“Nosotros de nuestra producción tenemos que sacar para defendernos y siempre nos están notificando para que salgamos (a Tarija o a Entre Ríos) y nos sentimos muy amedrentados”. Ese es el testimonio de Elizabeth Estrada, dirigente de la comunidad de Chiquiacá Norte, que forma parte de los 29 comunarios que están siendo enjuiciados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a los que se les acusa de haber obstruido el trabajo de los funcionarios petroleros.
Estrada estuvo el jueves, mediante una conexión virtual, en el programa Sumando Voces en Directo, del que también participó el coordinador de incidencia en Derechos Humanos, del Centro de Documentación e Investigación Bolivia (CEDIB), Miguel Miranda.
Estrada pidió que YPFB deje de procesar penalmente a los comunarios, en coincidencia con diversos actores que estuvieron presentes en la audiencia que se celebró el viernes 8 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre ellos un representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH y el Defensor del Pueblo de Bolivia, quienes argumentaron que los comunarios procesados son considerados defensores ambientales, de acuerdo a normativa internacional.
“Sí, nosotros eso queremos, que nos suspendan este juicio para ya no estar gastando de nuestro bolsillo, a veces dejamos todo aquí en la casa, tenemos que salir”, dijo Estrada, quien agradeció a la CIDH por haber escuchado a los comunarios acusados, por lo que pidió que “tomen cartas en el asunto para que nos ayuden a levantar estos procesos que tenemos”.
Estrada indicó que tanto ella como los otros comunarios no tienen recursos económicos para hacer constantes viajes a las audiencias para defenderse de las acusaciones de YPFB, pero además señaló que tienen miedo de ir presos.
“Nosotros nos han procesado porque estábamos defendiendo nuestras aguas, nuestros bosques”, dijo.
Los comunarios llevan adelante diversas acciones para impedir el ingreso de las petroleras a la zona, como marchas y vigilias, por lo que YPFB inició la demanda penal por obstrucción al trabajo.
Los comunarios de la zona viven de la siembra del maíz, papa, maní, de la naranja y otros frutales, además de la cría de chanchos y ganado, por lo que, según dijo Estrada, temen que el agua sea contaminada y que no puedan seguir viviendo de su producción.
YPFB ha proyectado cuatro áreas de exploración y explotación petrolera en la reserva de Tariquía o en sus alrededores: Churumas, Astillero, San Telmo Norte, San Telmo Sur. El área que ahora se encuentra en conflicto es San Telmo Norte, para lo que YPFB se ha asociado con Petrobras.
Según Miguel Miranda, el territorio potencialmente afectado suma más de 240 mil hectáreas, es decir, 52% del total.
“Lo más grave no es eso, sino que ya en la zona de Churumas, que es la zona núcleo donde los técnicos han creado la reserva en 1989 (…), ahora ya han reactivado un viejo pozo que había, el X2, y ahora están proyectando un tendido de un gasoducto para sacar gas de Churumas hasta San Alberto”, señaló.
La consulta
Estrada señaló que los comunarios de Chiquiacá, que se oponen al ingreso de YPFB y Petrobras para poner en marcha los proyectos petroleros, no fueron consultados, aunque sí hubo una consulta pública a la comunidad de Saicán. YPFB explicó que no hizo consulta previa porque en la zona no hay territorios indígenas y que por tanto solo correspondía hacer una consulta pública para conocer sugerencias, lo que implica que no se trata de un proceso vinculante.
Estrada también comentó que en el afán de conseguir la aprobación para los proyectos, las petroleras dividieron a las comunidades e incluso a las familias, para lo que hacen entrega de regalos a determinados lugares, como útiles escolares para la escuela.
Durante la audiencia de la CIDH, la representante de YPFB se refirió a los comunarios de Tariquía y Chiquiacá como “grupo de autodenominados ambientalistas”, lo que según Miguel Miranda es una forma de ataque a los defensores ambientales, cuya labor está reconocida en convenios internacionales.
“Yo sentí vergüenza ajena porque estaban ahí personalidades del mundo de los derechos humanos a nivel internacional escuchando a la señora y lamentablemente expresa esa descalificación”, señala.
Recordó que el Acuerdo de Escazú obliga a crear un espacio propicio para los defensores de los derechos ambientales, pero en el caso de Tariquía, el Estado en vez de proteger es el que impulsa la criminalización.
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