El 14 de febrero de este 2024, el cuerpo inerte de Noelia yacía en un lote baldío en la ciudad de El Alto. Luego de ser vejada sexualmente, la adolescente de 17 años fue asesinada y abandonada. ¿Los autores? Dos adolescentes de la misma edad, que, por ser menores, gozan de un régimen especial. Así, uno de ellos, confesó el crimen y recibió sólo seis años de sanción en el centro de rehabilitación Qalauma de la urbe alteña.
Noelia, junto con sus padres y maestros, formó parte del grupo de brigadistas del Distrito 8 de El Alto, que fueron capacitados por esta organización. Ella era una defensora de derechos humanos, soñaba con ser militar, sin embargo, ese anhelo fue apagado por dos personas que consideraba “amigos”. Ante ello, la Organización de Naciones Unidas en Bolivia se pronunció para condenar el feminicidio y exhortó a las instituciones y a la población a luchar contra la violencia hacia las mujeres.
Los adolescentes están protegidos por el Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA) de Bolivia, por lo tanto, aunque comentan un feminicidio reciben una sanción penal atenuada. El artículo 268 de esa ley establece que «la responsabilidad penal de la o el adolescente será atenuada en cuatro quintas partes respecto del máximo penal correspondiente al delito establecido en la norma penal». Es decir, si son 30 años de cárcel para un adulto, para un adolescente la pena máxima son 6 años.
No obstante, no es igual un robo que un feminicidio, y el tratamiento no debería ser el mismo, o sea, no debería atenuarse en esa medida, así lo señaló la directora ejecutiva del Centro de Promoción de la Mujer «Gregoria Apaza», Carla Gutiérrez Guarachi.
“Hay que ver cómo se juzga el delito de un adolescente (…) No debería tratarse de manera similar un robo que un feminicidio, porque una persona que ya casi teniendo 18 años ha cometido un feminicidio y es capaz de hacer una perpetración de otro cuerpo a través de una agresión sexual, no es una persona que deba ser tratada con tantas consideraciones (…) Para nada es justo seis años porque realmente no se cumple ese tiempo, tienden a salir en cuatro o cinco años”, indicó la directora y agregó que este tema debe ser analizado y debatido, pues hay un “hueco” en el ámbito legal que debe solucionarse.
La organización Gregoria Apaza asumió el patrocinio del caso después de que el primer adolescente fue sancionado. Ahora coadyuvará en la investigación para averiguar el grado de complicidad o autoría del segundo adolescente, quien al momento está con detención domiciliaria.
Gutiérrez enfatizó que, para prevenir este tipo de violencia extrema, se debe trabajar más en temas de educación sexual, sin embargo, en los colegios, los maestros, en su mayoría, no están preparados para hablar de ello, para brindar alertas y establecer mecanismos de acción internos.
Gregoria Apaza es una organización no gubernamental, con 41 años de trabajo en la ciudad de El Alto. Una de sus líneas de trabajo es la orientación legal a víctimas de violencia y el apoyo a mujeres promotoras, activistas y voluntarias en asuntos de prevención de la violencia. También trabaja en procesos formativos de derechos sexuales y reproductivos, prevención y reconocimiento de casos de violencia. De igual manera, patrocinan casos, así como lo están haciendo con la familia de Noelia. Anualmente atienden entre 1.000 a 1.500 mujeres, entre adolescentes y adultas.
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