Mujeres indígenas defensoras del medio ambiente y derechos humanos. Foto: Yenny Escalante / Sumando Voces
En la comunidad Cala Cala, del municipio de Uyuni en el departamento de Potosí, un lideresa y defensora ambiental lazó una alerta: la actividad de la cooperativa minera Mollepata en la cabecera de cuenca pone en riesgo las nacientes de agua que abastecen a más de 150 familias y a por lo menos otras 15 comunidades río abajo, hasta desembocar en el Lago Poopó.
Olivia Portillo, comunaria y lideresa innata de Cala Cala, explicó a Sumando Voces que el conflicto se remonta a 2006, cuando surgieron los primeros intentos de explotación en la zona. Sin embargo, la preocupación se agudizó tras la obtención de la licencia ambiental por parte de la cooperativa en octubre de 2024 y el inicio formal de operaciones en mayo de 2025.
“La cabecera de cuenca es rica en aguas subterráneas. Son los nacientes de toda nuestra agua, la que fluye y llega a la comunidad”, afirmó Portillo. Cala Cala basa su economía en la piscicultura —principalmente la crianza de truchas—, la ganadería de llamas y ovejas, y la agricultura. En el valle producen hortalizas e incluso uva.
Según la dirigente, el área intervenida era un territorio virgen, sin caminos ni infraestructura. “Era nido de vicuñas y de cóndores. Se podían ver 50 o 60 cóndores volando”, relató. Con el ingreso de maquinaria pesada y el uso de explosivos, asegura que las vicuñas migraron y el ecosistema comenzó a alterarse.
La principal preocupación de los locatarios es la posible contaminación del agua. De acuerdo con la información recabada por la comunidad, en la zona se explotan minerales como plomo y estaño. La actividad se desarrolla en una formación natural donde todas las aguas escurren hacia un solo punto y luego descienden río abajo.
“Todos los desechos están aguas arriba”, advirtió Portillo, al cuestionar que se permita este tipo de operaciones en un sector que concentra nacientes. Aunque la comunidad se encuentra a 17 kilómetros del área de explotación, temen que el impacto sea progresivo y afecte no solo a Cala Cala, sino a otras poblaciones que dependen del mismo sistema hídrico.
Olivia Portillo participó en un taller de capacitación, organizado por SEMTA, para fortalecer sus conocimientos sobre herramientas legales y mecanismos de protección, en el marco del proyecto «Mujeres por Escazú en Bolivia: defensoras indígenas y rurales por la igualdad de género y la justicia ambiental».
Portillo aseguró que las aguas del sector son de alta pureza y que la población, por ahora, no registra enfermedades frecuentes asociadas al consumo, y que incluso pueden tomar el agua sin hacerla hervir y nadie se enferma. La líder indica que entre sus vecinos hay gente de 90 y hasta más de 100 años, y atribuyen aquello a la buena salud que les da los productos que siembran y cosechan y a la pureza del agua. No obstante, ahora temen que esas aguas se contaminen.
La representante señaló que la cooperativa cuenta con licencia ambiental y condición de “preconstituida”, lo que —según indicó— dificulta exigir procesos como la consulta previa a la comunidad. En una reunión realizada el 6 de junio de 2025, con presencia de autoridades ambientales y fiscales, los comunarios fueron informados de que la actividad se encuentra en regla. Asimismo, cuestionó que el Alcalde de Uyuni argumentara que el tema ambiental no es de su competencia. Desde la Gobernación, añadió, se enviaron técnicos, pero no se asumieron medidas concretas.
El pedido de Cala Cala es que se paralicen las operaciones en la cabecera de cuenca y que se revisen los criterios de otorgación de áreas mineras en sectores con alta importancia hídrica. “No pueden dar concesiones en ojos de agua… Sin agua no vivimos”, enfatizó Portillo.
Mientras buscan articularse con otras comunidades afectadas, los locatarios advierten que el daño podría ser irreversible si no se adoptan medidas preventivas.
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