Editorial Sumando Voces
Los cooperativistas mineros del oro hicieron una demostración de fuerza esta semana en la ciudad de La Paz, donde destrozaron instituciones, agredieron a algunas personas y privaron a la ciudadanía de su derecho a la libre circulación.
Se podría decir que mantuvieron a los paceños como rehenes, con la única finalidad de obtener permisos para explotar más oro, permanecer operando en las áreas protegidas y pagar ínfimos impuestos, pese a sus multimillonarias ventas.
Y, el término multimillonario no es una exageración porque el año pasado el sector exportó más de 3 mil millones de dólares en oro, superando, incluso, a los ingresos por la venta del gas, pero la diferencia es que casi todo ese dineral fue a parar a los bolsillos de estos empresarios mineros disfrazados de pobres cooperativistas, que sólo dejaron para el Estado la irrisoria suma de 63 millones de dólares.
Como es sabido, a ellos todo les parece insuficiente y por eso, de tanto en tanto, presentan nuevos pliegos petitorios y, bajo la presión de los dinamitazos, el gobierno de turno firma lo que ellos pidan.
Esta vez, su ambición es desmedida porque quieren tomar las áreas protegidas para explotar oro y seguir contaminando los ríos con mercurio, sustancia que ya se presenta en los cuerpos de los indígenas del norte del país por el consumo del pescado también contaminado.
Además, buscan consolidar el compromiso del gobierno de Luis Arce de que sólo pagarán 4,8% de impuestos por las ventas de oro, y no el 7% que en principio había pretendido imponer el Gobierno.
Pero, más allá de la presión violenta de los cooperativistas, lo cierto es que este sector es un aliado del MAS. Lo fue en el Gobierno de Evo Morales y sigue siendo en el Gobierno de Luis Arce, por eso, impunemente usan la violencia como método de lucha y no reciben ninguna sanción de parte de las instituciones del Estado.
Eso mismo se ha visto esta semana en La Paz, donde no hubo Policía, Fiscalía o Defensoría del Pueblo que hiciera valer los derechos ciudadanos. ¿Quién protege a quienes viven del ingreso diario en un país donde la economía informal es el sustento de miles de personas? ¿Quién protege a los transeúntes que deben llegar a pie a su trabajo o a los estudiantes que no pudieron asistir a su escuela?
Y, tal como hicieron con La Paz estos días, los cooperativistas quieren sitiar las áreas protegidas para seguir explotando oro y contaminando el medio ambiente.
Las reivindicaciones de los cooperativistas afectan a todos los bolivianos, pero principalmente a los pueblos indígenas y comunidades afectadas por las actividades extractivas de este sector.
Justamente, para hacer valer sus derechos, algunos pueblos indígenas plantearon acciones populares ante la justicia para paralizar la actividad minera contaminante, pero ahora los cooperativistas quieren dejar sin efecto también las resoluciones judiciales que protegen el medio ambiente y, por ende, a la población boliviana.
El Gobierno de Luis Arce tiene entre sus manos una decisión crucial: o cede a los caprichos de los cooperativistas y se convierte en su rehén hasta que termine su mandato, o hace valer los derechos de la mayoría de los bolivianos poniendo un freno definitivo a este sector poderoso y violento. Es fácil prever cuál será la respuesta de Luis Arce en este momento de debilidad política, pero también es previsible que las reacciones en contra de cualquier concesión a los mineros movilizados, se multipliquen.
