Visita de la Defensoría del Pueblo a Tariquía. Foto: Defensoría del Pueblo
Luego del ingreso policial registrado en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, la Defensoría del Pueblo llegó hasta el municipio de Entre Ríos para verificar en el lugar la situación de las y los comunarios que mantienen una vigilia en defensa del área protegida.
La visita se realizó en un contexto de tensión, marcado por la presencia policial en la zona y por el inicio de nuevos procesos penales contra personas que participan en la vigilia instalada por el Comité de Defensa de Tariquía desde el 8 de diciembre de 2025.
Según informó la delegada defensorial de Tarija, Cecilia Bolívar, el objetivo de la intervención fue recabar información directa sobre los hechos, evaluar cómo se desarrolló el operativo policial y constatar el estado físico de las personas que permanecen en el punto de vigilia.
Durante las entrevistas realizadas en el lugar, se constató la participación de mujeres y personas adultas mayores, todas de origen campesino. Además, la Defensoría tomó conocimiento de que al menos 17 comunarios fueron notificados con un nuevo proceso penal, en el que se los investiga por presuntos delitos como asociación delictuosa, entre otros.
De acuerdo con la información recogida, el operativo policial habría contado con alrededor de 40 efectivos, además de personal de la empresa Petrobras, quienes ingresaron al punto de vigilia ubicado en la Quebrada Las Vacas en cumplimiento de una orden del Ministerio Público, superando el punto de resguardo establecido por las comunidades.
Los comunarios reiteraron su pedido para que autoridades del Órgano Ejecutivo se trasladen hasta el territorio y conozcan de primera mano la situación que atraviesan tanto el área protegida como las comunidades que habitan en ella.
La Defensoría del Pueblo anunció que mantendrá seguimiento a la situación jurídica de las personas defensoras ambientales, entre ellas Nelly Coca, Andrés Miranda y otras, quienes enfrentan procesos penales por presuntos delitos como impedir o estorbar el ejercicio de funciones, atentados contra la libertad de trabajo y asociación delictuosa.
Desde la institución se recordó, además, que el Estado boliviano tiene compromisos internacionales asumidos en el marco del Acuerdo de Escazú, que establecen la obligación de proteger a las personas defensoras del medio ambiente y garantizar la participación y consulta en asuntos ambientales.
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