Foto referencial del salar, donde se encuentra la reserva de litio.
La Defensoría del Pueblo solicitó medidas cautelares ambientales ante el Juzgado Agroambiental del Distrito de La Paz para frenar el tratamiento de los contratos del litio en la Asamblea Legislativa y garantizar al consulta previa, informó la entidad mediante un comunicado.
La medida busca “suspender el tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de los proyectos de ley vinculados a dichos contratos hasta contar con estudios de impacto ambiental y disponibilidad hídrica”, “Garantizar procesos efectivos de consulta previa antes de su aprobación”, “Establecer normas que exijan evaluaciones estratégicas ambientales antes de cualquier contrato sobre recursos naturales estratégicos”, y Exigir que los informes técnicos que respalden estos contratos sean validados por instancias especializadas y representativas”.
El 3 de julio pasado, el oficialismo intentó aprobar en la Cámara de Diputados el contrato con la empresa china Hong Kong CBC, sin embargo, tuvo que suspender la sesión porque los opositores y los cívicos de la región recurrieron a todo tipo de estrategias para inviabilizar la votación.
Unos días después intentó hacer aprobar el contrato con la rusa Uranium One Group en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, sin embargo, la sesión también tuvo que ser suspendida por incidentes.
La medida activada en la vía precautoria por el defensor Pedro Callisaya está dirigida contra autoridades de la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo de Yacimientos de Litio Boliviano (YLB).
“Entre los argumentos técnicos y jurídicos que respaldan la solicitud de medidas cautelares ambientales, se destacan: la esencia vital y multidimensional del agua para la vida; el enfoque ecológico ambiental y el reconocimiento del derecho del agua de la Madre Tierra; la necesidad de una gestión ambiental responsable que incluya una evaluación de impacto ambiental estratégica; y el respeto del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, conforme al marco constitucional y normativas internacionales vigentes”, señala el comunicado.
El 5 de junio pasado, un juez de Colcha K denegó una acción popular presentada por los comunarios de Nor Lípez, quienes buscaban proteger sus derechos colectivos frente a los contratos para la industrialización del litio en el Salar de Uyuni. La acción cuestionaba la falta de consulta previa y los posibles impactos ambientales y sociales derivados de los acuerdos firmados con las empresas Uranium One Group (Rusia) y el consorcio Hong Kong CBC (China) con la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).
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