El Defensor del Pueblo entregó su informe a las víctimas, pero también al nuevo ministro de Justicia, Freddy Vidovic Falch. Foto. DF
La Defensoría del Pueblo recomienda a la Fiscalía General del Estado iniciar las acciones para dar pie a un juicio de responsabilidades por los hechos de Sacaba y Senkata, según un informe sobre el cumplimiento del Estado a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos de la CIDH, conformado para investigar los hechos de 2019.
«Iniciar de manera inmediata las acciones necesarias para la presentación formal de la proposición acusatoria dentro del juicio de responsabilidades por los hechos ocurridos en Senkata y Sacaba, ante la Asamblea Legislativa Plurinacional conforme a la Ley N° 044, debiendo garantizar el debido proceso durante la transición de jurisdicciones, evitando violaciones al principio non bis in idem o dilaciones que afecten el derecho a defensa», señala una de las recomendaciones del informe, que fue presentado este miércoles por el defensor Pedro Callisaya.
Hay que recordar que los principales acusados por esos hechos, entre ellos la expresidenta Jeanine Añez, salieron en libertad luego de sus procesos, que se realizaban en la vía ordinaria fueron anulados. Ahora, la Defensoría pide iniciar acciones para interponer un juicio de responsabilidades.
Asimismo, pide a la Fiscalía «instruir el inicio de procesos disciplinarios contra los fiscales miembros de la comisión asignada a la investigación de los hechos ocurridos en Senkata y Sacaba, por presunto incumplimiento de sus deberes funcionales al no haber ejercido de manera efectiva la dirección funcional de la investigación».
La Defensoría del Pueblo advirtió que el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI es, en general, parcial, y alertó sobre retrocesos graves en materia de justicia y reparación integral para las víctimas de la crisis política y social de 2019. En su más reciente evaluación, “Informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del GIEI-Bolivia”, la institución subrayó que las medidas implementadas por el Estado siguen siendo insuficientes, fragmentadas y sin una estrategia integral.
El informe defensorial identifica serias deficiencias en las políticas de reparación, que deberían garantizar atención médica, apoyo psicológico, acceso a vivienda, educación y empleo para las víctimas. La Defensoría sostiene que los decretos emitidos por el Gobierno en los últimos años —como los Decretos Supremos 4100, 4176, 4729 y 4639— constituyen ayudas humanitarias, pero no sustituyen una verdadera política de reparación integral, como establece el mandato del GIEI.
Entre las observaciones más críticas figura la ausencia de una estrategia nacional coordinada para la ejecución de la Política Plurinacional de Reparación Integral. Según el informe, las acciones del Estado se mantienen dispersas entre distintas entidades, sin mecanismos de seguimiento ni participación efectiva de las víctimas. Además, los programas de vivienda y reinserción laboral carecen de un enfoque diferenciado, lo que impide atender las particularidades de quienes sufrieron violaciones graves a los derechos humanos.
La Defensoría también alertó sobre irregularidades en el Registro de Víctimas por Violencia Política, cuya base de datos mostró incongruencias entre los reportes de 2024 (727 víctimas) y 2025 (666 víctimas). A ello se suma la disposición que exige la autorización de las víctimas directas para registrar a las víctimas indirectas, un requisito que, según la Defensoría del Pueblo, limita el acceso a la reparación y vulnera el principio de inclusión.
En el ámbito judicial, el informe presenta un diagnóstico preocupante: el riesgo de impunidad estructural. De los 88 procesos penales abiertos por los hechos de 2019, 36 corresponden a delitos contra la vida y la integridad. Sin embargo, 17 fueron rechazados y otros sufrieron nulidad de obrados, entre ellos los casos emblemáticos de Senkata y Sacaba, lo que representa un retroceso grave en la búsqueda de justicia y verdad.
La Defensoría atribuye estas fallas a omisiones institucionales del Ministerio Público, el Órgano Judicial, la Procuraduría General del Estado, el Sepdavi (Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima) y el Ministerio de Gobierno. Según el informe, estas entidades incurrieron en dilaciones, inacciones y deficiencias procesales que afectaron el derecho de las víctimas al debido proceso. En particular, la Defensoría del Pueblo criticó que las investigaciones continuaran en la vía ordinaria, pese a corresponder un juicio de responsabilidades conforme a la Ley N° 044.
El control judicial sobre las investigaciones también fue cuestionado. El Tribunal Supremo de Justicia, sostiene la Defensoría del Pueblo, eludió su obligación de ejercer control jurisdiccional efectivo, al afirmar que dicha función recae exclusivamente en el Ministerio Público. Esta interpretación, considerada restrictiva por la Defensoría, habría permitido la tramitación indebida de los procesos y contribuido a la impunidad.
En sus conclusiones, la institución advirtió que, a cinco años de los hechos luctuosos de 2019, el Estado boliviano no ha cumplido con su deber de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, lo que podría derivar en una responsabilidad internacional ante instancias de derechos humanos.
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