Jóvenes en las cárceles que fueron visitadas por la Defensoría del Pueblo. Foto: DP
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó el “Diagnóstico nacional de población juvenil privada de libertad”, donde reveló que, de 9.520 jóvenes detenidos, el 75% permanece con detención preventiva frente a un 24% con sentencia; además, informó que un 34% permanece detenido por más de dos años, tiempo que cuadruplica el límite establecido por ley.
“El diagnóstico establece que el 75% de jóvenes privados de libertad se encuentran con detención preventiva. Esto supera de sobre manera la cantidad de personas privadas de libertad con detención preventiva en otras edades. Este estudio incide entre 18 y 28 años de edad”, declaró Callisaya.
La autoridad defensorial denunció el uso desproporcionado de la detención preventiva, especialmente en ese grupo etario; aseguró que la situación de hacinamiento impide que los jóvenes accedan a servicios de salud y educación; tampoco se garantiza que se reinserten en la sociedad.
“Como son jóvenes, se aplica con especial particularidad la reinserción social. Por el uso mayor de la detención preventiva, los sistemas progresivos no se utilizan adecuadamente. Mucho menos hay salud y educación”, añadió Callisaya.
El documento analiza las condiciones de vida, situación jurídica, acceso a salud y educación, oportunidades laborales y posibilidades de reinserción social de los jóvenes privados de libertad. A diciembre de 2024, de los 9.520 jóvenes, 742 eran mujeres y 8.788 varones.
Los delegados defensoriales visitaron 17 centros penitenciarios en los nueve departamentos, tanto en áreas rurales, como urbanas. En esas visitas se realizaron 284 encuestas, 46 entrevistas semiestructuradas y verificaciones a la infraestructura penitenciaria; además de la revisión de información oficial del Estado.
Callisaya expresó su preocupación por los factores de reincidencia: el 14% de los jóvenes entrevistados (284) son reincidentes en prisión; el 10% pasó antes por centros de reinserción social para adolescentes en conflicto con la ley (14 a 17 años), y un 7% vivió en centros de acogimiento desde edades tempranas.
“Esta realidad muestra que muchos jóvenes llegaron al sistema penal adulto sin haber tenido acceso a oportunidades reales de inclusión. Refleja, además, las falencias del Estado en la atención y crianza de niñas y niños bajo su custodia”, sostuvo Callisaya.
Frente a este panorama, el diagnóstico de la Defensoría plantea siete recomendaciones dirigidas al Tribunal Supremo de Justicia, a los ministerios de Educación, Trabajo, Salud, al Servicio Nacional de Defensa Pública y para la Dirección General de Régimen Penitenciario.
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