El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), bajo la presidencia del recientemente electo Romer Saucedo, ha lanzado un golpe de aire fresco al pedir a los jueces que revisen si la detención preventiva, contra la expresidenta Constitucional Jeanine Añez; el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; y el líder cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, es justificada. Tres aspectos merecen destacarse: la oportunidad de la decisión que marca la voluntad de tomar decisiones sin la injerencia gubernamental a la que nos tienen acostumbrados los gobiernos, especialmente durante las dos últimas décadas. El segundo aspecto es la estocada al relato del “golpe de estado” con la que se llenaron la boca los masistas y sus aliados. Me produce un especial placer imaginar las caras de Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, Alberto Fernandez, Cristina Kirchner, Jose Rodríguez Zapatero y otros viajeros itinerantes que acumularon millas para descalificar las evidencias del fraude y tapar la fuga de Evo Morales, siempre en compañía de alguna jovencita. En tercer lugar, se ha visibilizado uno de los problemas estructurales más agudos como es el abuso de la detención preventiva -75% de los reclusos tienen esa condición- que debe encararse como parte de una reforma judicial profunda. La reforma ya son palabras mayores y tendrá a los políticos obligados a hacer varias cosas a la vez: enfrentar la crisis económica, la corrupción y la decadencia de la justicia.
Uno de los símbolos más impactantes del malestar de la justicia es el de Lidia Patty Mullisaca, ejemplo del sicariato judicial y quien hasta hace pocos días siguió dando la cara para obstaculizar la libertad de los tres presos políticos más prominentes. Pareciera que la han dejado sola o por lo menos ya no se dejan ver con ella; me refiero al último candidato del MAS que mientras era ministro de gobierno la apoyó y protegió, me refiero a Iván Lima, ex ministro de Justicia y beato conocido, que no ocultó su complicidad con este y otros abusos. Pienso en Evo Morales, quien de acuerdo con la misma Patty, le pidió abandonar la causa. Él “quería retirar, yo mediante prensa voy a retirar así en su nombre, voy a retirar, decía. Después analicé, no es el denunciante (Evo), yo (soy la que) voy a llevar esa carga”, y siguió adelante. Pienso también en el Presidente Luis Arce que la utilizó para pagar sus deudas con el innombrable mandándola de cónsul a Puno, lugar de donde ha sido expulsada por no obtener el exequatur, es decir, la autorización del gobierno de la inefable Dina Boluarte, que sospecha que ella se estaba dedicando a reclutar apoyo para Evo en el sur de este país. Hay que reconocer el trabajo de la diputada por Tarija, Luciana Campero, que ha develado la utilización política del Ministerio de Relaciones Exteriores para dar pegas a sus afines, tal como este caso lo muestra. Habrá muchos rompiendo papelitos y borrando celulares.
Si se mira la trayectoria de Patty se puede apreciar que ella, o muchas mujeres como ella, fueron quienes encarnaron el “proceso de cambio”. Nacida en Charazani, provincia Bautista Saavedra, a sus 56 años ha sido concejala, diputada por el MAS, cónsul y una figura conocida como el rostro de la judicialización de la política, a quien no se la vio dudando sobre su papel de acusadora, capaz de hacerlo sin fundamento y manteniendo una vida que para quienes solo ven la superficie es el mejor ejemplo de esfuerzo e inclusión . En un sentido amplio, Patty es una hija del 52, entró a la escuela, a la universidad y accedió a la política gracias a la lucha de mujeres que abogaron por la paridad y le permitieron ser suplente de Manuel Canelas, que se marchó del Parlamento para ser ministro de Comunicaciones en 2019. De esa manera, ella ocupó un lugar que la convirtió en una entenada más del MAS, que la sometió a la obediencia y le otorgó algunos privilegios que, sin embargo, a estas alturas no le permitirán impunidad. Ella debe rendir cuentas ante una nueva justicia y sobre todo debe revelar el entramado político que la apoyó compuesto como siempre por una mayoría de hombres de pelo en pecho. Ojalá que el nuevo gobierno no la convierta, a ella y a otras personas que se embarraron hasta el cuello, en chivo expiatorio de sus maldades.
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Sonia Montaño es socióloga jubilada y feminista por convicción.
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