Foto: Portada del Estudio.
Ser mujer y defensora de derechos humanos en Bolivia implica enfrentar “grandes riesgos” que amenazan su integridad física, emocional y digital, afirma un nuevo estudio titulado «¡Entonces, nos empezaron a amenazar! Violencia contra mujeres defensoras de derechos en Bolivia. El documento revela que las defensoras operan en un entorno hostil marcado por una creciente ola de conservadurismo, el debilitamiento institucional y la criminalización de la protesta.
El informe, elaborado por Alianza por la Solidaridad/ActionAid, subraya que la falta de aplicación efectiva de la Ley 348, destinada a garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, contribuye a la impunidad de las agresiones.
«Las defensoras que denuncian la violencia de género, luchan por la protección de los territorios y los recursos naturales o promueven los derechos sexuales y reproductivos, son las más expuestas a ataques. Estos pueden venir tanto de actores estatales como de grupos privados y sectores fundamentalistas», dice el estudio. Y agrega que, en las zonas rurales, las mujeres indígenas enfrentan una doble vulnerabilidad: por ser mujeres y por su origen étnico, lo que dificulta aún más su acceso a la justicia y a la protección del Estado.
La Alianza por la Solidaridad/Action Aid convocó a 140 mujeres defensoras de derechos humanos, entre activistas, lideresas indígenas, policías, artistas, periodistas y promotoras comunitarias, y presentó el estudio en el Hotel Presidente.
El estudio identifica diversas formas de violencia y estrategias de reacción patriarcal:
•Hostigamiento y amenazas: Incluyen agresiones verbales y psicológicas, represalias, insultos sexistas como «rompe familias», «solterona», «mala madre», y amenazas directas. “Cuando hacemos alguna entrevista, siempre están los comentarios hacia nosotras (…) Que queremos el aborto porque somos unas putas y queremos embarazarnos todos los días y ya. Ese tipo de cosas nos ponen. Incluso me han mandado la típica foto diciendo que como soy una p…, seguro me gusta”, relata Gabriela Yañez.
•Daño a la reputación y discriminación: Son tildadas de «abandonadoras de su entorno», «odia hombres» o «destructoras de familias» para deslegitimar su imagen pública. La discriminación es sexista, racial y de clase, especialmente en liderazgos locales.
•Amenazas al entorno cercano: Se ejercen represalias contra sus familias, generando temor por la integridad de sus seres queridos.
“Esa amenaza dirigida a mí yo pienso que abarca ya a la familia, porque corre riesgo toda la familia. Pero a veces decimos: ojalá esté todo bien en mi familia, pero no por eso voy a renunciar a lo que estoy haciendo, porque ellos eso quieren, que una deje de hacer lo que está haciendo, pero si lo hacemos les daríamos el gusto y además nosotros no hacemos nada malo en realidad”, dice Gladys Bolívar.
•Acoso digital: Amenazas, difamaciones y ataques cibernéticos buscan silenciarlas y aislarlas de sus redes de apoyo, siendo el internet un espacio propicio para el asedio anónimo.
•Reacción institucional: Se manifiesta en la falta de reconocimiento a su trabajo, la escasa voluntad política para asignar presupuestos a la prevención y atención de la violencia sexista, y la deslegitimación de su rol por no tener una «credencial». Las autoridades priorizan proyectos de infraestructura sobre las demandas sociales de las mujeres.
«A veces vamos acompañando a una víctima y nos dicen, ¿qué son las promotoras comunitarias? ¿Quiénes son? ¿Por qué están aquí? Y tenemos que estar explicándoles todavía a las personas y a las autoridades, cuando todos ellos ya deberían conocernos, ¿no? Eso ha sido una limitante fuerte también al hacer nuestro trabajo”, agrega Gladys Bolívar.
•Criminalización de la protesta y judicialización: Se «fabrican» casos contra activistas usando leyes no relacionadas con los derechos de las mujeres, como daño al ornato público o difamación, buscando desarticular las protestas colectivas y asociar el feminismo con vandalismo. Dirigentes varones interponen demandas legales contra lideresas que exigen rendición de cuentas, causando un gran desgaste emocional y económico.
Bolivia presenta un contexto de profunda violencia de género. En 2021, el Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) registró más de 38.000 embarazos en niñas y adolescentes, en su mayoría por violencia sexual. La Fiscalía General del Estado reportó 84 feminicidios en 2024 y 45.396 casos de violencia familiar o doméstica entre el 1 de enero y el 24 de noviembre de 2024, además de miles de delitos de abuso sexual y violaciones, destaca el estudio.
El documento señala que, a esto se suma el creciente rechazo a la «ideología de género» promovido por figuras políticas y religiosas conservadoras, quienes manipulan los «valores familiares» tradicionales para promover el acoso y la persecución de las defensoras y debilitar el avance de los derechos de las mujeres.
A pesar de estos desafíos, las defensoras desarrollan estrategias clave de resistencia y empoderamiento:
•Acciones de denuncia: Recurren al «escrache» o «funa» para denunciar públicamente a los agresores y visibilizar la injusticia de género, sirviendo como una herramienta para equilibrar la carencia de poder ante un sistema judicial en el que no confían.
•Autocuidado: Protegen sus datos personales, modifican sus rutinas, registran fotográficamente sus actividades en protestas y buscan formación en seguridad digital y normativas de protección. También buscan apoyo en entornos familiares, amistosos y en instituciones feministas con asesoramiento legal.
•Cuidado colectivo: Forman grupos o colectivos de pares para compartir espacios de contención, autoconciencia, cuidado emocional y ayuda mutua. Utilizan herramientas como WhatsApp para coordinación urgente y forman redes de apoyo en sus organizaciones de base, como los clubes de madres. La sororidad es un principio fundamental.
El estudio advierte sobre la invisibilización de las amenazas y riesgos específicos que enfrentan las defensoras en Bolivia, y añade que los medios de comunicación, por ejemplo, suelen criminalizar sus acciones: «En los medios de comunicación su labor y los riesgos que enfrentan son temas invisibilizados, y suele estar más presente la criminalización de sus acciones de protesta, en las que se las acusa de vandalismo en lugar de sensibilizar y apoyar sus reivindicaciones».
Entre las recomendaciones urgentes, el estudio propone fortalecer la conciencia colectiva sobre la defensa de los derechos específicos de las mujeres en un contexto de violencia estructural; crear redes de apoyo accesibles que ofrezcan un sistema de seguridad alternativo a la justicia formal; capacitar a las defensoras en aspectos legales y mecanismos de defensa; recoger testimonios para denunciar cómo el patriarcado afecta la defensa de los derechos de las mujeres.
También, crear escenarios de escucha seguros para compartir historias de vulnerabilidad; mejorar la visibilidad de su labor y riesgos en los medios de comunicación, promoviendo una cobertura que apoye sus reivindicaciones; fomentar el autocuidado entre las defensoras; y un desafío pendiente, dice el Estudio, es institucionalizar el cuidado colectivo y abordar la naturaleza no remunerada y voluntaria de su trabajo, que a menudo se percibe como una «tarea gratuita» vinculada al rol de «cuidadoras del bien común».
Aquí puede leer el estudio:
Estudio-Violencia-contra-mujeres-defensoras-Final-logos_compressed-1También le puede interesar:
