mujeres afectadas manifestaron su preocupación por los tratos recibidos.
La representante de Derechos Humanos alertó que las internas que realizaron la denuncia ahora estarían siendo sometidas a «revisiones disciplinarias», lo que, a criterio de la APDH, podría constituir una represalia por haber hecho públicas las irregularidades. En ese sentido, expresó su preocupación ante el intento de sancionar a quienes denunciaron «el comportamiento de algunos efectivos policiales» en el pabellón de mujeres.
Frente a la falta de respuestas a nivel local, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos remitió notas a autoridades nacionales para que intervengan en el caso. Asimismo, anunció que acompañará el proceso disciplinario iniciado contra una de las denunciantes para verificar su legalidad y, de confirmarse irregularidades, presentar las denuncias correspondientes en instancias departamentales y nacionales.
Finalmente, Herrera reiteró que este caso evidencia que los tratos inhumanos y degradantes persisten en los centros penitenciarios del país, particularmente en el penal de Morros Blancos, por lo que demandó acciones urgentes para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
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