Sumando Voces/ Foto: Defensoría del Pueblo
Cuando está a punto de cumplirse un año del apresamiento del dirigente cocalero César Apaza, la Defensoría del Pueblo ha expresado que su caso muestra el uso excesivo de la detención preventiva y ha ratificado su petición de revisar esa medida cautelar.
“Al igual que las demás personas privadas de libertad, la Defensoría del Pueblo seguirá realizando la atención y seguimiento de los derechos del Sr. Apaza, velará porque continúe con la atención en su salud tanto física y mental, y se respete el debido proceso, dado que su caso también refleja un problema estructural de la justicia boliviana como es el uso excesivo de la detención preventiva”, indica el pronunciamiento.
Apaza permanece detenido en la cárcel de San Pedro de La Paz, pese a haber sufrido una embolia que dejó una parte de su cuerpo inmovilizada. El 22 de septiembre se cumple un año de su detención, ocasión en la que fue brutalmente golpeado por efectivos policiales, al punto de dejarlo herido, sin que pudiera recuperarse completamente.
Un reciente informe del Mecanismo contra la Tortura, que depende de la Defensoría del Pueblo, estableció que el número de detenidos preventivos ha subido de 13.135 a 16.430 en solo nueve meses (de marzo a diciembre de 2022), con un total de 3.295 nuevos detenidos preventivos.
A diciembre del año pasado el total de la población carcelaria llegaba a 24.824, lo que quiere decir que el 66% de los presos son detenidos preventivos, es decir, no se sabe si son culpables o inocentes.
Ese es el caso de Apaza, cuyo caso no ha tenido avances significativos y se mantiene en etapa de investigación. El Gobierno lo acusa por la quema del mercado ilegal de coca de Villa El Carmen, ocurrida hace exactamente un año, sin embargo, Apaza, su abogada y su familia aseguran que él no tuvo nada que ver con la violencia desatada en aquel lugar.
En todo caso, el Gobierno ha reconocido este año que el citado mercado era ilegal, por tanto, activistas y líderes de opinión piden la liberación de Apaza, toda vez que, desde su posición de dirigente del Comité de Autodefensa de Adepcoca, estaba defendiendo la legalidad del mercado de Villa Fátima y luchando contra la ilegalidad del mercado paralelo de Villa El Carmen.
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