Roger Cortez Hurtado
La nueva ronda de ataques entre la fracción opositora y la progobiernista del MAS ha pegado un brinco con la aplicación de las medidas de disciplinamiento judicial aplicadas por el grupo de Arce Catacora contra su exmentor, Juan Evo Morales Ayma.
Mientras el fuego ha consumido cerca de 8 millones de hectáreas de bosques y pastizales, según fuente oficial, y por encima de 10 millones según la Fundación Tierra, las muy tardías respuestas oficiales no aplacan su furia. En medio del ígneo escenario, la tregua (¿o repliegue?) de Morales Ayma, después de despedirse y dejar alelados a quienes lo siguieron en su marcha última, afirmando que debía ir a cuidar sus lagunas de peces, “porque de alguna manera hay que ganarse la vida”, no sosiega a sus rivales, que han optado más bien por una pesada contraofensiva.
Para ello han rescatado una antigua acusación judicial en contra de Morales, por abuso sexual contra menores, inicialmente tipificada como trata y tráfico, utilizando al máximo el poder de fuego que le confiere al gobierno su alianza con gran parte de las aitoprorrogadas cabezas del Órgano Judicial. Aplica así, al tope, las enseñanzas del gobierno de Morales, que usaba a jueces y fiscales como policía política para aplastar y atosigar a opositores y disidentes. Ese recetario se vuelca contra su creador, aplicándole una de las más infamantes tachas y etiquetas criminales, del mismo modo que la creación de un monstruoso TCP, también concebido por Morales y sus cortesanos, se esmera en cerrarle el camino a su candidatura. ¡Que lejano parece el año 2017, cuando el TCP, cometiendo un delito de lesa Constitución y quebrantador del orden constitucional, gestó y alumbró el derecho humano de reelección perpetua para Evo.
Inclusive antes de esa época, cuando Morales Ayma anunciaba que su plan de retiro de la política culminaría en el Chapare y la compañía de “una quinceañera”, causaba gracia y era celebrado, con risas y guiños por cuadros de conducción, incluyendo al calculador exvicepresidente García. La broma de antaño y los hechos sobre los que se construyó, se alzan ahora como fatídica amenaza que no se borrará fácilmente, aunque el grupo de Puebla alce su prematura voz de aliento, antes de que siquiera se inicie una investigación que merezca ese nombre.
Que el documento de ese consorcio político, frecuentemente aludido como vanguardia ideológica continental de izquierda, razone que unas encuestas electorales servirían para una casi exculpación de Morales Ayma, antes de que se haya iniciado una investigación, muestra claramente un grado notable de confusión ética y política.
Si la fracción de Morales está acertada en sus apreciaciones, respecto a que el exministro Lima ha renunciado del despacho de Justicia para dedicarse a tiempo completo a la cacería del actual jefe único del MAS, cobra firmeza la posibilidad de que esta sigla resulte tan dañada que su personería jurídica termine por extinguirse, como un mecanismo adicional de impedir una nueva candidatura al caudillo.
En este nuevo momento de enfrentamiento interno, todas las figuras, incluyendo las de posible recambio y “sorpresa” electoral, quedan automáticamente interpeladas y presionadas para definirse. El silencio o la ambigüedad se volverán en contra de quien sea que anteponga sus lealtades, intereses y actos de especulación política a una definición nítida.
Este cuadro de miserias humanas, tan característico de las prácticas políticas prevalecientes, con todo lo grotesco que lo tipifica, no alcanza para ocultar la profunda desolación que se ha enseñoreado del territorio nacional como resultado de las llamaradas que consumen nuestros bosques.
El ecocidio apocalíptico que daña seriamente nuestro presente y futuro económico está marcado por una brutalidad inconcebible, engendrada por la codicia propia del tráfico ilegal de tierras y un enloquecido plan político de neocolonizar las tierras bajas para forzar cambios de fuerzas empezando en la escala local.
Se extermina la vida, asesinando millones de animales y especies vegetales, lo que compromete nuestras reservas de agua dulce y cuencas, en beneficio de los más mezquinos y perversos intereses económicos y políticos. La grosera pelea oficialista y el retumbante silencio de casi todos los políticos profesionales sobre esta tragedia, exhala la inconfundible fetidez de la complicidad.
La peor cara de este asunto, es la que asoma como en forma de resignación o impotencia colectiva que ensanchan el espacio para la impunidad.
Si no nos movilizamos, haciendo esfuerzos individuales y de grupo, exigiendo una tregua ambiental real, no fingida, que conduzca al cese de los fuegos y la reversión completa de nuestras tierras y territorios (son nuestras, no del Estado que es solo un administrador delegado) que hubiesen sido otorgados fraudulentamente, la responsabilidad y sus consecuencias caerán sobre nosotros.
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Roger Cortez es investigador social y docente.
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